El Gobierno de España ha aprobado una oferta de empleo público de 20.280 plazas: 15.998 ordinarias y 4.282 extraordinarias para luchar contra el fraude y la mejora de los servicios públicos. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha matizado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que 14.155 plazas son de libre ingreso y 6.125 están destinadas a promoción interna. A estas plazas se le suman las aprobadas el pasado mes de marzo: 7.969, lo que da un total de 28.249. La mayor oferta de empleo público de la última década en España.

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Cristóbal Montoro ha explicado que la oferta es “fruto de la negociación con los representantes de las centrales sindicales”, a quienes ha querido agradecer su posición durante este acuerdo, ya que han respondido “de una forma extraordinaria”.

También ha resaltado la importancia de esta convocatoria porque ha dicho que no solo supone un aumento en el número de plazas de empleo público, si no que busca “mejorar la calidad de los puestos de trabajo” reduciendo la interinidad. “Supone dejar atrás el pasado”, ha añadido Montoro, que ha agradecido a los funcionarios sus esfuerzos en una etapa complicada.

Así se reparten más de 20.000 plazas

Las plazas de libre ingreso suman un total de 14.155 plazas: 10.323 son de carácter ordinario (reposición de bajas por jubilación) y otras 3.832 son extraordinarias (nueva creación). El resto de plazas, 6.125 serán para promoción interna de funcionarios de la Administración General del Estados (AGE). De ellas, 5.675 son ordinarias y 450 son plazas de nueva creación.

Del total de oferta extraordinaria o de nueva creación -esas 4.282 plazas que se convocarán entre 2017 y 2018- Hacienda detalla que 2.150 irán a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), 415 al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 564 a la Seguridad Social, 320 a la Inspección de Trabajo, 178 a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), 150 al DNI y 505 al DGT.

Y del total de la oferta ordinaria, 15.998 plazas, 11.844 van a la Administración General del Estado, 3.794 a Justicia y 450 a funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional.

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