BBVA aborda en la COP31 cómo preparar a los jóvenes y proteger los empleos frente al cambio climático
La educación y la protección del empleo frente al cambio climático han centrado dos encuentros organizados por BBVA en la COP31, celebrada en Antalya (Turquía). Expertos de organismos internacionales han debatido sobre cómo preparar a los jóvenes para nuevas oportunidades laborales, proteger a los trabajadores frente a los riesgos climáticos y financiar estas medidas.
En la foto: Lidia del Pozo (BBVA), Guilherme Canela De Souza Godoi (UNESCO), Paolo Marchi (UNICEF Türkiye) y Andreas Schleicher (OECD).
La transición climática abre oportunidades laborales, pero también plantea desafíos sociales, especialmente para los colectivos con mayores dificultades de acceso a la formación y a las medidas de protección laboral. Las diferencias en el acceso a la educación, la formación profesional y la protección de los trabajadores pueden condicionar la capacidad de las personas para adaptarse a estos cambios. Por ello, incorporar las necesidades de los colectivos más vulnerables y facilitar su participación en las decisiones resulta fundamental para avanzar hacia una transición justa. Son algunas de las conclusiones de los encuentros organizados por BBVA, en estos últimos días más centrados en temática social.
Esta dimensión social ha centrado dos de las sesiones celebradas en el pabellón de BBVA dentro de la ‘Green Zone’ de la COP31, con especial atención a los colectivos más vulnerables y a la colaboración entre administraciones, empresas y entidades financieras. Ambas sesiones han sido moderadas por Lidia del Pozo, responsable de Crecimiento Inclusivo e Inversión en la Comunidad de BBVA.
Educación climática: del conocimiento a las oportunidades laborales
Uno de cada cinco trabajadores ocupa ya un empleo vinculado a la transición verde, según los datos presentados por Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, durante el encuentro ‘Financiar a la generación verde: educación, competencias y oportunidades para una transición inclusiva’.
Sin embargo, este avance contrasta con las carencias en educación climática. Durante la sesión, Schleicher explicó que nueve de cada diez directores de centros educativos afirman que sus escuelas incluyen contenidos sobre cambio climático, pero muchos estudiantes no adquieren las herramientas necesarias para actuar frente a sus consecuencias. También ha advertido de que la conciencia ambiental entre los jóvenes ha disminuido respecto a 2015.
Para afrontar estos desafíos, Schleicher defendió la necesidad de integrar la educación climática en las distintas materias, reforzar la formación del profesorado y conectar el aprendizaje con experiencias prácticas. “Las escuelas no deberían ser el mundo de los niños; el mundo debería ser su escuela”, ha afirmado
Guilherme Canela de Souza Godoi, de la UNESCO, ha puesto el foco en la desinformación climática y en la importancia del pensamiento crítico. Defendió la necesidad de mejorar el acceso a información fiable, apoyar a periodistas, científicos y docentes y reforzar la responsabilidad de las plataformas digitales.
Por su parte, Paolo Marchi, de UNICEF en Turquía, presentó un programa desarrollado con empresas y administraciones para adaptar la formación profesional a las competencias que demanda la transición energética y facilitar el acceso de los jóvenes al empleo. Marchi ha subrayado que las empresas y las entidades financieras pueden contribuir no solo con recursos económicos, sino también con sus conocimientos y su participación en el diseño de los programas educativos.
En la foto: Rishabh Kumar Dhir (International Labour Organization), Lidia del Pozo (BBVA), Özgür Altun (ICMA) y Carel Cronenberg (Council of Europe Development Bank)
Adaptar los empleos actuales a los riesgos climáticos
La sesión ‘Mejores empleos ante un clima cambiante: de la protección de los trabajadores a la resiliencia laboral’ abordó los efectos de las temperaturas extremas y otros fenómenos meteorológicos sobre la salud, los ingresos y la productividad.
Rishabh Dhir, de la OIT, señaló que alrededor de 2.400 millones de trabajadores están expuestos a temperaturas excesivas. Además, según un estudio de la organización publicado en 2019, el estrés térmico podría provocar en 2030 una pérdida de horas de trabajo equivalente a 80 millones de empleos a tiempo completo.
Dhir defendió que la transición justa no debe limitarse a crear nuevas oportunidades laborales, sino que también debe proteger los puestos de trabajo existentes. Entre las medidas necesarias mencionó la mejora de las instalaciones, el acceso a agua y sombra y la protección de los ingresos cuando las condiciones meteorológicas obliguen a reducir la actividad. “Es importante que los trabajadores no tengan que elegir entre su salud y sus ingresos”, afirmó.
Desde el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa se expuso el caso de un proyecto de abastecimiento de agua en Grecia para ilustrar la importancia de que las inversiones en adaptación climática tengan en cuenta a los pequeños agricultores, que pueden encontrar dificultades para asumir sus costes.
La financiación, clave para la transición justa
La financiación para hacer frente a los riesgos climáticos todavía tiene un recorrido limitado en los mercados de capitales. Según explicó Özgür Altun, representante de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA por sus siglas en inglés) , menos del 5% de los fondos asignados mediante bonos verdes se ha destinado a proyectos de adaptación al cambio climático, de acuerdo con los análisis de la asociación.
Altun señaló que los bonos sociales, los bonos sostenibles y los vinculados a objetivos de sostenibilidad pueden contribuir a financiar medidas de protección y adaptación de los trabajadores, sin necesidad de crear nuevas categorías. Para ello, destacó la importancia de identificar a los colectivos beneficiarios, establecer objetivos concretos y evaluar los resultados de las inversiones.
Los debates han puesto de relieve que la financiación de la transición climática también debe tener en cuenta sus consecuencias sociales. La colaboración entre empresas, administraciones y entidades financieras, junto con la participación de los colectivos afectados, puede contribuir a que las inversiones respondan tanto a las necesidades de formación como a la protección del empleo.