¿Por qué es importante la inserción laboral de las personas con discapacidad?
Tener un trabajo mejora la calidad de vida y las perspectivas económicas de las personas. En el caso de aquellas con discapacidad ayuda además a su inclusión social, reduce la demanda de prestación de servicios y asistencia social y enriquece la diversidad de las empresas. El colectivo contribuye y la economía se beneficia.
“El trabajo es, ante todo, un derecho fundamental del ser humano”. Así lo afirma Antonio Sánchez de Amo, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca de Almería (España). “El trabajo es un derecho individual con beneficios colectivos. Este permite que las personas con discapacidad contribuyan a su comunidad y al crecimiento de su entorno”, comenta.
Y aunque parezca una obviedad, el acceso al empleo mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad. También fortalece sus relaciones sociales y su salud. Además, permite tanto a las empresas privadas como a los organismos estatales que las contratan “desarrollar una mirada distinta” hacia la discapacidad. También crecer en responsabilidad social, según afirman los profesores Eddy Paz-Maldonado e Ilich Silva-Peña, de la Universidad de Los Lagos (Chile) y de la Universidad Nacional Autónoma (Honduras), respectivamente, en su revisión bibliográfica Inserción laboral de personas en situación de discapacidad en América Latina.
En España, el número de personas con discapacidad que tiene empleo ha aumentado un 55 % entre 2013 y 2023 y son ya casi 540.000. A pesar de la mejoría en las cifras de ocupación, las tasas de actividad en este colectivo evidencian una realidad: más del 64 % de estas personas en edad laboral ni tiene ni busca trabajo. “El trabajo es un derecho fundamental del ser humano”. La afirmación es de Antonio Sánchez de Amo, presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca (Almería). Y este derecho “permite que contribuyan a su comunidad y al crecimiento de su entorno”, explica.
Por su parte, en Latinoamérica, la situación laboral de las personas con discapacidad presenta desafíos significativos. Según la Encuesta Latinoamericana sobre Discapacidad (ELADis), realizada en 17 países de la región, aproximadamente el 72,9% de las personas con discapacidad se encuentra desempleada y el 48% identifica su discapacidad como la principal barrera para conseguir empleo. Además, quienes logran insertarse en el mercado laboral suelen enfrentarse a condiciones desfavorables, como salarios inferiores en comparación con trabajadores sin discapacidad en roles similares y una mayor tasa de informalidad laboral.
La prevalencia de la discapacidad varía en la región, desde un 5,1% en México hasta un 23,9% en Brasil, según datos de CEPAL. En total, se estima que alrededor del 12% de la población latinoamericana y caribeña vive con al menos una discapacidad, lo que representa 66 millones de personas.
Estas cifras resaltan la necesidad de implementar políticas públicas efectivas y programas de inclusión laboral que promuevan la participación activa de las personas con discapacidad en el mercado laboral.
Relaciones sociales y salud en la inserción laboral
La agencia Eurofound (Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo) lo plantea como un círculo virtuoso: un mercado laboral más inclusivo permite un uso más eficaz y eficiente del talento y las capacidades , “a menudo desaprovechadas”, mientras que una mayor autonomía económica de las personas con discapacidad reduce la demanda de prestación de servicios y asistencia social. “La economía se beneficia de una mano de obra más numerosa”, que paga impuestos; y “la sociedad se beneficia de una mejor integración y cohesión”, aseguran en Eurofound en su estudio ‘Discapacidad e integración laboral: Tendencias políticas y apoyo en los Estados miembros de la UE’.
A pesar de que el derecho al trabajo de las personas con discapacidad trae consigo beneficios sociales y económicos, un barrido rápido por las estadísticas globales revela que no se está cumpliendo. En 2020, el 17,7 % de los europeos con discapacidad de entre 20 y 26 años se encontraban en situación de desempleo, frente al 8,6 % de las personas sin discapacidad del mismo grupo de edad, según datos del Consejo de la UE.
Inclusión “embrionaria” en Latinoamérica
Según el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2021-2024, en México apenas el 30 % de este grupo de población tiene un empleo. En Argentina, su tasa de empleo sube al 32,2 %, según recogió INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) en 2018. Y al 44,4 % en Perú, según el Reporte del Mercado Laboral para Personas con Discapacidad en el Perú 2019-2022, publicado por el Gobierno. Mientras que en Colombia baja a un “preocupante” 22 %, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) 2023.
“A partir de esta revisión podemos decir que la inserción laboral en América Latina se encuentra en una etapa embrionaria. Los países del área recién comienzan a elaborar políticas públicas para transformar las vidas de las personas en situación de discapacidad”, concluyen los profesores Eddy Paz-Maldonado e Ilich Silva-Peña.
Según su revisión bibliográfica de leyes nacionales, muchos países latinoamericanos obligan a empresas y administraciones a reservar un porcentaje de plazas a personas con discapacidad: un 4 % en Argentina, Ecuador y Uruguay (para empresas con un mínimo de 25 trabajadores); entre un 2 % y un 5 % en Brasil (para compañías de a partir de 100 empleados). En Perú, las entidades públicas tienen la obligación de contratar no menos del 5 % de empleados con discapacidad; igual que los empleadores privados con más de 50 trabajadores tendrán que incorporar un porcentaje igual o mayor al 3 %.
