Las enormes dificultades políticas a las que se enfrentaron y en las que se sumergieron los protagonistas de la vida pública del primer lustro de los años 30, terminaron donde algunos visionarios avanzaron que acabarían irremediablemente, en una guerra civil. Los controvertidos sucesos del primer semestre de 1936 fueron convirtiendo la sociedad española en una olla a presión de ambiente irrespirable y el 18 de julio, el general Francisco Franco se alzó contra la legalidad vigente en la Segunda República.

Seguramente nadie fuera capaz de adivinar cuán cruenta iba a ser la contienda que tendría lugar durante los 32 meses largos que prosiguieron al golpe de Estado. Los antecendentes de las tres guerras civiles o guerras carlistas que se libraron en España durante los dos últimos tercios del siglo XIX no sirvieron para hacerse a la idea acerca de la cantidad de muertos que después cayeron en el frente, el elevado número de ejecuciones que tuvieron lugar, los numerosos encarcelados, las familias partidas en dos o los niños que quedaron huérfanos.

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El llamado alzamiento, una asonada militar en toda regla, ocurrió el 18 de julio de 1936 y tuvo en Franco a su líder y principal muñidor. A partir de esa fecha, España se dividió en dos bandos, los conocidos como nacional y republicano. Y desde entonces, el dinero también tomó caminos opuestos.

Primeras medidas sobre el dinero

El 19 de julio, en la parte republicana del país se declaró una moratoria general de pagos y vencimientos que prohibía taxativamente retirar de las entidades bancarias cantidades superiores a las 2.000 pesetas de entonces. Un dinero que equivaldría a unos 4.500 euros a día de hoy. Se trataba, sin duda, de una medida tomada con urgencia, visto el cariz de la situación, para así tratar de contener en lo posible la rápida circulación del dinero. Asimismo, se perseguía impedir la retención de riqueza, el obstáculo de la producción real y la posibilidad de que se produjera un siempre indeseado pánico bancario.

Billete de 25 pesetas de agosto de 1936

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Desde el bando sublevado, la creada Junta Técnica del Estado limitó el derecho a retirar fondos y valores. También creían que podía haber habido un colapso bancario tras una hipotética retirada masiva de fondos pero los españoles residentes en la zona nacional no pensaron de la misma manera que los nuevos dirigentes de la zona nacional. Dos eran las razones que no les llevarían a ello. Por un lado, la existencia de una bancarización mucho menor en la parte controlada por el bando alzado y, por otro, el hecho de que se trataba de una parte de España más rural en la que el autoabastecimiento agrario no empujaba a sus habitantes a buscar con urgencia recursos pecuniarios. Al igual que hicieran desde el bando republicano, los nacionales impidieron retirar más de 2.000 pesetas de los bancos y cajas. Esta medida llegó el 24 de julio, cinco días más tarde que sus rivales en la contienda.

Por su parte, en el País Vasco atravesaban un momento político nuevo cuando tuvo lugar el Golpe. La recién estrenada autonomía había fortalecido el poder del nuevo lehendakari José Antonio Aguirre y éste no dudo en continuar en el ejercicio de los derechos que le otorgaba el nuevo marco legal recién aprobado. Así, el robusto tejido bancario vasco fue intervenido por el gobierno autonómico, al igual que ocurriera con el resto de la industria regional. De igual manera, y para ser fieles a los dictámenes de los republicanos -con los que se identificaban como garantes de la legalidad pregolpista- , se arrogaron el derecho de adquirir cuantos objetos o productos estimen preciso para el abastecimiento de la tropa y de la población civil” con el único aval de la Comisaría de Finanzas. En tierras vascas se vivió un importante aumento de la demanda de dinero y el Gobierno de Aguirre puso en marcha un novedoso método para que no faltaran los medios de pago, que se denominaría como nuevo signo monetario. Consistía en talones librados con cargo al Banco de España por los bancos y las cajas que operaban en suelo vasco. Era un signo monetario al que se le exigía circulara con normalidad y tenía una vigencia de un mes, siendo obligatorio en la provincia de Vizcaya.

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El Oro de Moscú

La contienda extendió un enorme grado de incertidumbre entre los ciudadanos que defendían la legalidad vigente hasta el alzamiento pero también entre los dirigentes del gobierno republicano.

El socialista Juan Negrín, ministro de Hacienda del ejecutivo de Largo Caballero, llevó a cabo una medida de urgencia el día 13 del mes de septiembre. Se trataba de la publicación de un decreto reservado que permitía sacar todas las reservas disponibles de oro del Banco de España en Madrid y confinarlas en un lugar seguro, ante la amenaza del bando sublevado.

El socialista Juan Negrín, ministro de Hacienda del ejecutivo de Largo Caballero pasando revista

El decreto reserva, firmado por el presidente de la República, Manuel Azaña, y por el propio Negrín, decía así.

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Ministro de Hacienda

Excmo. Sr:

Por su excelencia el presidente de la República, y con fecha 13 del actual, ha sido firmado el siguiente decreto reservado: La anormalidad que en el país ha producido la sublevación militar aconseja al Gobierno adoptar aquellas medidas precautorias que considere necesarias para mejor salvaguardar las reservas metálicas del Banco de España, base del crédito público. La índole misma de la medida y la razón de su adopción exigen que este acuerdo permanezca reservado. Fundado en tales consideraciones, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y a propuesta del de Hacienda, vengo en disponer, con carácter reservado, lo siguiente:

  • 1º: Se autoriza al Ministro de Hacienda para que en el momento que lo considere oportuno ordene el transporte, con las mayores garantías, al lugar que estime de más seguridad, de las existencias que en oro, plata y billetes hubiera en aquel momento en el establecimiento central del Banco de España.
  • 2º: El Gobierno dará cuenta en su día a las Cortes de este decreto.

Madrid, 13-9-36.

Decenas de trabajadores del sector del metal, cerrajeros, y sindicalistas madrileños irrumpieron en la recién remodelada sede del Banco de España y durante cuatro intensos días fueron haciendo acopio de las reservas de oro y plata que allí había depositadas. Cabe recordar que en aquel entonces el Banco de España, S.A. era aún una entidad de carácter privado que atesoraba metales preciosos y depósitos tanto públicos como privados.

El destino del metal precioso escogido por Negrín fue Moscú. Las poco más de 700 toneladas de oro así como la plata atesorada fueron guardándose en 10.000 cajas de madera destinadas al transporte de munición. Una vez satisfecho el mandato gubernamental, las reservas auríferas y argénticas fueron transportadas hasta el puerto de Cartagena donde estuvieron depositadas durante un mes aproximadamente en espera de salir hacia los muelles de la localidad soviética de Odesa. Se calcula que el valor de los metales preciosos que iban en esas cajas superaban los 5.000 millones de pesetas del año 36, cerca de 18.000 millones de euros de hoy.

A finales del mes de octubre, el gobierno de Largo Caballero dio el visto bueno para que unas 7.800 cajas fueran cargadas en los cuatro navíos soviéticos que las acabarían llevando a Odesa, parada previa a su llegada a Moscú. Otras 2.000, sin embargo, se transportaron en media docena de camiones a París. Nunca se supo nada del paradero real de las 200 arquetas que faltaban para llegar a las 8.000 del envío a la URSS. A diferencia de lo que ocurriera con el Oro de Moscú, la plata nunca se movió de la provincia de Murcia y allí permaneció oculta y a buen recaudo hasta la finalización de la contienda bélica. Pocos meses después de la asonada de Franco, en la sede del Banco de España de la madrileña plaza de Cibeles no quedaban reservas.

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