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Primero de Mayo de 1886: el día que cambió el futuro de los trabajadores

Ocho horas al día, una semana de 40, como máximo, un día y medio, de mínimo, libre a la semana y 30 días de vacaciones al año. Y, todo esto, por ley. Desde 1980, gracias a la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, todas las personas trabajadoras que se rijan por él tienen estos derechos. Pero no siempre fue así. Cada Primero de Mayo se celebra en casi todos los países del mundo el Día Internacional del Trabajador, una jornada de conmemoración y reivindicación del movimiento obrero global que recuerda a aquellos que lucharon por unas condiciones dignas de trabajo.

Todo comenzó con la Revolución Industrial en Estados Unidos. Corría el año 1886, y después de diferentes reivindicaciones, el 1 de mayo más de 200.000 trabajadores iniciaron una huelga que se extendió durante varias jornadas. No fue una lucha pacífica, y la huelga se saldó con varios muertos, decenas de heridos, y otros tantos detenidos. A finales de mes, varios sectores patronales accedieron a las peticiones de este movimiento obrero, y, gracias a ellos, se estableció la jornada de ocho horas diarias. Tres años más tarde, muchos adoptaron esta nueva regulación en el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889.

Las primeras leyes laborales empezaron a aplicarse en España en 1873 con la Ley de Benot, cuyo objeto fundamental era proteger a los menores de las abusivas condiciones en que se les empleaba en los establecimientos industriales. Sin embargo, no fue hasta 1919 cuando España aprobó mediante un decreto la jornada de ocho horas tras la huelga de ‘La Canadiense’ llevada a cabo por anarquistas de Barcelona. Fue el primer país europeo en hacerlo. El 1 de mayo comenzó a ser un día festivo en el que reivindicar medidas sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras. Sin embargo, durante la dictadura militar de Primo de Rivera (1923-30) y la de Franco (1939-77) dejó de celebrarse.

Con la llegada de la democracia al país, el Derecho Laboral alcanzó su mayor esplendor. “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”. Así lo contempla el artículo 35 de la Constitución Española, promulgada en 1978 y que, como norma suprema del Estado, recoge los principios generales de aplicación en el ámbito laboral. Las Leyes de España están delimitadas por lo que dispone la Constitución Española, el Estatuto de los trabajadores, la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y los reales decretos, leyes y demás normas jurídicas que los desarrollan. Además, beben de los tratados internacionales, el Derecho Comunitario, los convenios colectivos, y se basan en los acuerdos de la Organización Internacional de Trabajo y de la Declaración de Derechos Humanos.

Hoy en día todas las empresas españolas están obligadas a regirse por estas normas, sin importar el sexo o condición de los empleados, siempre que éstos sean mayores de edad.

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