Cerrar panel

Cerrar panel

Cerrar panel

Cerrar panel

Análisis financiero: ¿Cómo se mide la calidad crediticia de un banco?

Para medir y entender la calidad crediticia de una entidad bancaria hay que tener en cuenta varias métricas conjuntamente. Un indicador, de forma aislada, no es suficiente para dar una idea completa del riesgo de crédito. Las tres métricas usadas habitualmente son el ratio de mora, la tasa de cobertura y el coste del riesgo. Estas métricas permiten analizar el volumen de morosidad en relación al tamaño de la cartera crediticia de una entidad, las provisiones acumuladas para hacer frente a futuras pérdidas por impago y el coste anual de generar ese colchón de provisiones.

BBVA-calidad-crediticia

Con la actual norma contable para dotar provisiones (NIIF9 o IFRS9, por sus siglas en inglés), implantada en 2018 y basada en pérdidas esperadas, tanto el fondo de provisión (y, por tanto, la tasa de cobertura) como el coste de riesgo incorporan elementos anticipatorios en función del grado de calidad de las carteras y del entorno macroeconómico. De igual forma, el ratio de morosidad incluye no sólo aquellos clientes en situación de impago real sino los que, aunque estén al corriente de pago, tengan alguna probabilidad de impago (por el sector donde operan, situación futura del cliente, etc…), anticipando por tanto potenciales deterioros. En todo caso, las tres métricas deben analizarse de forma conjunta para hacerse una mejor idea del perfil de riesgo y la calidad de las entidades, ya que de forma aislada pueden dar lugar a conclusiones erróneas. Las vemos en detalle.

Indicadores más habituales para medir la calidad crediticia:

¿Qué es el ratio de mora?

El ratio de mora es la relación entre el volumen de crédito dudoso y el total de crédito de una entidad, expresado en porcentaje.

Se consideran créditos dudosos (numerador del ratio) tanto los correspondientes a saldos impagados o morosos (durante más de 90 días) como aquellos saldos al corriente de pago pero con una elevada probabilidad de impago por distintas causas (como puede ser el caso de determinadas refinanciaciones o clientes que pertenecen a sectores especialmente vulnerables). Los bancos deben realizar un seguimiento continuo de sus carteras y contar con alertas anticipadas para poder clasificar como dudosos dichos créditos lo antes posible. Ésta sería la llamada mora subjetiva o créditos ‘unlikely to pay’. Cuanto más precisas sean las herramientas de detección temprana de las entidades, mejor preparadas estarán para soportar una crisis.

Como todo ratio, el ratio de mora depende de la evolución relativa del numerador (crédito dudoso) y el denominador (crédito total), por lo que puede ocurrir que, aún creciendo el crédito dudoso, si lo hace a menor ritmo que el crédito total, el ratio no aumente, y viceversa. Esto es lo que ha sucedido en 2020 y en esta primera parte de 2021 en España, por ejemplo, gracias al despliegue de un amplio conjunto de medidas de política económica encaminadas a mitigar el impacto de la crisis del COVID-19. En particular, las moratorias y los periodos de carencia han permitido que las entradas en mora hayan permanecido contenidas durante la pandemia; y ello pese a que los bancos están reclasificando de forma anticipada, como saldos dudosos, clientes al corriente de pago, debido a las aún elevadas incertidumbres sobre su comportamiento en los próximos trimestres.

Cuando las medidas de apoyo extraordinarias lleguen a su fin, dependiendo de los efectos acumulados tanto en hogares como en empresas, y de la fortaleza de la recuperación económica, la morosidad del sistema se resentirá en mayor o menor medida, y junto con la evolución del crédito total, determinará el ratio de mora.

¿Qué es la tasa de cobertura?

La tasa de cobertura es la relación entre el fondo de provisiones acumuladas en balance para hacer frente a potenciales pérdidas por deterioro del crédito y el volumen de crédito dudoso, expresado en porcentaje. Por tanto, este ratio permite identificar qué saldo de créditos dudosos está provisionado.

