Claves de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea

El relevo se producirá el próximo 1 de julio. Ese día, Suecia, país al que correspondía ejercer la presidencia del Consejo de Europa durante el primer semestre de 2023, cederá el testigo a España. En virtud de esta rotación de turnos de seis meses, establecida ya en 1958 y consolidada tras la firma, en 2007, del Tratado de Lisboa, España presidirá la institución comunitaria hasta el 31 de diciembre de este año.

Se trata de un periodo crucial, el último semestre de actividad legislativa completa antes de que se celebren, en mayo de 2024, las elecciones de las que saldrán una nueva Comisión y un nuevo Parlamento Europeo. España presidirá el Consejo por quinta vez, tras recibir un primer turno entre enero y junio de 1989 y renovarlo en 1995, 2002 y 2010, con intervalos cada vez más largos debidos a la entrada en la Unión de nuevos miembros.

Aunque el documento definitivo con las prioridades estratégicas de la presidencia española no se hará público hasta que concluya el turno de Suecia y se haga balance de sus resultados, sí se han adelantado de manera oficiosa una serie de líneas maestras. Las principales, según el propio Consejo, tienen que ver con el fomento de la productividad europea, “la reforma del mercado de la energía y la reducción de los riesgos asociados a la volatilidad de las tarifas energéticas, la transición ecológica y la defensa del Estado de Derecho”. Es decir, un completo paquete cívico, económico y social.

En octubre, los 27 estados miembros se reunirán en Granada para discutir esta agenda con un punto crucial sobre la mesa: fortalecer la autonomía estratégica europea en un contexto de globalización, crisis y convulsiones geopolíticas. También han trascendido a estas alturas prioridades relacionadas con la educación, la salud mental y, muy especialmente, la regulación del mercado financiero.

Pasos cruciales hacia la unión bancaria

Ana Rubio González, economista e integrante del equipo de Regulación de BBVA, valora que dos de los avances más significativos en lo que a finanzas se refiere son los relacionados con “la unión bancaria y la unión del mercado de capitales europeo”. En el primero de esos proyectos, en opinión de Rubio, “son de esperar pasos adelante muy significativos durante la presidencia española.

Lo que sí está a punto de cerrarse es un peldaño intermedio hacia la unión bancaria, “el llamado paquete CMDI, que es la reforma del marco europeo de gestión de crisis bancarias y garantía de depósitos”. Para Rubio, supondría avanzar hacia un objetivo muy deseable: “que en toda la Unión se juegue con las mismas reglas, contribuyendo así a que en todos los casos se apliquen unas reglas claras y consensuadas”.

Fabio Pascua Mateo, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense Madrid, destaca que el proyecto de unión bancaria “es un tema del que se viene hablando muy especialmente desde la crisis 2008-2012”. En los últimos años, se están registrando esfuerzos legislativos de integración que “han contribuido a reforzar la confianza en el sistema”, pero, en su opinión, “aún queda mucho por hacer”.

Un verdadero mercado único de capitales

En opinión de Rubio, están algo menos encauzados la unión del mercado de capitales y, dentro de ésta, la estrategia para inversores minoristas (Retail Investment Strategy), dos campos en los que “pueden producirse avances importantes durante la presidencia española”, pero que siguen muy abiertos, pendientes de que “se haga una estimación definitiva de costes y beneficios y se presenten enmiendas”. Se trata de nuevos paquetes de medidas de armonización “necesarias, pero de implementación compleja”.

Rubio considera, en cualquier caso, que “los mercados financieros deben regularse partiendo de la voluntad de coordinación plena a nivel internacional, superando el actual escenario de fragmentación financiera”. En lo que a Europa respecta, Rubio considera que “cualquier paso que se consiga dar hacia un verdadero mercado único, con reglas del juego claras y garantistas, además de compatibles con la libre competencia, será positivo”.

Pascua añade que la unión del mercado de capitales “resulta imprescindible por muchas razones”. En primer lugar, porque “la única manera de que Europa sea un poder global, tanto en este sector como en muchos otros, es que se actúe a escala de la Unión”. Además, la libre competencia entre entidades y los intereses de los consumidores exigen “un terreno de juego equilibrado, en el que no exista un riesgo de arbitraje regulatorio”.

Pascua considera que se ha avanzado mucho desde 2014: “Anteriormente, en el mercado de valores, un abuso de mercado, que es una de infracciones más graves que pueden cometerse, estaba castigada con multas de apenas 1.500 euros en algunos países cuando Alemania, Francia, Italia o España imponían sanciones millonarias o incluso inhabilitaciones para los implicados”. Con esta asimetría, “existía la tentación de operar desde países con jurisdicciones más laxas, pero dirigiéndose a los inversores de los países más grandes y garantistas”. Esta tendencia a que cada estado haga la guerra por su cuenta está empezando a quedar atrás gracias a mecanismos eficaces como “la coordinación a nivel europeo de las redes de supervisores nacionales” pero aún quedan pasos pendientes que es de esperar que se den en los próximos años.

Otras medidas destacadas que estarán este semestre sobre el tapete son, en opinión de Rubio, “el proyecto del euro digital del Banco Central Europeo, que está encontrando ciertos obstáculos, pero no deja de ser un debate interesante”, y todo lo relacionado “con la digitalización financiera y la regulación unificada de criptoactivos”. En este último aspecto, Pascua considera que “las medidas aprobadas por el Parlamento Europeo el pasado mes de abril suponen un buen punto de partida, pero habrá que estar muy atentos a las normativas de segundo nivel y a sus transposiciones nacionales, tareas que deberán llevarse a cabo (al menos en sus primeras fases) durante la presidencia española”. Rubio concluye, a modo de reflexión general, que los próximos seis meses “pueden ser muy importantes para que la Unión Europea refuerce su autonomía estratégica y su cohesión interna mientras sigue digitalizándose y progresando en términos de sostenibilidad, resiliencia e independencia energética”.