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Opinión 05 marzo 2020

Un paso más hacia un 'sandbox' regulatorio en el sistema financiero español

Lucía Pacheco, del equipo de Regulación de BBVA, analiza en esta tribuna por qué es positiva la aprobación del proyecto de ley que sienta las bases para la creación de un ‘sandbox’ regulatorio en España. Con esta medida, opina, el país se pone a la vanguardia de la innovación en los servicios financieros.

España ha dado un paso importante para lograr un sector financiero más innovador, competitivo y seguro gracias a la aprobación en el Consejo de Ministros del esperado proyecto de ley para la transformación digital del sistema financiero, cuyo objetivo principal es la creación de un banco de pruebas, conocido popularmente como ‘sandbox’ regulatorio. Un ‘sandbox’ regulatorio es un espacio de experimentación, acotado y supervisado, en el que las empresas pueden probar proyectos novedosos con clientes reales.

Podemos citar tres razones por las que esto constituye una excelente noticia para todo el ecosistema ‘fintech’ nacional, que incluye a bancos y nuevos entrantes. En primer lugar, un ‘sandbox’ regulatorio puede contribuir a reducir el coste y el tiempo de innovar para las empresas, al proporcionar certidumbre y flexibilidad regulatoria. En segundo lugar, constituye una herramienta clave de las autoridades para hacer frente a los retos del nuevo entorno digital. Al dotar a las autoridades de visibilidad directa sobre las fases tempranas de desarrollo de proyectos innovadores, los ‘sandboxes’ regulatorios favorecen el proceso de aprendizaje de los reguladores y los supervisores, acelerando así el proceso de adecuación del marco normativo, que puede basarse en evidencia empírica previa. Por último, con la aprobación de este proyecto España se unirá al reducido número de países – 6 en Europa y menos de 30 a nivel mundial – que se han situado a la vanguardia en materia de políticas de innovación en el sector financiero. El país puede así convertirse en un ‘hub’ de innovación que atraiga talento e inversión a nivel global.

Pero, ¿qué hace del ‘sandbox’ un instrumento de política pública tan potente? Al igual que ocurre en cualquier otro sector – pensemos en la industria farmacéutica, por ejemplo – la posibilidad de contar con un proceso de prueba con clientes reales es una parte esencial en cualquier proceso de innovación, ya que permite a las empresas aprender y ajustar su propuesta de valor en una fase temprana.  Evidentemente, esta fase de experimentación debe realizarse bajo la vigilancia de las autoridades, con las máximas garantías para los participantes y asegurando la adecuada identificación y control de los posibles riesgos. En sectores fuertemente regulados, no obstante, este proceso de prueba temprana no resulta tan sencillo. Este es precisamente el problema que los reguladores han tratado de solventar con la creación de ‘sandboxes’ regulatorios.  Así, uno de los rasgos más potentes de esta herramienta es que busca el equilibrio entre flexibilidad regulatoria, certidumbre sobre las expectativas supervisoras y seguridad. Esto se consigue mediante la combinación de un paraguas legal sólido e innovador – proporcionado por el proyecto de ley -, y acuerdos celebrados ‘ad-hoc’ entre las empresas participantes y las autoridades con el fin de establecer las reglas de cada prueba. Estos acuerdos contienen la hoja de ruta de la fase de pruebas, ya que en ellos se detallarán las reglas y obligaciones aplicables, aspectos como el alcance o la duración, y las garantías a aportar por la empresa para asegurar la máxima protección de los participantes.

La correcta definición de estos acuerdos es, por lo tanto, un paso clave en la puesta en marcha del ‘sandbox’ regulatorio. No obstante, antes de llegar a esa fase queda todavía camino por recorrer. Una vez finalice el proceso de tramitación parlamentaria se espera que la Secretaría General del Tesoro abra la primera convocatoria de proyectos, a la que en principio podrá presentarse cualquier empresa – regulada o no – que cuente con un proyecto basado en un uso innovador de la tecnología aplicada a la provisión de productos y servicios financieros. Los proyectos deberán encontrarse en una fase de definición suficiente como para poder ser testados con clientes reales, y deben ser beneficiosos para los consumidores o el mercado en su conjunto. Posteriormente, las propuestas serán estudiadas y valoradas por el Tesoro y la autoridad o autoridades correspondientes – Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General de Seguros. Una vez las empresas promotoras de proyectos reciban la luz verde de las autoridades, previa redacción del plan de pruebas antes mencionado, comenzará la fase de experimentación propiamente dicha. 

En definitiva, tenemos por delante varios meses de intenso trabajo, que sin duda requerirá importantes esfuerzos de coordinación por parte de las autoridades, pero también del sector privado. No obstante, el resultado esperado es prometedor, ya que puede acercarnos al tan ansiado equilibrio entre el desarrollo de la innovación y la necesaria estabilidad financiera. Sin duda, se ha dado un paso más en esta andadura.

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