BBVA Research estima que el déficit público de España se reducirá al 2,7% del PIB en 2025 y al 2,4% en 2026
El crecimiento de la actividad económica y la retirada gradual de las medidas adoptadas para frenar el alza de los precios han favorecido el descenso del déficit público en España. BBVA Research estima que el déficit se situó en el 3,3% a cierre de 2024, dos décimas menos que un año antes, y que mejorará hasta el 2,7% y el 2,4%, en 2025 y 2026, respectivamente. La senda de mejora vendrá determinada por el ajuste fiscal previsto para cumplir con Europa y la efectividad de las medidas tributarias aprobadas en noviembre del año pasado.
En el Observatorio Fiscal de marzo, BBVA Research señala que el déficit público, sin las corporaciones locales ni ayudas de la DANA y acumulado doce meses, se redujo en noviembre de 2024 hasta el 3,1% del PIB, retomando la senda de consolidación fiscal. El dinamismo de los ingresos, en particular de la recaudación tributaria, y la contención del crecimiento del gasto habrían favorecido esta dinámica. El servicio de estudios de BBVA estima que 2024 habría cerrado con un déficit del 3,3% del PIB, gracias a un crecimiento de la actividad económica superior a lo previsto hace tres meses y por la retirada gradual de las medidas adoptadas para frenar el alza de los precios. En ausencia de las ayudas extraordinarias destinadas a paliar el impacto de la DANA (que se estiman en 0,3 puntos porcentuales del PIB) el déficit se habría situado en torno al 3% del PIB comprometido con la Unión Europea.
En 2024, el ajuste fiscal habría estado liderado por las comunidades autónomas y, en menor medida, por la Seguridad Social, con déficits del 0,3% y 0,4% del PIB, respectivamente. La administración central, que asumió el coste de la DANA, habría elevado su saldo hasta el -2,7%, mientras que las corporaciones locales volverían a registrar un pequeño superávit.
De cara a 2025 y 2026, el ajuste fiscal vendrá determinado por la aplicación de las nuevas reglas fiscales europeas y la efectividad de las medidas tributarias aprobadas a final de 2024. En este contexto, el déficit se reducirá hasta el 2,7% del PIB en 2025 y el 2,4% en 2026. según BBVA Research.
El observatorio destaca que el cumplimiento de las reglas fiscales avanzará un tono ligeramente contractivo de la política fiscal en el bienio 2025-2026. Las previsiones presentadas apuntan a un crecimiento promedio del gasto primario neto de medidas de ingresos en torno al 3,2 %, permitiendo el cumplimiento de las reglas fiscales comprometidas (un promedio del 3 % entre 2025-2031). Además, la corrección del desequilibrio fiscal favorecerá una senda decreciente de la ratio deuda sobre PIB.
“Sin cambios en la política fiscal, la mejora cíclica de la actividad y el menor coste de la financiación, compensarán parcialmente el incremento de las pensiones y el fin de los gravámenes temporales sobre las entidades de crédito y las energéticas”, apuntan los economistas.
Nuevas medidas para cumplir con las reglas fiscales
Con las nuevas reglas fiscales en vigor, España deberá asumir un esfuerzo adicional de consolidación entre 0,4 y 0,5 puntos porcentuales del PIB en promedio anual. Las medidas tributarias aprobadas en noviembre de 2024 aportarán tres décimas de dicho ajuste en 2025. Incluyen, entre otras, un gravamen mínimo a las multinacionales, el gravamen a la banca, la subida del impuesto al tabaco y el alza del tipo impositivo en el IRPF de la base imponible sobre el ahorro. Asimismo, para 2026, la retirada de las ayudas de la DANA compensará el efecto negativo de la desaceleración cíclica.
Sin embargo, los economistas advierten de que con la reforma tributaria en vigor será necesario definir nuevas medidas para cumplir con las reglas fiscales. Asimismo, subrayan que ha aumentado la incertidumbre sobre la política fiscal, en un contexto de ajuste fiscal exigente por los compromisos fiscales, y con necesidades crecientes de gasto asociadas al envejecimiento, la inversión y el gasto en defensa. Además, afirman, el acuerdo de condonación de la deuda autonómica no soluciona los desequilibrios estructurales de las comunidades y podría introducir incentivos perversos en futuras crisis. “La falta de consensos dificulta la adopción de las medidas necesarias”, señalan.