"SFDR 2.0: Europa rediseña las reglas de la inversión sostenible"
¿Puede considerarse sostenible una inversión en una empresa que todavía genera elevadas emisiones, pero que necesita financiación para reducirlas? La respuesta está en el centro de uno de los debates de la reforma del Reglamento europeo sobre divulgación de información en materia de sostenibilidad (SFDR). Europa quiere simplificar las reglas de la inversión sostenible, pero también debe resolver cómo dar cabida a las empresas que aún tienen un largo camino por recorrer en su descarbonización.
Foto de apertura generada con IA.
Europa busca facilitar la identificación de productos financieros sostenibles. Este es el objetivo de la reforma del Reglamento sobre divulgación de información en materia de sostenibilidad en el sector financiero (SFDR), que afecta a fondos, planes de pensiones o productos de inversión basados en seguros, entre otros: simplificar esta norma pionera y adaptarla a la realidad del mercado y a la transición de las empresas europeas.
El SFDR forma parte del Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles lanzado por la Comisión Europea en 2018 para reorientar el capital hacia actividades sostenibles y aportar transparencia a los inversores.
Aplicado desde 2021, el Reglamento impone obligaciones de información tanto a las entidades financieras como a los productos que comercializan, entre estas, sobre los riesgos de sostenibilidad y las principales incidencias adversas (PIA) de las decisiones de su inversión sobre el medioambiente y la sociedad.
Sin embargo, el mercado convirtió las exigencias de transparencia del SFDR en una clasificación de facto: productos del artículo 8 (que promueven características ambientales o sociales) y del artículo 9 (con objetivos de inversión sostenible), conocidos informalmente como “verde claro” y “verde oscuro”, respectivamente.
Así, una norma concebida para explicar cómo incorporar la sostenibilidad terminó utilizándose para medir cuánto de sostenible era un producto.
¿Por qué cambiar el sistema?
La complejidad para interpretar ciertos conceptos generó incertidumbre e impulsó reclasificaciones conservadoras de productos del artículo 9 al 8. Además, este uso del etiquetado no siempre aclaró la estrategia real al inversor y el riesgo de 'greenwashing' se mantuvo.
La revisión de SFDR se enmarca dentro del proceso de simplificación regulatoria europea. Tras lanzar en febrero de 2025 el primer paquete Ómnibus de simplificación en sostenibilidad, la Comisión presentó en noviembre la propuesta de SFDR 2.0 para reducir cargas y clarificar los enfoques de sostenibilidad de cada producto.
La gran novedad es que se propone sustituir los artículos 8 y 9 por tres categorías: Sostenible (invierten en actividades con altos estándares de sostenibilidad), Transición (invierten en empresas en transformación hacia modelos sostenibles) y ESG Basics (incorporan criterios de sostenibilidad en sus decisiones de inversión, y no solo para evaluar sus riesgos). Para usar estas categorías, los productos deberán destinar al menos un 70 % de sus inversiones a la estrategia correspondiente.
La reforma busca una mayor coordinación con MiFID II y PRIIPs, normativas enfocadas en proteger al inversor y que tome decisiones informadas, para evitar duplicidades, proteger al inversor minorista y facilitar la integración de sus preferencias de sostenibilidad.
¿En qué punto está la reforma? La transición, en el centro del debate
La categoría de Transición es clave: avanzar hacia la descarbonización no sólo exige financiar lo que ya es “verde”, sino acompañar a industrias intensivas en emisiones que requieren inversión para transformar sus tecnologías.
Excluir a estas empresas puede mejorar las métricas de una cartera, pero no ayuda a descarbonizar la economía real. Por eso, canalizar capital hacia esa transformación es un eje prioritario de las finanzas sostenibles.
El gran debate entre las instituciones europeas radica en fijar los límites para financiar a empresas vinculadas a combustibles fósiles dentro de esta categoría.
El Consejo de la Unión Europea propone permitir la inclusión de determinadas empresas de combustibles fósiles en productos de Transición si destinan al menos un 20 % de su inversión de capital a actividades sostenibles según la Taxonomía europea y cuentan con un plan de reducción de emisiones.
El Parlamento Europeo añade condiciones más estrictas: entre ellas, que, durante tres años, estas compañías dediquen en promedio más inversión a actividades sostenibles según la Taxonomía europea que a nuevos proyectos fósiles.
En el fondo, la cuestión es clara: ¿debe respaldarse solo lo que ya es sostenible o también la transformación de lo que aún no lo es?
Este será uno de los puntos relevantes de las negociaciones interinstitucionales, conocidas como trílogos. La Presidencia irlandesa del Consejo busca cerrar un acuerdo para finales de 2026. El resultado determinará si Europa logra reglas más sencillas y eficaces contra el 'greenwashing', manteniendo el equilibrio entre simplificación, credibilidad y financiación de la transición para impulsar la competitividad europea.