La inclusión financiera de los migrantes: un reto global para lograr su integración social

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) calcula que más de 41 millones de latinoamericanos viven fuera de su país de origen. Esto convierte a América Latina y el Caribe en una de las regiones con más migrantes en el mundo. Esta movilidad también se refleja dentro de los países: en Baja California, un estado fronterizo clave, ocho de cada diez residentes proceden de otras zonas de México, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

"Yo diría que, sin inclusión financiera, las personas migrantes no pueden alcanzar la inclusión social", manifiesta Cecilia Argelia Reza Mascareño, doctoranda de la Universidad Autónoma de Baja California (México). "El dinero desempeña un papel fundamental en la sociedad. No se puede aislar", añade. La investigadora ha analizado la importancia de la educación financiera entre la población vulnerable, sobre todo entre los jóvenes. Reside en Mexicali, ciudad fronteriza con Calexico (California, EE. UU.), un punto clave del flujo migratorio. No sorprende, por tanto, que haya dedicado varios artículos a la inclusión financiera del colectivo migrante.

El World Migration Report 2026, elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a mediados de 2024 había alrededor de 304 millones de personas viviendo en un país distinto al de su nacimiento. Esto equivale al 3,7% de la población mundial. De hecho, son 150 millones más que en 1990 y más del triple que en 1970, una tendencia que refleja el crecimiento sostenido de la movilidad internacional durante las últimas décadas.

El mismo informe destaca también la creciente importancia económica de las remesas. En 2024, los migrantes internacionales enviaron cantidades récord a sus países de origen. Esto consolida una tendencia de crecimiento sostenido durante las últimas dos décadas. También refuerza su papel como una de las principales fuentes de financiación para numerosos países en desarrollo.

Beneficios de la inclusión en el sistema financiero

Transferir remesas por canales formales evita ser objeto de engaños, abusos o usura. Es una de las ventajas de que los migrantes estén incluidos en el sistema financiero del país de acogida, según constatan Reza Mascareño y Carlos Antonio Romero Ramirez (doctor en Estudios del Desarrollo Global de la Universidad Autónoma de Baja California) dentro de la publicación ’Hacia una política institucional para la mejora de la salud financiera en distintos sectores sociales de Baja California' (2024)’

Otros beneficios de la inclusión en el sistema financiero formal (también llamada bancarización) son el fomento del ahorro y la posibilidad de obtener microcréditos o préstamos. También comprar o pagar un bien durable “que permita mejorar sus capacidades financieras, fortalecer su historial crediticio y evitar caer en la informalidad”, enumeran los autores.

Más allá del ahorro y del acceso a un crédito, la inclusión financiera influye positivamente en la capacidad de los migrantes para integrarse en nuevas comunidades, contribuir al desarrollo económico y "forjar un futuro sostenible tanto para ellos como para los países de acogida", dice el CAF. "Cuando un individuo ahorra de forma segura y tiene a su disposición una gama de servicios financieros, está más protegido, consigue estabilidad y oportunidades, reduce su vulnerabilidad en un contexto que no conoce y reconstruye su vida financiera en el nuevo país.", inciden.

Barreras de acceso al sistema financiero

Según detectan estos expertos, los migrantes se enfrentan a distintos tipos de barreras de acceso al sistema financiero:

• Legales. Falta de documentación y requisitos fiscales. En el caso de Estados Unidos, a raíz, principalmente, de la USA Patriot Act (Ley promulgada en 2001 como respuesta a los atentados terroristas del 11-S), los bancos estadounidenses piden requisitos extra a las personas migrantes en aras de confirmar su identidad. Además de una identificación oficial (que puede ser el pasaporte) les exigen pruebas de que, efectivamente, están viviendo en el país, como facturas o el contrato de alquiler. Y es muy posible que, además, los requieran para una visita presencial. No todas las entidades, sin embargo, exigen los mismos documentos; algunas permiten abrir cuentas online o con identificación extranjera (por ejemplo, consular o pasaporte). En caso de ser un migrante regular también es posible en algunas entidades presentando la matrícula consular (emitida por el consulado del país de origen) o una serie de documentación que acredite una residencia.

