Tipos de empresas sociales: ¿son lo mismo que una ONG?
La definición de emprendimiento social es compleja y varía según la perspectiva. Sin embargo, todas convergen en un punto: su propósito de generar impacto social. Existen varios criterios para poder clasificar este tipo de empresas, que tienen en cuenta desde su objetivo hasta la forma jurídica. Además, es crucial distinguirlas de las organizaciones no gubernamentales en lo que respecta al uso que hacen de los beneficios. BBVA aborda en un nuevo monográfico sobre sostenibilidad todas estas cuestiones.

No existe una definición única de emprendimiento o de empresa social. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por ejemplo, describe esta última como “cualquier actividad privada realizada en interés público, organizada con una estrategia empresarial, cuyo objetivo principal no es la maximización de ganancias, sino el logro de ciertos objetivos económicos y sociales. Tiene la capacidad de generar soluciones innovadoras a los problemas de exclusión social y de desempleo”.
La Comisión Europea, por otro lado, señala que “una empresa social es un operador de la economía cuyo objetivo principal es generar un impacto social, en lugar de obtener beneficios para sus propietarios o accionistas. Proporciona bienes y servicios de manera empresarial e innovadora y destina la mayor parte de sus beneficios a conseguir sus objetivos sociales. Se gestiona de forma responsable, involucrando a sus trabajadores, a los clientes y a los accionistas implicados en la actividad empresarial”.
Estas empresas se financian a partir de su propia actividad y es el beneficio generado a través de la venta de servicios o de productos lo que permite promover una acción social o medioambientalmente positiva. “La misma venta les permite realizar acciones sociales a la vez que les da más ingresos para mantenerse, crecer y tener más impacto. Este es el círculo virtuoso que busca el emprendedor social”, explica Ginés Haro, mentor estratégico en financiación y desarrollo de negocios sociales, sostenibilidad y transformación social.
Empresas sociales según su objetivo
Las empresas sociales, al igual que las convencionales, pueden clasificarse atendiendo a diferentes parámetros: su forma legal y jurídica, su sector, su tamaño o sus objetivos, por ejemplo.
En primer lugar, puede hacerse una gran división entre las empresas que nacen con un objetivo social y aquellas que lo hacen por o para un colectivo concreto. Por lo general, colectivos vulnerables, como jóvenes, inmigrantes, discapacitados o mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo.
Entre las primeras, hay ejemplos como Banco Sol o la Fundación Microfinanzas de BBVA, que buscan ampliar el horizonte de los microcréditos, o la Fundación Amoverse, una empresa de formación, orientación laboral e inserción que busca emplear a personas con riesgo de exclusión social.
Entre las segundas, está La Mare Que Va (LMQV), un proyecto de la Fundación Asindown que consiste en un centro de formación en hostelería y turismo para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, o la Fundación ONCE, que busca mejorar la calidad de vida de las personas ciegas o con discapacidad visual.
La forma jurídica de las empresas sociales
La segunda gran división puede realizarse teniendo en cuenta la forma legal de las empresas. “Identificar a una empresa social gracias a su forma legal puede resultar complicado porque, aunque algunas están reconocidas como empresas sociales, como las de inserción o los centros de promoción de empleo, también hay muchas otras que tienen todo tipo de fórmulas, como sociedad limitada (S.L.), sociedad anónima (S.A.) o fundaciones, por ejemplo”, explica Ana María Bojica, catedrática del departamento de Organización de empresas de la Universidad de Granada.
“La forma jurídica les da mucha flexibilidad para operar y alcanzar su objetivo, que es financiarse a través de la comercialización de un servicio o un producto. Todo lo relacionado con el emprendimiento social no se refleja en esta fórmula jurídica, sino que es algo ligado a sus objetivos y a sus valores”, añade.
De acuerdo con el estudio de Esade, el tejido de empresas sociales español presenta formas jurídicas muy diversas. Las que más abundan son las asociaciones y las S.L., seguidas de las fundaciones y las cooperativas. El quinto puesto lo ocupan las empresas de inserción, una forma jurídica que tiene como propósito explícito integrar y dar formación a personas en riesgo de exclusión social.

“La elección de la forma jurídica plantea un dilema a muchos emprendedores sociales: por una parte, la asociación, la fundación o la cooperativa facilitan la creación y el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro, mientras que formas mercantiles como la sociedad limitada proporcionan un mayor acceso al mercado de capital”, explican desde Esade.
En algunos países, existe un modelo de sociedad de responsabilidad limitada que combina el compromiso de solucionar un problema social o medioambiental con la disponibilidad económica para poder hacerlo. Ejemplo de ello es la forma jurídica de las ‘BCorp, las cuales representan un modelo de empresa sostenible y regenerativo, cuyo objetivo persigue “transformar la economía para beneficiar a todas las personas, las comunidades y el planeta”.
ONG vs. empresas sociales: ¿son lo mismo?
Llegados a este punto, es importante aclarar la diferencia entre una empresa social y una ONG. “Se diferencian por la forma jurídica y la posibilidad de utilizar sus beneficios. Si hay resultados positivos, la empresa permite repartirlos, mientras que la ONG debe mantenerlos dentro de la organización y utilizarlos únicamente para sus actividades”, explica Bojica.
Aun así, la frontera es difusa en algunos casos. “Es fácil encontrarse con iniciativas de emprendimiento social que nacen como ONG en su origen y luego van adoptando fórmulas más empresariales, porque acaban autofinanciándose a través de la venta de un producto o servicio. Aunque sigan utilizando de manera complementaria las aportaciones de socios o convocatorias públicas de financiación para proyectos específicos, tienen una base de actividad económica propia que les permite autofinanciarse”, explica la profesora de la Universidad de Granada.