Educación financiera: clave para la inclusión de las personas migrantes

Solo el 15% de los refugiados y migrantes venezolanos residentes en Lima (Perú), Quito y Guayaquil (Ecuador), entrevistados en un estudio de inclusión financiera, había recibido alguna capacitación en materia financiera. En aquel informe, de 2020, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU), los encuestados reconocían desconocer el sistema financiero local y la necesidad de mejorar el uso de sus finanzas personales, como el hecho de tener tener acceso y hacer uso adecuado de los servicios financieros formales.

"Muchas veces, la principal dificultad son los documentos requeridos, pero también el hecho de no contar con el suficiente conocimiento o información más relevante sobre cómo funcionan este tipo de productos y servicios", refrenda esta guía del Gobierno colombiano creada para orientar a los migrantes y refugiados venezolanos sobre el sistema financiero nacional.

Principales barreras financieras para la población migrante

Por su experiencia con personas migrantes, Natalia Slepoy, responsable del área de Incidencia Política de la Red Acoge (España), considera que el problema de partida no es la falta de alfabetización financiera. "Detectamos, incluso, que sus conocimientos son mayores que los de la población local, debido a que su situación los obliga a manejar cambios de divisas o enviar remesas", concreta.

Para la experta, las dificultades se deben a la falta de conocimiento y de adaptación al contexto financiero del país de destino, por las barreras lingüísticas y por la brecha digital. Actualmente hace falta acceder a medios digitales y saber usarlos para una correcta inclusión financiera, ya que buena parte de la relación con el sistema financiero del país de acogida –desde la apertura de cuentas hasta la contratación de productos o el acceso a la información básica– se canaliza a través de plataformas digitales. Tampoco ayuda el desconocimiento que tienen las personas migrantes sobre sus derechos financieros.

Un ejemplo de ello es la Directiva 2014/92/UE, según la cual las entidades bancarias de la Unión Europea deben garantizar el derecho de las personas que residan legalmente en su territorio a acceder a una cuenta de pago básica. Este derecho también se extiende a los solicitantes de asilo y a quienes, sin permiso de residencia, no pueden ser expulsados por razones jurídicas o de hecho. Estas cuentas permiten realizar las operaciones más comunes —pagos, ingresos, domiciliaciones, transferencias o retiradas de efectivo— y disponer de una tarjeta de débito, habitualmente a un costo reducido. No obstante, los bancos pueden denegar la apertura en casos justificados —por ejemplo, por incumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales—. Si las personas migrantes o refugiadas desconocen este derecho, difícilmente lo reclamarán y quedarán fuera del sistema financiero, lamenta Slepoy.

¿Por qué es importante la educación financiera para las personas migrantes?

La educación financiera —concebida en un sentido amplio que incluye la alfabetización básica, el conocimiento del sistema financiero local y la toma de conciencia de los propios derechos— brinda a los migrantes herramientas clave para desenvolverse en su nuevo entorno. Gracias a ello, pueden acceder y utilizar los servicios financieros formales, logrando así su inclusión. Esto se constata en un informe especial sobre la inclusión financiera de los migrantes en América Latina y el Caribe (2024), publicado por la Iniciativa para la Inclusión Financiera de América Latina y el Caribe (FILAC).

Por el contrario, la exclusión financiera impide realizar gestos tan cotidianos como pagar en el supermercado con tarjeta, acceder a servicios tan elementales como domiciliar una nómina, el alquiler o las facturas de los suministros básicos. También decisiones tan vitales como pedir un crédito para comprar una vivienda.

Los migrantes que llegan a países como México, Argentina u otros mercados se enfrentan con frecuencia a la falta de historial crediticio en su nuevo lugar de residencia. En México, por ejemplo, el Buró de Crédito y el Círculo de Crédito recopilan información sobre el comportamiento financiero de las personas y la utilizan como referencia para la concesión de préstamos y otros productos. De forma similar, en Argentina y en otros países de América Latina, los sistemas financieros se apoyan en registros crediticios para evaluar el riesgo y determinar el acceso a servicios financieros.

Esta situación afecta de manera especial a la población migrante, que no cuenta con antecedentes en el país de acogida que acrediten su comportamiento financiero previo. La ausencia de este historial limita su acceso al crédito y a otros productos básicos, como el alquiler de vivienda o la contratación de determinados servicios, lo que dificulta su proceso de asentamiento e integración económica.

Con el paso del tiempo, los migrantes se enfrentan a restricciones en el acceso a cuentas bancarias y servicios de crédito y se convierten en población vulnerable frente a prácticas predatorias, según añade la CFPB.

