¿Qué es el derecho a reparar de la UE y cómo afecta a los consumidores?

Los datos siempre aportan luz. Los productos –sobre todo los electrónicos– que desechamos y que podrían repararse generan anualmente en la Unión Europea más de 35 millones de toneladas de residuos. Y provocan pérdidas para los consumidores que optan por sustituir en lugar de por reparar que alcanzan los 12.000 millones de euros al año, según información de la Comisión Europea. 

Otro dato: de los 599 dispositivos eléctricos llevados a un centro de reciclaje de Londres en marzo de 2023, más del 36% podían haberse reutilizado de forma inmediata, y casi otro 10% solo requería una reparación menor, según datos analizados por la organización The Restart Project. Para intentar frenar la cultura del “comprar, usar y tirar”, el Parlamento Europeo aprobó en abril de 2024 la conocida como Directiva sobre el Derecho a Reparar que, en países como España, se adaptará a las leyes nacionales antes del 31 de julio de 2026.

Qué obliga la directiva europea del derecho a reparar a los fabricantes

El origen de esta directiva se encuentra en dos grandes preocupaciones: la protección del consumidor y la economía circular. Entre sus argumentos, la Comisión Europea explica que la norma busca fomentar el consumo sostenible, alargar la vida útil de los bienes y reducir residuos y las emisiones asociadas a la fabricación de productos nuevos.

“La Directiva europea sobre el Derecho a Reparar quiere que reparar sea más fácil, más barato y más atractivo que sustituir. Su idea central es muy simple: si un producto puede repararse, el consumidor debe poder hacerlo en condiciones razonables, con información clara, piezas y herramientas disponibles, y sin trabas artificiales creadas por el fabricante”, asegura Pascual Martínez Espín, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro del Centro de Estudios de Consumo.

Para este experto, “no es un derecho nuevo en sentido absoluto”, es la consolidación jurídica de una reivindicación social y regulatoria que llevaba años creciendo, “la lucha contra la obsolescencia prematura, la mejora de la reparabilidad y el acceso a piezas, información técnica y software de diagnóstico”, comenta Martínez Espín.

La Directiva 2024/1799 de la UE establece que:

• Los fabricantes tienen que ofrecer la posibilidad de arreglar sus productos si se rompen, y estas reparaciones tienen que ser accesibles y asequibles.

• Las reparaciones deben hacerse en un plazo razonable y con un precio justo. Si no es posible, el consumidor puede reclamar un producto reacondicionado.

• Los fabricantes y talleres de reparación deben informar de forma clara sobre servicios, plazos y precios.

• Los consumidores pueden elegir dónde reparar sus dispositivos y no tienen por qué aceptar que sea el fabricante quien lo haga.

• Los fabricantes no pondrán trabas técnicas ni restricciones para evitar que los bienes sean reparados (por ejemplo, bloqueo de software o piezas que no se venden).

• Los países de la UE realizarán campañas de concienciación e incentivos para que más productos sean reparados.

• Se creará una plataforma ‘online’ para que los consumidores puedan acceder fácilmente a talleres de reparación y productos reacondicionados.

Para el catedrático de la universidad castellano-manchega, esta norma es importante para la economía circular “porque convierte la reparación en una opción jurídicamente protegida, no solo en una buena intención ambiental. Eso cambia el mercado: el producto deja de terminar su vida útil en el primer fallo y entra en una lógica de prolongación, reutilización y valor residual”.

Además, conecta con otros instrumentos europeos de transición ecológica, como el reglamento de diseño ecológico para productos sostenibles y las normas sobre información al consumidor para decisiones de compra más sostenibles.

Qué productos incluye el derecho a reparar en la Unión Europea

La lista del anexo II de la directiva incluye, entre otros bienes:

• Lavadoras.
• Lavavajillas.
• Frigoríficos.
• Pantallas electrónicas.
• Aspiradoras.
• Servidores.
• Teléfonos móviles e inalámbricos.
• Tabletas.

“En la práctica, los sectores más impactados serán la electrónica de consumo, los electrodomésticos y los productos digitales, porque son los que más dependen de piezas, software, herramientas de diagnóstico y acceso a información técnica”, comenta el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Qué beneficios tiene el derecho a reparar para consumidores y empresas

• Para los consumidores, la ventaja más importante es que dispondrán de más opciones, menos coste total de uso y más tiempo de vida útil del producto. Además, si el consumidor elige reparar dentro de la garantía legal, la directiva modifica otra anterior sobre compraventa de bienes para ampliar en 12 meses el período de responsabilidad del vendedor.
• En el caso de los fabricantes, la norma puede “impulsar modelos de negocio de reparación, reacondicionamiento y postventa más sólidos, con mayor confianza del cliente y menor litigiosidad sobre información precontractual y disponibilidad de piezas”. La Comisión Europea también destaca que “los Estados miembros podrán adoptar medidas de apoyo, incluidas campañas, vales o incentivos financieros”, comenta Martínez Espín.
• Para el medioambiente, el beneficio es directo: menos residuos, menos extracción de materias primas y menos emisiones ligadas a la fabricación y transporte de sustitutos nuevos. La lógica es pasar del “usar y tirar” al “usar, reparar, reutilizar y reacondicionar”.

Qué limitaciones tiene el derecho a reparar en la práctica

Entre las limitaciones de la norma, este experto destaca que “no impone un derecho universal e ilimitado a reparar cualquier cosa”, que el fabricante solo está obligado cuando la reparación sea posible, y que el “precio razonable” no significa necesariamente que sea barato. “La efectividad real dependerá mucho de la transposición nacional y la supervisión administrativa”, comenta.

Qué es el pasaporte digital de producto y cómo facilita la reparación

El pasaporte digital de un producto es una pieza clave que permitirá identificar de forma detallada sus características, reparabilidad, piezas, mantenimiento y otros datos relevantes sobre su ciclo de vida. Aunque todavía no está extendido en todos los países y para todos los dispositivos, su despliegue se está haciendo por fases. “En la directiva se menciona expresamente como uno de los canales adecuados para informar al consumidor sobre la obligación de reparar”, explica el especialista.

“Su papel práctico es doble: facilita el acceso a información y reduce la asimetría entre fabricante, reparador y consumidor. Y, en clave de economía circular, hace más transparente todo el ciclo del producto, desde el diseño hasta la reparación y el reacondicionamiento”, sostiene Martínez Espín.

Claves del derecho a reparar en la Unión Europea

• Obliga a fabricantes a facilitar reparaciones accesibles
• Garantiza información clara sobre precios y plazos
• Permite elegir libremente el taller de reparación
• Reduce residuos electrónicos y emisiones
• Impulsa la economía circular y la reutilización