¿Cómo se financia la recuperación tras un desastre natural?

La carga económica de los desastres no ha dejado de aumentar en las últimas décadas. El coste directo de los desastres ha aumentado de una media anual de 80.000 millones de dólares entre 1970 y 2000 a cerca de 200.000 millones de dólares anuales en lo que va del siglo XXI. Así se recoge en el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, que pone de manifiesto que el coste real de los desastres es mucho mayor. Si tenemos en cuenta los impactos indirectos y sobre los ecosistemas, los desastres nos cuestan 2,3 billones de dólares al año.

América Latina y el Caribe son, además, una de las regiones más propensas del mundo a sufrir el impacto de un desastre natural. Según los datos del ‘Debt Relief for Green and Inclusive Recovery Project’, los huracanes, las sequías, las inundaciones y los terremotos cuestan a la región más de 110.000 millones de dólares anuales. Algunos eventos superan por mucho la capacidad económica de los estados. Por ejemplo, los daños causados por el ciclón María en Dominica en 2017 fueron equivalentes al 269% del producto interior bruto (PIB) del país, según estimaciones de ‘Government of the Commonwealth of Dominica’.

“América Latina y el Caribe enfrentan una brecha de financiamiento profunda y estructural que limita su capacidad para enfrentar los desastres, tanto en la respuesta a las emergencias como en la recuperación, como en las inversiones preventivas y de mitigación que reducen la vulnerabilidad y fortalecen la resiliencia”, explica Laura Rojas, Jefa de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Una gestión proactiva del riesgo de desastre que garantice la recuperación resiliente es fundamental para proteger a las poblaciones vulnerables, fortalecer la sostenibilidad fiscal y promover el desarrollo sostenible”.

Instrumentos financieros para responder a desastres naturales

“La ayuda humanitaria es un componente esencial durante la fase de respuesta al desastre y debe estar plenamente articulada con mecanismos e instrumentos financieros ex ante para su efectividad”, subraya Rojas. “Pero no existe un solo instrumento que pueda cubrir todas las necesidades de financiamiento. Lo estratégico para los países es utilizar una combinación de instrumentos adaptados a su propio perfil de riesgo y necesidades”. Tras un desastre, los países pueden tener acceso a varios instrumentos de financiamiento y fondos que están disponibles con diferentes grados de inmediatez:

• Fondos comunes de la ONU: Estos se activan de forma prácticamente instantánea, como el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés), los fondos gestionados por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios o las aportaciones del Programa Mundial de Alimentos.
• Fondos rápidos de agencias y organizaciones: Como el Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres (IFRC-DREF) de la Cruz Roja o el Start Fund, un fondo gestionado por un consorcio de ONG que está disponible en 72 horas después del desastre.
• Fondos y seguros gubernamentales: En este caso, van desde reasignaciones presupuestarias y fondos nacionales de desastres hasta consorcios públicos para riesgos extraordinarios. Normalmente, se consiguen activar en las semanas posteriores al desastre.
• Bancos multilaterales y regionales: Entidades económicas, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el FMI, tienen líneas de financiamiento específicas para la recuperación tras desastres naturales.
• Soluciones innovadoras de transferencia de riesgo: Hay ejemplos entre los seguros paramétricos soberanos, los bonos para catástrofes (o 'cat-bonds') emitidos a través del Banco Mundial o las herramientas de respuesta que proporcionan alianzas público-privadas globales como InsuResilience.

“En la fase de respuesta, el BID recomienda utilizar instrumentos pre-acordados para financiar las necesidades inmediatas después del desastre, como las líneas de créditos contingentes, las cláusulas de deuda resiliente al clima o los bonos y los seguros paramétricos, en combinación con mecanismos propios como los fondos soberanos de emergencias o las reservas fiscales dedicadas para retener el riesgo de eventos frecuentes y de menor impacto”, añade Laura Rojas.

Además de los organismos públicos, multilaterales y humanitarios, el sector privado también desempeña un papel cada vez más relevante en el financiamiento de la recuperación y la resiliencia frente a desastres naturales, ya sea mediante la transferencia del riesgo a aseguradoras, reaseguradoras e inversionistas, o a través de inversiones orientadas a reducir la vulnerabilidad antes de que ocurran los eventos extremos.

