"El 'Ómnibus' de Von Der Leyen: Un año de simplificación sostenible con un final cada vez más cercano"

El proceso arrancó con la rápida aprobación de la directiva "stop the clock", que congeló los plazos de aplicación de la Directiva de Divulgación (CSRD) y la Directiva de Diligencia Debida (CSDDD).

Las negociaciones sobre los cambios de contenido de estas dos directivas prosiguen tras el acuerdo alcanzado en el Parlamento Europeo. Mientras el Consejo alcanzó su posición ("general approach") en junio, la situación en el Parlamento se había convertido en un foco de incertidumbre, tras el rechazo al informe del ponente Warborn (PPE), el pasado 22 de octubre. Con el acuerdo alcanzado en el pleno del pasado 13 de noviembre, se da el pistoletazo de salida para poder iniciar los 'trílogos' o negociaciones interinstitucionales, que permitan dejar cerrado el proceso de simplificación antes de final de año.

El texto aprobado en el Parlamento posee un notable peso político. Además de tratarse del primer 'Ómnibus' presentado por la Comisión en el contexto actual de simplificación regulatoria, el acuerdo alcanzado sienta un precedente significativo, al haber sido aprobado gracias al apoyo de los grupos políticos de extrema derecha, rompiendo la coalición de centro ("coalición con Der Leyen").

Esto implica que algunos temas sobre los que existían posiciones enfrentadas en la Eurocámara —entre otros, el umbral de aplicación de la CSRD y la obligatoriedad de que las empresas publiquen planes de transición— se han resuelto en un sentido que podría dificultar las negociaciones en trílogos, al alejar el texto del adoptado por el Consejo.

Aunque el 'Ómnibus' es un paso en la dirección correcta, muchos consideramos que no está exento de complejidad, y, en ciertos aspectos, de falta de ambición. El marco europeo de finanzas sostenibles va más allá de las directivas de divulgación (CSRD) y debida diligencia (CSDDD), y requiere de reformas más profundas y pragmáticas, como en el caso de la revisión de los estándares de divulgación (ESRS) o en la simplificación del reporting de la Taxonomía europea.

Por contra, la simplificación propuesta de la directiva de divulgación es excesivamente ambiciosa en lo que se refiere a la reducción del número de empresas que se verán obligadas a reportar, tras su entrada en vigor. El Parlamento ha aprobado elevar el umbral a empresas de 1.000 a 1.750 empleados, junto con el límite que ya se proponía de 450 millones euros en facturación. Con esta propuesta en España podrían quedar sujetas poco más de 500 empresas.  Dicho esto, una pregunta que surge es si las empresas que ya venían publicando dejarán de publicar esta información, o si lo seguirán haciendo de forma voluntaria, aunque finalmente no queden sujetas a la directiva revisada. También queda por ver la transposición que pueda hacer España teniendo en cuenta la regulación existente.

La disponibilidad de datos de sostenibilidad de las empresas se ha convertido en un punto crítico para las entidades financieras dado que impacta directamente en la capacidad de los bancos para cumplir con sus propias exigencias regulatorias, supervisoras y de gestión de riesgos. En este nuevo contexto, consideramos que será necesario plantear modificaciones profundas de la normativa bancaria prudencial en materia de sostenibilidad, para adaptar dichas exigencias y alinearlas con la simplificación aportada por el  'Ómnibus'.

Tampoco debemos de olvidar que, si bien es relevante en términos de disminución de carga administrativa para las empresas, el  'Ómnibus' es una de las muchas palancas existentes para promover la competitividad en Europa. La sostenibilidad es en sí misma una fuente de oportunidades que sólo serán aprovechadas si el marco regulatorio proporciona los incentivos adecuados para fomentar la innovación y el desarrollo de las tecnologías necesarias para la transición. Es necesario un marco que asegure la rentabilidad y la bancabilidad de las operaciones que financiarán la transformación de los diferentes sectores de la industria hacia modelos de negocio sostenible.

Por todo lo anterior, creemos que debemos defender las ventajas de esta simplificación propuesta por la Comisión y animar al legislador a seguir trabajando para lograr un marco regulatorio más pragmático. En este sentido, destacamos la necesaria simplificación de la normativa bancaria prudencial en materia ASG, así como el desarrollo de políticas industriales que favorezcan la transición, como palancas fundamentales para mantener la competitividad de nuestro tejido empresarial y el liderazgo europeo en materia de sostenibilidad.