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Banca Act. 01 ago 2016

Anatomía de la tasa Tobin

Fotografia tasa tobin economia recurso bbva

La  tasa sobre transacciones financieras (TTF) que propone la Comisión Europea, es un impuesto en cuya implantación están involucrados 10 países de la UE (entre ellos España). Popularmente se conoce también como tasa Tobin ya que se asimila a la planteada en 1972 por el economista estadounidense James Tobin, aunque su alcance es mayor y su objetivo diferente al de la original. La TTF pretende gravar todas las transacciones de activos financieros (acciones, bonos o derivados) realizadas en el mercado secundario. Su implantación está prevista para 2017.

Antecedentes

La tasa sobre transacciones financieras  toma su nombre del economista estadounidense James Tobin (Premio Nobel de Economía en 1981) que, en 1972, planteó la idea de establecer una tasa reducida sobre las transacciones de divisas como vía para gestionar la volatilidad del tipo de cambio, frenar la especulación y estimular la inversión productiva. El detonante había sido la decisión que un año antes había tomado el presidente de EEUU, Richard Nixon, al anunciar el fin de  la convertibilidad oro/dólar para dar lugar a un sistema de libre flotación.

La tasa sobre transacciones financieras  toma su nombre del economista estadounidense James Tobin

La propuesta de James Tobin no llegó a cuajar, y no fue hasta 20 años después (a comienzos de la década del 2000), cuando este concepto fue recuperado por movimientos antiglobalización que consideraban que la libre circulación de capitales era un elemento desestabilizador de la democracia. Se creó, incluso, una asociación para la introducción de esta tasa (ATTAC) que, partiendo de la idea original de Tobin, llegaba a límites que excedían el planteamiento inicial. Proponía utilizar la recaudación obtenida a través de la tasa Tobin con fines sociales, como vía de impulso al desarrollo, sugerencia que James Tobin no compartió.

Situación actual

La crisis económica y financiera iniciada en 2008 vino, en gran medida, desencadenada por prácticas inadecuadas del sector financiero y generó graves consecuencias en las finanzas y economías de muchos países. Esta crisis ha provocado un resurgimiento de la tasa Tobin, redefinida ya como una tasa sobre transacciones financieras (TTF).

La complicada situación generada por la crisis ha dado lugar a un amplio consenso internacional acerca de la necesidad de que el sector financiero internalice el costo social que pueden tener algunos comportamientos excesivos o especulativos, especialmente si se tiene en cuenta los elevados fondos públicos invertidos en rescates financieros en un entorno en el que se percibe que los bancos pagan pocos impuestos. En este sentido, la TTF generaría un mayor equilibrio.

Al mismo tiempo, como segunda derivada, la implantación del impuesto permitiría desincentivar comportamientos especulativos de mayor riesgo que, en parte, provocaron la crisis de 2008.

Por último, un impuesto de este tipo facilitaría la armonización de los marcos legislativos nacionales y evitaría, de esta forma, la fragmentación de los mercados internos.

Por todo ello, en septiembre de 2011, la Comisión Europea planteó una propuesta de Impuesto de Transacciones Financieras para los 27 miembros de la UE, que fue rechazada por el ECOFIN en julio del año siguiente.

Posteriormente, en febrero de 2013, la Comisión Europea desarrolló una nueva propuesta que implicaba a 11 países de la UE (entre ellos España). Tras cuatro años de negociaciones, en diciembre 2015, el mismo grupo de países (con la excepción de Estonia) alcanzaba un pacto político en el que quedaban determinadas las líneas generales de un impuesto sobre transacciones financieras. Queda pendiente alcanzar un acuerdo definitivo previsto para antes del verano de 2016 y la implantación del impuesto en 2017.

Esta propuesta ha contado desde el principio con la oposición frontal del Reino Unido, además de la del sector financiero, hedge funds y otro tipo de inversores. Asimismo, el G20 se mostró contrario a la medida.

¿En qué consiste la tasa Tobin?

La tasa sobre transacciones financieras tiene por objeto gravar las transacciones de activos financieros (acciones, bonos y derivados) realizadas en el mercado secundario. Excluye el gravamen sobre la deuda pública, una línea roja marcada por España.

Pendiente aún de una definición final, en el caso de las acciones y bonos, el impuesto gravará todas las operaciones intra-día (compra venta de valores en una misma sesión bursátil) y en cascada (encadenadas unas a otras) de valores emitidos por algún país miembro. En lo que respecta a derivados, se combinará el principio de residencia (si la transacción implica a alguna entidad con residencia en un país miembro), el país de emisión y el principio de contraparte (que establece que una entidad financiera se considera natural de un territorio si interviene, en nombre propio o de terceros, en una transacción financiera con otra entidad domiciliada en dicho territorio).

La idea es establecer unas tasas bajas y una base impositiva amplia.

Se han barajado niveles impositivos en torno al 0,1% del total de transacciones de acciones y bonos y 0,01% en el caso de los derivados.

Tasa Tobin: Riesgos de su implantación

Son varios los jugadores del mercado que han mostrado una oposición frontal a este impuesto. La realidad es que su imposición conlleva riesgos que pueden invalidar los potenciales beneficios.

Los más evidentes son los siguientes:

-Distorsiona el equilibrio competitivo entre los miembros de la UE, ya que incentiva la realización de operaciones financieras, bien fuera del marco de los países que aplicarán la tasa, o bien hacia otros productos o incluso hacia la banca en la sombra (shadow banking).

-En un entorno regulatorio cada vez más estricto, existe un riesgo de solapamiento con otras iniciativas.

-Desincentiva la compra de acciones y bonos en el mercado secundario (lo que conlleva una reducción de la liquidez y un aumento de costes de financiación), así como el uso de derivados (con el consiguiente aumento del riesgo).

-Las entidades financieras serán las responsables de la recaudación del impuesto en nombre de los contrapartes, lo que generará costes y posibles conflictos de cumplimiento normativo.

-Conlleva un riesgo de que sea el cliente final que haya ordenado la transacción financiera, quien termine soportando el impuesto, a través de subidas en las comisiones por la operativa bursátil.

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