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Análisis Macroeconómico Act. 22 dic 2016

Clasificación de riesgo soberano de Chile bajo la lupa

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Chile tiene una de las más altas clasificaciones de riesgo soberano para un país emergente (S&P: AA-, Moody’s: Aa3, Fitch: A+) y, por cierto, la mejor de América Latina. Esta positiva evaluación es el reconocimiento a la estabilidad política e institucional demostrada durante las últimas décadas, sumada a una conducción macroeconómica responsable y a una adecuada supervisión y regulación del sistema financiero.

Sin embargo, en los últimos tres años el crecimiento económico ha decepcionado, ubicándose en torno a 2% o incluso bajo esa cifra, en circunstancias que el potencial de crecimiento se ubica en torno a 3%. Al mismo tiempo, como consecuencia de una fuerte expansión del gasto público y de un deterioro de los ingresos del gobierno, la situación fiscal se ha deteriorado paulatinamente.

A pesar que el año 2014 el Congreso aprobó una reforma tributaria que eleva la recaudación en 3% del PIB en régimen, el bajo crecimiento y la caída del precio del cobre han jugado en contra de la evolución de los ingresos del gobierno, mientras que las presiones por mayor gasto público en distintos ámbitos (educación, salud, pensiones), ha ido en aumento. Como consecuencia, el déficit fiscal se estima cercano a 3% del PIB este año y el próximo y el endeudamiento público ha subido de forma significativa, pasando desde 13% del PIB en 2013 a 25% del PIB estimado en 2017.

"Es necesario fortalecer la institucionalidad fiscal y estudiar mejoras o complementos a la regla de balance estructural

En este contexto es que la agencia Fitch revisó el 'outlook' de la deuda soberana de estable a negativo. No es una buena noticia haber llegado dónde estamos y refleja que la estrategia fiscal adoptada hasta el momento no convence del todo a los observadores externos. Por ahora es solo una agencia y es solo un cambio de outlook, pero los riesgos de aquí en adelante son que se sumen otras clasificadoras y, sobre todo, que el próximo paso sea un cambio en la clasificación de riesgo, en cuyo caso veríamos efectos materiales en el costo de endeudamiento no solo del gobierno, sino también de empresas y personas.

La solución para enfrentar esta situación no es trivial. Por un lado, es fundamental recuperar mayores tasas de crecimiento para financiar una creciente demanda por mayor participación del Estado sin poner en riesgo los equilibrios macroeconómicos. Por otro lado, también es necesario fortalecer la institucionalidad fiscal y estudiar mejoras o complementos a la regla de balance estructural.

Seguir fortaleciendo la institucionalidad es necesario para que el compromiso con la responsabilidad fiscal no dependa del ministro de Hacienda en ejercicio. La regla diseñada el año 2001 ha sido exitosa para mantener una conducta responsable y disciplinada, sin embargo tras la gran recesión de fines de la década pasada, el ancla fiscal definida como una meta anual para el balance estructural se perdió y no se ha vuelto a recuperar. Más aún, en los últimos años, el déficit estructural, lejos de cerrarse como fue el compromiso inicial de este gobierno, ha seguido creciendo, lo que revela sencillamente un esfuerzo fiscal insuficiente dadas las nuevas condiciones macroeconómicas que enfrenta el país.

En esta línea, ideas como limitar el endeudamiento público anual son razonables, pero junto con ellas se debieran considerar seriamente las reiteradas recomendaciones de organismos internacionales y de expertos locales por fortalecer la autonomía y el rol del Consejo Fiscal Asesor. Es cierto, parafraseando al ministro de Hacienda, estos cambios de outlook no destruyen ni crean un país, pero constituyen una advertencia que debe ser atendida para evitar mayores costos sobre la economía.

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