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Análisis y opinión 28 jun 2018

Crecimiento e institucionalidad: claves para evitar otro 'downgrade' de Chile

En este artículo, el economista Principal de BBVA Research Chile, Hermann González, aborda los factores que a su juicio son clave para que la economía chilena evite otro downgrade en su clasificación de riesgo y mantenga su liderazgo regional como el país con mejor nota de riesgo soberano.

El 13 de julio de 2017 quedará en la historia como la primera vez en que una agencia clasificadora de riesgo –Standard & Poor’s– recorta la nota de crédito soberana de Chile (desde AA- a A+, perspectivas estables). S&P argumentó que el bajo crecimiento económico impactó los ingresos fiscales, lo que sumado a una fuerte presión por elevar el gasto en programas sociales, contribuyó al incremento del endeudamiento y al aumento de la vulnerabilidad externa.

El 11 de agosto pasado, Fitch se sumó a S&P y le bajó la nota soberana a Chile a “A” con perspectiva “estable”, argumentando que la rebaja “refleja el prolongado período de debilidad económica y menores precios del cobre, que están contribuyendo a un deterioro sostenido del balance soberano”.

Recuperar el crecimiento económico y fortalecer la institucionalidad fiscal son los factores clave”

Pese a tratarse de hechos en gran medida anticipados por el mercado, la experiencia internacional de eventos similares en los últimos 20 años muestra que el ‘downgrade’ no es inocuo para los mercados financieros.

Pensando en el mediano y largo plazo, y teniendo en vista el liderazgo que ha distinguido a Chile en América Latina en materia de riesgo soberano, ahora la discusión debe centrarse en cómo evitar que el país entre una espiral de sucesivos recortes en la clasificación de riesgo. En este sentido, recuperar el crecimiento económico y fortalecer la institucionalidad fiscal son los factores clave.

El crecimiento económico debe volver a ser una prioridad, tomando medidas que apunten en la dirección de mejorar los incentivos para la inversión y reducir los focos de incertidumbre. Solo con mayor crecimiento será posible continuar mejorando el bienestar de la sociedad y financiar de manera sostenible la demanda por bienes y servicios públicos de una creciente clase media.

Mejorar los incentivos para la inversión y reducir los focos de incertidumbre”

En segundo término, este proceso de revisión de las perspectivas de la deuda soberana debería llevar al país a discutir la forma de fortalecer la institucionalidad fiscal. En efecto, ha quedado en evidencia que la regla fiscal no ha sido suficiente para mantener un déficit fiscal acotado y una dinámica de la deuda que sea sostenible en el tiempo. Así, podría ser necesario poner restricciones adicionales a la política fiscal, como límites al endeudamiento anual y cláusulas de escape que definan claramente el proceso de consolidación fiscal cuando, por causas de fuerza mayor, se deba renunciar a cumplir la meta como ocurrió el año 2009.

Como parte de las mejoras institucionales, no puedo dejar de mencionar la necesidad de contar con un Consejo Fiscal autónomo, creado por ley, que trascienda por lo tanto a un determinado gobierno y que cuente con funciones más amplias que las actuales. Una institución como esta contribuiría a aumentar la transparencia de las decisiones del gobierno en materia de ingresos, gasto y balance; reforzaría la credibilidad; podría evaluar de forma independiente los costos de propuestas que involucran mayor gasto público, levantar alertas fiscales y de sostenibilidad y proponer de forma independiente medidas para enmendar el rumbo.

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