El 1 de noviembre de 1993 nació la Unión Europea, una organización internacional creada para fomentar la integración y cooperación entre los pueblos de Europa. Desde entonces, gracias a políticas como la libre circulación de personas y la creación del euro, muchas fronteras han caído en el continente. El próximo 1 de febrero, con la implantación de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA, por sus siglas en inglés), desaparecerá otra barrera para más de 500 millones de europeos.

La SEPA es un mercado único de pagos, gracias al cual los ciudadanos de los estados miembros de la UE podrán efectuar sus transacciones en las mismas condiciones, independientemente del país en el que se encuentren. De esta forma, tanto ciudadanos como empresas podrán llevar a cabo pagos transfronterizos en euros como si fueran pagos nacionales.

El proyecto

El proyecto hace posible que las transferencias, domiciliaciones y pagos con tarjeta se rijan por un único conjunto de estándares y normas. Este es el siguiente paso tras la adopción del euro, y permitirá aprovechar plenamente todas las ventajas que ofrece la unión monetaria.

Tal y como asegura el responsable de Tecnología e Infraestructuras de Mercado de SWIFT Iberia, Felipe Almazán, “a partir de ahora los pagos entre países de la UE serán más rápidos, seguros y eficientes, y al mismo precio que los nacionales”, lo que significa que el banco cobrará la misma comisión independientemente de si es un pago nacional o internacional. Almazán afirma que “es como eliminar otra capa más de la burocracia de la UE, y crea un tipo de espacio de Schengen para los pagos entre países”. Además de los 28 estados miembros de la UE, Islandia, Noruega, Mónaco, Liechtenstein y Suiza también se beneficiarán de la SEPA.

A partir del 1 de febrero las relaciones económicas cambiarán en la Unión Europea, tanto para lasempresas, cuya logística de pagos se simplificará, como para los consumidores, que podrán operar con una única cuenta bancaria en cualquier país. Esto será especialmente relevante para las pymes, que podrán salir al exterior y exportar de manera más sencilla y sin sobrecostes.

Otras ventajas son una mayor protección para los usuarios y, por supuesto, la desaparición de barreras para los pagos internacionales. Para aumentar la seguridad y la transparencia, las tarjetas de banda magnética, que requerían de firma, ya fueron sustituidas por tarjetas con chip, que funcionan con PIN. Además, la SEPA servirá para potenciar la innovación tecnológica de sistemas como los pagos a través del móvil.

Se acaba el tiempo

Aunque el sistema entra en vigor el próximo 1 de febrero, la dificultad de la migración ha obligado a Bruselas a dar seis meses adicionales para la adaptación a las entidades financieras. Hasta el 1 de agosto se aceptarán transferencias que tengan el formato antiguo, de forma similar a cuando euros y pesetas convivieron durante un tiempo. Para Almazán, “la prórroga es muy positiva, pues se corría el riesgo de bloquear los sistemas de pagos debido al gran volumen de operaciones traspasadas al nuevo formato, y de esta forma se minimiza el impacto por la migración”.

La proposición de una prórroga hasta agosto no es extraña, si se tiene en cuenta que, a pocos días de su entrada en vigor, la migración de los adeudos –domiciliaciones– era mínima. Según datos del Consejo de Pagos Europeo (EPC, por sus siglas en inglés) tomados del Banco Central Europeo, más del 64% de las transferencias de crédito de la zona euro ya han migrado al nuevo sistema, así como un 26% de las domiciliaciones bancarias. En España, los porcentajes son inferiores al 1% en este último caso.

Según asegura Almazán, la migración de los pagos a este nuevo sistema no será fácil ni estará exenta de complicaciones, a pesar de la nueva fecha. “Aunque la banca, la Administración Pública y las grandes empresas ya han terminado la migración o están a punto de hacerlo, entre las pymes la situación es diferente”, explica. De hecho, el Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, recalcó en su comparecencia durante la Convención Anual Financiera del pasado año que “queda muy poco tiempo”, y que “es importante que las entidades bancarias informen y apoyen a los clientes durante la migración”.

El propio Banco Central Europeo recordó, el pasado 9 de enero, que la fecha límite se acercaba. Almazán piensa que con el nuevo plazo “la presión pasa a los reguladores locales de cada país, por lo que el papel del Banco de España será crucial para asegurar que el riesgo de no adaptación se reduzca considerablemente”.

Respecto a la necesidad de este aplazamiento, Almazán admite que el conocimiento sobre la SEPA por parte de las pymes es heterogéneo, y que eso podría haber dificultado el pago de las nóminas en febrero.

“Las consecuencias de no llegar a tiempo habrían sido tremendas, porque la migración afecta a la tesorería, recursos humanos y los pagos de las nóminas”.

Un inconveniente especialmente grande si se tiene en cuenta que, en España, estas empresas generan el 63% de los empleos.

A partir del 1 de agosto, todas las operaciones de transferencias y de adeudos por domiciliación deberán ser rechazadas por las entidades financieras, en el caso en el que no se haya producido la migración. “Existen muchas dificultades en el proceso, y además muchas empresas lo dejarán para última hora, por lo que los bancos se enfrentarán a un embotellamiento de validaciones”, afirma Almazán. No obstante, a pesar de los problemas iniciales, el arranque de la SEPA favorecerá aún más la integración monetaria entre los países miembros de la UE, como ya hizo el euro en 2001: se puede decir que Europa cada vez tiene menos fronteras.