La forma de dotar las provisiones cambió con la entrada en vigor, el 1 de enero de 2018, de la nueva norma contable internacional NIIF 9 (IFRS 9, por sus siglas en inglés). La NIIF 9 tiene un enfoque prospectivo (‘forward looking’) y exige dotar provisiones de acuerdo con el concepto de pérdida esperada, incluyendo como variables del modelo tanto las perspectivas macroeconómicas como el conocimiento de las entidades acerca de su cartera crediticia y sus clientes, y su expectativa sobre el comportamiento futuro de su capacidad para hacer frente a los pagos. En cambio, la normativa anterior exigía provisionar en función de la pérdida incurrida, es decir, cuando el crédito ya estaba clasificado como dudoso (lo que sucedía cuando había tres cuotas impagadas, i.e. 90 días).

De esta forma, el fondo de provisiones acumuladas en balance (numerador) ha de tener en cuenta una expectativa de deterioro de la cartera. No obstante, la comparativa directa del ratio de cobertura total entre bancos es limitada, ya que habría que entrar en el detalle de la cobertura de los distintos tipos de cartera. De esta forma, aquellos bancos con más peso en carteras con colaterales (como por ejemplo hipotecas) pueden tener menor tasa de cobertura con respecto a bancos con carteras menos colateralizadas o con más peso en segmentos de empresas o en sectores más expuestos al COVID-19, sin que ello implique estar menos cubiertos ante deterioros futuros.

¿Qué es el coste del riesgo?

El coste del riesgo es la relación entre las provisiones dotadas por una entidad en un periodo de tiempo determinado (anualizadas) y el volumen medio de la cartera de crédito durante ese periodo, expresado normalmente en puntos básicos (100 puntos básicos equivalen a un punto porcentual). Ejemplo: si una entidad tiene una cartera media en un determinado año de 100 millones de euros y dota ese año, en la cuenta de pérdidas y ganancias, provisiones por importe de 4 millones de euros, su coste del riesgo será de 400 puntos básicos, es decir, ha provisionado un 4% de la cartera total.

El coste del riesgo es, al igual que la cobertura, un indicador de pérdidas esperadas, y mide el esfuerzo que una entidad realiza en un periodo de tiempo determinado para protegerse de las pérdidas futuras estimadas en su cartera de crédito.

La ciberseguridad es una tarea de usuarios y bancos

BBVA

La dotación de provisiones se realiza progresivamente según el perfil de riesgo del cliente en cada momento de su vida (los llamados ‘Stages’¹ en la NIIF 9). De esta forma, cuando dicho cliente entre efectivamente en mora (conocido como ‘stage 3’), bien por impago real o por probabilidad de impago (mora subjetiva), el coste de saneamientos adicional implicaría un esfuerzo muy inferior al que suponían las normas contables previas, donde el esfuerzo en provisiones se concentraba en el momento en el que el cliente ya tenía un deterioro mayor. En este sentido, en determinadas situaciones, como puede ser la crisis actual en la que se ha producido un deterioro muy significativo de las perspectivas macroeconómicas, el pico de coste de riesgo puede tener lugar con anterioridad al pico del ratio de mora.

Estos tres indicadores (ratio de mora, tasa de cobertura y coste del riesgo) deben analizarse conjuntamente, ya que si nos limitamos a uno de ellos no podemos ver la foto completa. Por ejemplo, una entidad con una tasa de mora alta en comparación con la media, pero que tiene un coste del riesgo bajo y un ratio de cobertura elevado, podría indicar que está en una situación saneada. Igualmente, un aumento de la tasa de mora podría no requerir un incremento paralelo del coste del riesgo si la entidad ya ha anticipado suficientes provisiones en su balance para hacer frente a este deterioro.

¹Los instrumentos financieros se clasifican en tres categorías, que dependen de la evolución de su riesgo de crédito desde el momento de su concesión: La primera categoría recoge las operaciones vigentes y sin alertas de deterioro (Stage 1; la mayoría están en esta clasificación durante toda su vida), la segunda comprende las operaciones vigentes pero para las que se ha identificado algún tipo de deterioro o alerta anticipada (Stage 2) y, la tercera, las operaciones dudosas, ya sea por impago o por mora subjetiva (Stage 3).