Políticas públicas para mejorar la calidad del empleo

Una de las principales preocupaciones de la mayoría de ciudadanos en Europa es la remuneración de sus trabajos. Así lo considera el 72% de los europeos, según estimaciones de la Comisión Europea. Frente a esta situación, las políticas públicas son fundamentales para impulsar empleos dignos y de calidad. Gracias a un marco normativo que protege los derechos laborales, se pueden garantizar medidas. Entre ellas, por ejemplo, el salario mínimo, la protección social, los contratos estables y la igualdad de oportunidades. Los retos del siglo XXI exigen también que estos programas gubernamentales contemplen otras facetas como el derecho a la desconexión, la conciliación y ambientes de trabajo más saludables, tanto física como mentalmente.

La calidad del empleo va más allá del salario

La generación Zeta (los nacidos entre 1997 y 2012) ha dado un giro a las entrevistas de trabajo. A las preguntas habituales sobre las responsabilidades y los compromisos que van ligados a un puesto se suman muchas otras relacionadas con la salud mental y el estilo de vida. ¿Cómo de flexible es el horario? ¿Encaja la filosofía de la empresa con mis propios valores? ¿Y cómo se gestionan las discrepancias o los momentos de estrés en la oficina?

Esta nueva mirada de los perfiles más jóvenes evidencia que la calidad del empleo no se mide solo por el salario y el horario, sino también teniendo en cuenta factores como el bienestar, la estabilidad y la realización personal. Las políticas públicas juegan un papel clave para asegurar que estas demandas se conviertan en una realidad y no se queden solo en la aspiración de una generación.

¿Qué entendemos por un empleo de calidad?

Para entender la importancia de los gobiernos para regular las políticas de empleo es importante precisar qué entendemos por un trabajo de calidad.  La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo describe como aquel que ofrece un salario digno, estabilidad y condiciones seguras, que pone a la persona en el centro y le da la oportunidad de reivindicar sus derechos.

“Un buen empleo es aquel que permite a la persona trabajadora desarrollar su proyecto vital en condiciones de dignidad, seguridad y estabilidad. No se trata solo de que el empleo proporcione una retribución suficiente, sino de que garantice condiciones saludables, un horario compatible con la vida personal y familiar, oportunidades de formación y promoción y respeto a los derechos fundamentales”, explica Mariola Serrano, profesora titular de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Deusto (España). “Un buen empleo, por tanto, es aquel que no solo cumple formalmente con la legalidad, sino que lo hace desde una lógica de calidad que reconoce a la persona trabajadora como sujeto de derechos y no como un mero factor de producción”, añade Serrano.

Políticas públicas y protección social para impulsar la calidad del empleo

La importancia de las políticas públicas radica en que estas establecen un marco normativo común que es de obligado cumplimiento y que estabiliza o corrige las desigualdades que surgen en el mercado laboral y en la actividad privada. De este modo, protegen los derechos de los trabajadores al promover que la calidad del empleo no dependa exclusivamente de la voluntad de las empresas o de la fuerza de los agentes sociales.

De acuerdo con la profesora de la Universidad de Deusto, las políticas que ofrecen mejor resultado son aquellas que propician cambios culturales y estructurales sostenidos en el tiempo. Para ello, combinan una regulación clara, mecanismos de control efectivos y medidas de acompañamiento y sensibilización. Serrano cita como ejemplo las políticas de igualdad o aquellas orientadas a reducir la temporalidad y la precariedad laboral. “Estas políticas no solo mejoran la calidad del empleo, sino que también inciden en la transformación profunda de los entornos de trabajo”, explica la profesora.

“Del mismo modo, tienen un impacto positivo las políticas que reconocen la especificidad de sectores vulnerables y diseñan respuestas ajustadas a su realidad, como las que introducen cláusulas sociales en la contratación pública, las que fomentan la economía de los cuidados o las que refuerzan el empleo en sectores feminizados históricamente infravalorados”, añade. “Estas medidas no solo corrigen desigualdades, sino que también valoran y dignifican trabajos esenciales para la sostenibilidad de la vida”.

Por otro lado, la profesora destaca las iniciativas que incorporan nuevas formas de organización más humanas y racionales. “En todos estos casos, los resultados más positivos se dan cuando las medidas se piensan no solo como una obligación legal, sino como parte de un proyecto colectivo de mejora del empleo y democratización de las relaciones laborales”, explica.

Incentivos gubernamentales en España y América Latina

En América Latina, varias políticas públicas recientes buscan mejorar la calidad del empleo en países marcados por la desigualdad y el empleo informal. En Colombia, por ejemplo, la reforma laboral aprobada en 2025 introdujo cambios clave orientados a priorizar los contratos indefinidos, regular los recargos por trabajos nocturnos o favorecer la paridad de género, entre otros.

Unos años antes, también en Colombia, la Ley 2101 de 2021 había reducido de forma gradual la jornada laboral semanal de 48 a 42 horas, sin merma salarial, con el objetivo de favorecer una mejor organización del tiempo de trabajo. Argentina, por su parte, avanzó en la protección de quienes teletrabajan a través del Decreto 27/2021, que garantiza el derecho a la desconexión digital y obliga a las empresas a respetar los tiempos de descanso.

En España, durante los últimos años se han desarrollado políticas laborales que han cambiado el enfoque sobre la calidad del empleo. Serrano destaca las ligadas a la igualdad de género, como las medidas dirigidas a reducir la brecha salarial o a fomentar la corresponsabilidad. También destacan las políticas orientadas a regular nuevas realidades laborales, como el trabajo en plataformas digitales o el teletrabajo; o las dirigidas a colectivos vulnerables o sectores con especiales dificultades de inserción.

“A todo ello se suman los grandes debates y reformas actualmente en curso, entre las que cabe mencionar la ampliación de los permisos parentales retribuidos, las propuestas para extender el permiso de maternidad en familias monoparentales o el reconocimiento del derecho a la desconexión digital.”, señala Serrano.

Políticas públicas proactivas para mejorar la calidad del empleo

Las políticas públicas proactivas son aquellas que no esperan a solucionar problemas que ya existen, sino que buscan anticiparse a los mismos. “El valor de estas políticas reside en que no actúan a posteriori, cuando el daño ya está hecho, sino que previenen, corrigen y modelan escenarios futuros de trabajo desde parámetros de equidad, sostenibilidad y bienestar”, explica Serrano.

Uno de los ámbitos más decisivos para una política proactiva es el del tiempo de trabajo. “En lugar de limitarse a proteger descansos mínimos o jornadas máximas, las políticas más transformadoras están impulsando un nuevo reparto del tiempo, más racional, corresponsable y ajustado a los ritmos vitales de las personas. Este enfoque, además de prevenir riesgos psicosociales, promueve un modelo de trabajo más humano y sostenible”, señala Serrano, haciendo referencia a una de las grandes aspiraciones de la generación Zeta.

En Chile, la Ley N° 21.431, vigente desde septiembre de 2022, modifica el Código de Trabajo para crear un marco regulatorio adaptado al trabajo en plataformas digitales. Reconoce y formaliza los derechos de los trabajadores, garantizando su protección social y asegurando un tiempo de desconexión mínimo de 12 horas continuas cada 24 horas. De esta forma, responde a problemas ya existentes, pero anticipa también posibles escenarios futuros ligados a los trabajos en las plataformas digitales.

Las políticas públicas son, en definitiva, un instrumento decisivo para construir empleos dignos, sostenibles y centrados en las personas, adaptados a los desafíos tecnológicos y sociales del siglo XXI.