La situación agrava la exclusión económica, antesala, a su vez, de la social. Se trata, a juicio de Slepoy, de uno de los eslabones del círculo vicioso que lleva a la población migrante a ocupar "los trabajos menos cualificados, peor remunerados y en peores condiciones laborales". Otros son la discriminación, la dificultad para homologar títulos obtenidos en otros países o las barreras idiomáticas.

Según datos recopilados por la Comisión Europea, en España el 54% de los trabajadores extranjeros con estudios universitarios está sobrecualificado, frente al 33% de los españoles.

FILAC recuerda que, a pesar de que el nivel educativo de las personas migrantes retratadas en su estudio suele ser, en promedio, superior al de la población de acogida, a veces la migración puede cambiar su vocación profesional, lo que implica retos a la hora de llevar a cabo nuevos trabajos y proyectos productivos. Ello plantea, a su juicio, "la necesidad de acceder a la educación financiera" del país de acogida para conocer las coberturas y posibilidades a su alcance.

Claves para fomentar la educación financiera inclusiva

Entre las recomendaciones del documento de FILAC figuran los servicios financieros innovadores e inclusivos. También aboga por "reforzar los conocimientos financieros y las capacidades de los migrantes y las comunidades de acogida a través de campañas de educación financiera, para que comprendan mejor sus derechos y responsabilidades como consumidores, y su capacidad para manejar sus finanzas de forma efectiva".

Más allá de las finanzas personales, el documento pide "ofrecer productos financieros a la medida y apoyo a proyectos empresariales de refugiados, desde las empresas incipientes hasta las MIPYME [micro, pequeñas y medianas empresas]".

Buenas prácticas y ejemplos de éxito de la inclusión financiera

El estudio de FILAC recopila buenas prácticas de inclusión financiera en todo el mundo, tendentes a solventar problemas de identificación, solvencia o calificación crediticia. El organismo menciona también el programa de las fundaciones Santo Domingo y Hilton, y la Universidad del Norte para ofrecer capacitación empresarial y acceso al crédito a empresarios migrantes, retornados y de acogida en Barranquilla y su área metropolitana (Colombia).

De hecho, a través de distintos grupos de trabajo como ‘Consumer Empowerment and Market Conduct’se han impulsado iniciativas de educación financiera en varios países como Costa Rica, Ecuador, Honduras o Perú. Estos programas se dirigen a diversos grupos vulnerables como, por ejemplo, personas con bajos ingresos, población rural o jóvenes con el objetivo de mejorar su capacidad de tomar decisiones financieras mejor informadas. Entre otras medidas, se enseñan conceptos relacionados con el ahorro, la planificación, el uso responsable del crédito y la protección al consumidor. La idea es fortalecer la inclusión a partir de la mejora de las competencias financieras de la población.

En ese sentido, desde entidades bancarias como BBVA se ha puesto el foco en la inclusión a través de iniciativas como sus centros especializados para educación financiera que tienen el objetivo principal dar acceso a conocimientos financieros a personas de todos los niveles (niños, adultos mayores, empleados, jóvenes). Este desafío se aprecia en la organización de talleres tanto presenciales como online en diferentes países latinoamericanos (Colombia, México, Perú) para enseñar temas como el ahorro, el crédito, las coberturas de seguros, las opciones de inversión y el uso seguro de los canales digitales.

El papel de las instituciones financieras en la inclusión

Las instituciones financieras juegan un papel crucial en la inclusión ya que son las encargadas de proporcionar acceso a productos y servicios como cuentas o crédito.

Sin embargo, aumentar el acceso a los servicios financieros no necesariamente se refleja en mejores resultados en inclusión financiera, concluye la investigación ‘Subiendo la escalera económica: 20 años de inclusión financiera de la comunidad mexicana en Estados Unidos’, impulsada por BBVA Research. 

Los autores explican que el modelo de educación financiera que ha implementado BBVA México ha ido evolucionando con el tiempo, incorporando una visión más amplia de la salud financiera de la población migrante. "La entendemos como un estado de bienestar que se alcanza mediante una buena gestión de la economía personal, capaz de hacer frente a imprevistos y de facilitar el logro de objetivos a medio y largo plazo", inciden.

La investigación, centrada en el impacto de la inclusión financiera en la comunidad mexicana en Estados Unidos, confirma que la educación financiera es una condición necesaria, pero no suficiente, para lograr una inclusión efectiva. El estudio subraya que factores como el acceso continuado a productos financieros adecuados, la posibilidad de generar historial crediticio y el uso regular de servicios formales son determinantes para mejorar la estabilidad económica de la población migrante.

En este contexto, el informe destaca la importancia de acompañar la educación financiera con herramientas que faciliten el uso de canales digitales y la integración progresiva en el sistema financiero del país de residencia, de modo que la inclusión financiera contribuya de forma tangible a mejorar las oportunidades económicas y el bienestar de las personas migrantes.