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Nueva Ley de Cambio Climático: ¿qué hay que saber?

El viernes se aprobó, en uno de los últimos Consejos de Ministros de la legislatura de Pedro Sánchez, un nuevo “paquete de energía y clima” que incluye el Proyecto de Ley de Cambio Climático, Transición Justa y la Estrategia para una Transición Justa. Un nuevo marco normativo que supondrá un “instrumento clave para garantizar la consecución de los compromisos de España ante la UE en materia de energía y clima en el marco del Acuerdo de París contra el calentamiento global”. Pero, ¿qué implica verdaderamente esta legislación medioambiental?

El Acuerdo de París es la referencia de la Ley de Cambio Climático del Gobierno de Pedro Sánchez. Este acuerdo, alcanzado en la COP21 de Naciones Unidas, fue un verdadero hito en la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de la sostenibilidad. Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, sociedad civil, empresas (incluidas entidades financieras), entre otros actores, con un objetivo común: una transición global que culmine en un modelo de desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático. El acuerdo establece un objetivo para limitar el calentamiento global por debajo de los 2°C respecto de los niveles pre-industriales y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de temperatura de 1,5°C.

Con esta ley, el Ministerio para la Transición Ecológica, con Teresa Ribera al frente, pretende “crear un sistema energético europeo más sostenible, seguro y competitivo que permita compatibilizar el cumplimiento con los objetivos de cambio climático establecidos en el Acuerdo de París con la entrega de energía al consumidor a precios asequibles”, tal y como explican en su anteproyecto. Por tanto, España debería reducir en 2030 un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 y ser neutra en carbono en 2050. Además, el sistema eléctrico debería ser 100% renovable en 2050. Esto supondría descarbonizar por completo la economía española en la segunda mitad del siglo XXI siguiendo tres objetivos globales:

  1. Priorizar la eficiencia energética.
  2. Lograr el liderazgo mundial en materia de energías renovables.
  3. Ofrecer un trato justo a los consumidores.

Uno de los puntos fuertes serán las energías renovables. Así, el Gobierno busca fomentar nuevos instrumentos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables. Por tanto, la Administración debería desarrollar durante el periodo 2020-2030 la construcción de un mínimo de 3.000 MW de potencia al año en instalaciones de producción de energía eléctrica proveniente de renovables. Para promoverlo, primará la instalación de plantas de generación de energías limpias sobre aquellas que no lo son, así como priorizar su acceso y conexión a redes de transporte y distribución.

En 2050 ningún vehículo podrá circular si emite de forma directa dióxido de carbono

En cuanto a la transición energética y de combustibles, la ley endurece la legislación anterior. A partir de la entrada en vigor de esta ley, “no se otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos”, explica el anteproyecto. ¿Qué quiere decir esto? Nada de ‘fracking’, ni extracción de gas. Ni en tierra ni en mar.  Además, prohíbe dar cualquier tipo de subsidios a estos sectores y a partir de 2040 no se podrán renovar. En su lugar, apoyará energías como el biometano, el hidrógeno y otros combustibles sintéticos en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energías de origen renovable. De hecho, se desprenderá de las participaciones en empresas que desarrollen sus actividades basada en combustibles fósiles.

Y lo que más ruido ha generado de esta nueva ley: en 2050 ningún vehículo podrá circular si emite de forma directa dióxido de carbono. Para ello, promoverá la adquisición de vehículos 100% limpios e instalará puntos de recarga eléctrica en las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes, obligando a todos los municipios con más de 50.000 habitantes a contar con “zonas de bajas emisiones” en el año 2023.

Por otro lado, el Estado fomentará la renovación de los edificios existentes, tantos públicos como privados para alcanzar edificios de alta eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050, garantizando la rehabilitación con criterios de eficiencia energética de al menos 100.000 viviendas al año de media entre 2021 y 2030.

La política fiscal, otro instrumento a tener en cuenta

El Estado pretende utilizar la fiscalidad como una de sus grandes palancas. Esta “fiscalidad verde” pretende incorporar elementos que “configuren el sistema tributario como un instrumento que incentive una economía baja en carbono que permita internalizar los costes medioambientales, en el uso de la energía y en las principales actividades económicas que generan emisiones de gases de efecto invernadero y aumenten la vulnerabilidad de la economía española”. Para ello, el 20% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático.

En lo que respecta a la contratación pública, la Administración primará aquellas licitaciones o contratos de  consumo de energía sea casi nulo, ahorro y eficiencia energética, bajas emisiones, así como el uso de materiales sostenibles. La ley irá acompañada de una estrategia de transición justa para paliar los efectos sobre los territorios y los trabajadores más afectados por la transición.

Lo que BBVA ya está haciendo para luchar contra el cambio climático

Esta nueva regulación también tiene en cuenta el sector financiero y a las empresas cotizadas. Las entidades financieras deben incluir los elementos de sostenibilidad en los test de idoneidad en relación con los mercados de instrumentos financieros, incluyendo, también, cuestiones de sostenibilidad en las metodologías y procedimientos sobre los índices utilizados como referencia y en los contratos financieros.

Del mismo modo, los inversores institucionales y los gestores de activos deben incrementar la transparencia de las inversiones en criterios de sostenibilidad y de estrategia, con el objetivo de divulgar cómo tienen en cuenta este tipo de factores en sus procedimientos de toma de decisiones de inversión.

Todo eso es bien conocido y aplicado ya por BBVA que ha puesto en marcha múltiples iniciativas para luchar contra el cambio climático, como su ‘Compromiso 2025’, por el que alineará su actividad al Acuerdo de París y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), o la adhesión a los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas.

“En BBVA valoramos positivamente este marco normativo que pondrá a España entre los países líderes en Europa en la promoción de una transición justa hacia un modelo más sostenible”, ha puntualizado Antoni Ballabriga, director global de Negocio Responsable de BBVA.

BBVA ha desarrollado, entre otras innovaciones, un marco de producto transaccional sostenible vinculado a los ODS en virtud del cual las operaciones de banca transaccional de sus clientes podrán clasificarse como verdes, sociales o sostenibles. Por tanto, representa una metodología sin precedentes en la industria, teniendo como referencia estándares de mercado como son los ‘Green Bond Principles’, los ‘Social Bond Principles’, los ‘Sustainability Bond Guidelines’ y los ‘Green Loan Principles’.

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