• Reaseguro y mercados de capital privado: A través de aseguradoras, reaseguradoras e inversionistas institucionales, los países pueden transferir parte del riesgo de grandes desastres al sector privado. Esto puede hacerse mediante seguros soberanos, derivados, bonos catastróficos o programas estructurados por bancos multilaterales que conectan a los gobiernos con los mercados de capital.
• Inversión privada para resiliencia y adaptación: Además de cubrir la respuesta inmediata, el capital privado puede movilizarse para financiar infraestructuras, seguros y soluciones de adaptación que reduzcan las pérdidas antes de que ocurra un desastre, desde infraestructuras más resilientes hasta proyectos vinculados al agua, la energía, la movilidad o la protección de comunidades vulnerables.

Desafíos y soluciones para una recuperación resiliente

Con vientos de más de 280 kilómetros por hora, el huracán Dorian se convirtió, en 2019, en el ciclón de mayor intensidad jamás registrado en el archipiélago de las Bahamas. Tras la fase inicial de emergencia, el país reconoció la necesidad de aumentar la inversión en prevención y de contar con mecanismos financieros más sólidos y previsibles. Como resultado, está implementando un enfoque de riesgo escalonado, que combina inversiones en reducción del riesgo y preparación, junto con instrumentos de protección financiera y la creación de un fondo específico para la prevención de desastres. Todo ello con el apoyo del BID.

Para la Jefa de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres del BID, los países deben priorizar las inversiones públicas para reducir el riesgo de la población, desplegando desde sistemas de protección costera y sistemas de alerta temprana hasta viviendas e infraestructura críticas más resilientes. “Cada dólar invertido en resiliencia reduce significativamente la necesidad de ayuda humanitaria posterior y evita pérdidas económicas y sociales”, puntualiza Rojas. “Por ello, desde el BID promovemos enfoques que integren la protección de medios de vida, especialmente en las comunidades vulnerables, como parte central de una gestión de riesgos integral”.

De acuerdo con la experta, una de las herramientas que han demostrado ser más efectivas en este sentido en América Latina y el Caribe han sido los sistemas de protección social adaptativa. Estos sistemas permiten ampliar o modificar programas sociales existentes (como determinados subsidios) para que sirvan para dar respuesta a situaciones de crisis, asegurando que las poblaciones más afectadas reciban el apoyo oportuno incluso antes de que haya ocurrido un evento extremo.

Gestión integral del riesgo de desastres: prevención y financiamiento

Los desastres son, fundamentalmente, algo humano. La causa que los pone en marcha puede ser de origen natural (un huracán, un terremoto o una erupción), pero son los factores humanos los que marcan la diferencia a nivel de impacto. La prevención, la preparación, la monitorización de los riesgos o la capacidad de respuesta son clave para minimizar los daños. “América Latina y el Caribe deben avanzar hacia un modelo de gestión financiera integral del riesgo de desastres que siga tres pasos fundamentales y complementarios: entender el riesgo, reducirlo y protegerse financieramente”, señala Laura Rojas.

• Para entender bien el riesgo, es clave fortalecer los flujos de información, los sistemas de alerta temprana y la evaluación de las amenazas, las exposiciones y las vulnerabilidades (es decir, contar con datos sólidos que permitan a los gobiernos tomar decisiones fiscales y de inversión basadas en evidencias).
• Para reducir el riesgo y prepararse mejor, es fundamental invertir de manera sistemática en sistemas resilientes (infraestructura segura, ordenamiento territorial, restauración de ecosistemas y sistemas sociales adaptativos) y fortalecer los marcos regulatorios e institucionales para evitar que los eventos extremos se conviertan en crisis humanitarias.
• Por último, para protegerse financieramente, es necesario complementar las inversiones en prevención con instrumentos que garanticen liquidez inmediata y sostenibilidad fiscal ante eventos extremos.

De acuerdo con la opinión de la Jefa de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres del BID, en conjunto, estos tres pasos crean un círculo virtuoso: “Entender el riesgo permite identificar vulnerabilidades y oportunidades de mejora; reducirlo disminuye los potenciales impactos económicos y sociales, y protegerse garantiza la capacidad de respuesta sin comprometer el desarrollo”.