Estas son las novedades de la nueva Ley de Movilidad Sostenible: menos vuelos cortos, más tren y más bici
España estrena una nueva legislación que cambiará la forma en que concebimos la movilidad. La Ley de Movilidad Sostenible persigue el objetivo de reducir emisiones, modernizar el transporte y fomentar una movilidad más eficiente, con medidas que van desde la revisión de las etiquetas de la DGT hasta nuevos planes destinados a las empresas.

La movilidad en España se prepara para una nueva etapa. Con la aprobación de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, el Gobierno busca adaptar el transporte a los retos climáticos y sociales de los próximos años. Una norma que introduce novedades en cómo nos desplazamos, cómo las empresas gestionan todo lo relacionado con el transporte y cómo se planifican las infraestructuras del país.
La movilidad como un derecho de toda la ciudadanía
Uno de los principales avances de esta ley es que reconoce la movilidad como un derecho ciudadano. Esto significa que las administraciones deberán garantizar que todas las personas puedan desplazarse en condiciones seguras, accesibles y sostenibles. Un enfoque que amplía la visión tradicional del transporte, acercándose a la idea de que este es un servicio público esencial.
El texto también pone especial atención en el ámbito empresarial. Las compañías con más de 200 empleados (o 100 por turno) deberán elaborar planes de movilidad sostenible que contemplen medidas orientadas a reducir los desplazamientos asociados a su actividad y las emisiones contaminantes que estos generan. Dichos planes deberán promover alternativas como el uso del transporte público, la bicicleta o los vehículos compartidos, y serán objeto de negociación con los representantes de los trabajadores. El objetivo final es avanzar hacia una reducción efectiva de las emisiones en el ámbito empresarial.
Un impulso al transporte sostenible
Uno de los cambios más destacados afecta al transporte aéreo. La ley limita los vuelos de corta distancia cuando exista una alternativa ferroviaria de menos de dos horas y media, con el objetivo de reducir la huella de carbono y fomentar el uso de la red de trenes de alta velocidad. Asimismo, busca impulsar la recuperación de los trenes nocturnos, una medida orientada a facilitar los desplazamientos de larga distancia con un menor impacto ambiental.
La norma introduce también una revisión de las etiquetas medioambientales de la DGT, incorporando nuevos criterios basados en las emisiones reales de CO₂. Este cambio podría modificar la clasificación actual de los vehículos y redefinir las ventajas o restricciones asociadas a cada categoría. En ese sentido, la reforma se llevará a cabo "teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO₂ como criterio adicional".
La electrificación del transporte es otro de los ejes principales. La ley establece que antes de 2030 deberá existir una red suficiente de puntos de recarga eléctrica en carreteras, aeropuertos y puertos. Con ello se busca facilitar el uso de vehículos eléctricos y acelerar la transición hacia una movilidad más limpia.
La aprobación de la norma permitirá desbloquear alrededor de 10.000 millones de euros procedentes de fondos europeos, destinados a proyectos de movilidad sostenible e infraestructuras inteligentes relacionadas con el ámbito del transporte. Una inyección económica que apoyará la modernización del transporte público y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad.
La ley también refuerza la obligación de transparencia y seguimiento. Las administraciones deberán publicar datos sobre desplazamientos, emisiones y grado de cumplimiento de los objetivos para evaluar de forma continua el impacto real de las medidas adoptadas. Con ello, la Ley de Movilidad Sostenible da un paso decisivo hacia un sistema de transporte más eficiente, accesible y sostenible, que sitúa a las personas y al medioambiente en el centro de las políticas de movilidad.