• Económicas. Los ingresos bajos o irregulares y el empleo informal dificultan cumplir condiciones habituales de los bancos, como domiciliar una nómina o acreditar ingresos estables. Cuando no pueden hacerlo, muchas cuentas aplican comisiones de mantenimiento más altas o exigen mantener un saldo medio, lo que desincentiva su apertura. A ello se suma que el migrante suele carecer de historial crediticio en el país de residencia, lo que puede complicar el acceso a financiación en el futuro.

• Culturales. Más que una falta de conocimientos financieros en general, la barrera suele estar en el desconocimiento del sistema financiero del país de acogida: qué productos existen, cómo funcionan, qué comisiones se aplican y qué derechos asisten al consumidor. “Muchas veces no conocen las reglas financieras del país de residencia, los productos que tienen a su disposición, ni sus propios derechos económicos y financieros”, refiere Reza Mascareño. En su opinión, la educación financiera debería ser un eje clave y transversal de cualquier política de inclusión financiera.

En ocasiones, el idioma es diferente, lo que no ayuda tampoco. "Los migrantes se han enfrentado a situaciones de discriminación, lo que les ha generado desconfianza y temor hacia los bancos", apunta.

• Tecnológicas, relacionadas con barreras prácticas al llegar: falta de conectividad estable, costes de datos o dificultades para activar servicios digitales (por ejemplo, disponer de un número local o completar verificaciones en apps). Suelen ser obstáculos temporales, ya que las tecnologías permiten a las personas migrantes mantenerse en contacto con sus familiares y conocidos en sus países de origen.

• Sociales, derivadas de los estigmas sociales y los prejuicios que sufren los migrantes. "Tienen miedo de dar los datos personales necesarios para abrir una cuenta por si luego se comparten con las autoridades de inmigración", revela la investigadora.

Medidas concretas para abordar la inclusión financiera de los migrantes

Abrir una cuenta bancaria puede resultar más complejo para una persona migrante —especialmente si carece de documentación local estandarizada o de número de identificación fiscal— ya que  las entidades financieras deben cumplir normas de verificación de identidad y prevención de blanqueo de capitales que exigen acreditar identidad y, en muchos casos, domicilio. En la práctica, estos requisitos pueden ser más difíciles de cumplir cuando la persona no dispone de documentos emitidos en el país de acogida o de un historial administrativo previo. Las alternativas aceptadas —como pasaportes extranjeros, identificaciones consulares o números fiscales específicos— dependen de la regulación y de la política interna de cada entidad.

En distintos países, algunas instituciones financieras y marcos regulatorios han incorporado medidas para ampliar el acceso, como la aceptación de documentación alternativa, cuentas básicas con funcionalidades limitadas, esquemas de diligencia debida simplificada o servicios de atención en varios idiomas. Sin embargo, estas prácticas no son uniformes y varían significativamente según la legislación nacional y el grado de desarrollo del sistema financiero.

El alcance y la efectividad de soluciones aisladas de estas instituciones financieras son limitados y dependen de su articulación con políticas públicas más amplias en materia de identificación, protección de datos, transparencia y acceso a servicios financieros esenciales.

Con todo, a la investigadora le parecen insuficientes y de escaso alcance si no forman parte de políticas integrales, consensuadas entre las administraciones públicas y las organizaciones civiles. A su juicio, han de involucrar al país de origen, al de llegada e incluso al de tránsito.

El informe especial sobre la situación de los inmigrantes en América Latina y el Caribe elaborado por la Iniciativa para la Inclusión Financiera de América Latina y el Caribe (FILAC) escribe, entre sus recomendaciones, “establecer políticas integrales de inclusión financiera que aborden explícitamente las necesidades de los migrantes y los connacionales en el extranjero”. Esto incluye desarrollar o revisar las ENIF [Estrategias Nacionales de Inclusión Financiera] para incluir a los migrantes como grupo objetivo, y alinearlas con otras políticas y marcos nacionales pertinentes: planes de respuesta a los refugiados, políticas de migración o sistemas de protección social.

FILAC reclama una mejora del entorno jurídico y normativo de los países de acogida, que ayude a superar los obstáculos relacionados con los requisitos KYC (Know Your Customer, o proceso que las entidades financieras realizan para verificar la identidad de sus clientes), la documentación o la protección de consumidores y de datos. E incide Mascareño: “La inclusión financiera de las personas migrantes es un fenómeno complejo y multifactorial, que necesita un abordaje global”.