El establecimiento de un porcentaje de cuotas de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad en empresas ordinarias es, también, la vía más habitual en Europa.
El impacto de la inserción laboral de las personas con discapacidad
En 2019, Fundación ONCE – Organización Nacional de Ciegos Españoles – analizó el triple impacto de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el marco de su programa INSERTA, que es un sistema de colaboración con grandes empresas para la inserción laboral directa:
Impacto para las personas con discapacidad
Antes de su inserción laboral, este colectivo registraba un nivel de inclusión social de 76,9 puntos sobre 100. Fundación ONCE realice este cálculo según la metodología IS_Impact, que asigna un valor del 0 al 100 a la situación en la que se encuentra una persona en relación con ocho parámetros, entre ellos las relaciones interpersonales o el bienestar material, físico y emocional. La agregación de estos elementos indica el nivel de inclusión/exclusión social. Tras acceder a un empleo, las personas con discapacidad alcanzaron los 90,5 puntos de inclusión.
“El trabajo ha permitido que, en promedio, las personas con discapacidad mejoren en 13,6 puntos su inclusión social”, concluía el análisis, que desvelaba así la correlación existente entre la inserción laboral y ese proceso que empodera a las personas para mejorar sus habilidades, participar en la sociedad y aprovechar sus oportunidades.
“Una persona con discapacidad se enfrenta, de promedio, a un 21 % más de gasto que alguien que no la tenga”, advierte Sánchez de Amo citando estudios elaborados por entidades del sector. Transporte adaptado, apoyos o asistencia, quizás una comida especial, que suele ser más cara... “¿De dónde saca esos recursos?”, se pregunta, recordando que en España la Ley de Dependencia cubre solo en parte las necesidades económicas de sus beneficiarios. Trabajar ayuda a superar dificultades monetarias que pueden llevar al aislamiento. “Te vas excluyendo por no quedar con amigos a tomar un café, acudir al cine o al teatro, disfrutar de tu ocio, irte de vacaciones”, enumera.
Impacto para la sociedad
El análisis de Fundación ONCE calculó el valor económico del impacto en inclusión social que generó el empleo creado en 20 empresas. Solo en esas compañías, y solo en el momento de la realización del estudio, el ahorro para las administraciones públicas superó los 19 millones de euros; la cifra equivale a 2,7 el presupuesto total de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Gobierno de España en 2018.
“Hemos convencido a muchas personas con discapacidad que cobraban una paga de la administración de que se pusieran a trabajar –apunta Sánchez de Amo–. Nuestra filosofía organizativa es que los recursos públicos no son infinitos, y que hemos de aportar, en la medida de nuestras posibilidades”, insiste.
Impacto para las empresas
De las 20 compañías analizadas en su estudio, Fundación ONCE eligió cinco para realizar un análisis cualitativo sobre percepciones y clima laboral, mediante entrevistas a la plantilla. El 100 % de las organizaciones consideró que la contratación de personas con discapacidad mejoraba la diversidad (y aportaba valor diferencial), la motivación y el ambiente laboral, así como el orgullo de pertenencia. El 80 % afirmó que afectaba positivamente a la estabilidad y rotación de la plantilla.
La importancia de los centros especiales de empleo
También en España existe una figura muy poco extendida más allá de sus fronteras: los centros especiales de empleo, en los que al menos el 70 % de la plantilla tiene algún tipo de discapacidad. La Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca gestiona un centro especial de empleo y una empresa ordinaria; entre las dos contratan a unas 1.000 personas a lo largo del año. “Las empresas ordinarias permiten un mayor acercamiento y conocimiento sobre el colectivo; suponen una normalización”, asegura Sánchez de Amo. Pero, para que la integración sea correcta, serían necesarios más apoyos y recursos, además de una gran concienciación empresarial. “En España, son los centros especiales de empleo los que más trabajo están proporcionando al colectivo de la discapacidad, por encima incluso del sector público”, destaca.
En América Latina, el modelo de centros especiales de empleo no está tan desarrollado. La falta de incentivos para el sector privado y la informalidad del mercado laboral siguen siendo barreras significativas en la región. Sin embargo, el creciente reconocimiento de los derechos laborales de las personas con discapacidad abre la puerta a la creación de modelos más efectivos que permitan su inserción en el mundo del trabajo de manera sostenible.
Un desafío global con soluciones locales
La inserción laboral de las personas con discapacidad es un reto global que impacta en el desarrollo social y económico de todos los países. Mientras que en Europa se han establecido políticas de cuotas y apoyo a la empleabilidad, en América Latina la inclusión laboral aún se enfrenta a desafíos estructurales. Sin embargo, el avance de normativas en países como Argentina, Brasil, México o Perú demuestra un compromiso creciente por mejorar las oportunidades de este colectivo.
A nivel global, el reto es claro: transformar la inclusión laboral en un derecho plenamente garantizado y no en una excepción. La experiencia de distintos países demuestra que cuando se fomenta la diversidad en el empleo, todos se benefician: las personas con discapacidad, las empresas y la sociedad en su conjunto.