Se acerca la hora del ‘big data’ para las administraciones públicas. La Agencia Tributaria española se plantea como próximos pasos profundizar en una analítica avanzada que automatice las decisiones que hoy toman los inspectores de Hacienda.
La Agencia Tributaria se creó en 1992 y desde entonces tiene básicamente dos funciones: facilitar el pago de impuestos y luchar contra el fraude fiscal, que el Consejo de Economistas cifra en 26.000 millones de euros, una cifra incluso conservadora en comparación con otros estudios.
José Borja Tomé, subdirector general de Tecnologías en la Agencia Tributaria, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, explica que la entidad lleva más de 25 años haciendo lo mismo con distintas tecnologías, cada vez más sofisticadas. Este año, el ‘big data’ es el que cobra protagonismo, como lo explicó Borja Tomé en Big Data Spain, celebrada en Madrid, y donde explicó cómo utiliza los datos la Agencia Tributaria.
La Agencia Tributaria cuenta con casi 25.000 funcionarios, de los que más de 10.000 tienen acceso a la información fiscal de los contribuyentes. Son datos extraordinariamente sensibles, por lo que la primera preocupación del organismo es la gobernanza de los datos y su seguridad. Es información, además, muy heterodoxa, pues existen hasta 100 modelos de declaración fiscal, mucho más allá del IRPF.
En el sistema actual, la Agencia Tributaria tiene una enorme cantidad de datos sobre los asalariados, lo que le permite por un lado facilitar la contribución (con los ya clásicos borradores) y también detectar posibles irregularidades. “Sabemos casi todo, pues cruzamos la información del empleado, del empleador, de los notarios, de los registros, de los bancos...” Su situación no es tan ventajosa con las empresas, y ese el actual campo de batalla de la Agencia, según Tomé.
Para obtener la máxima información posible, Hacienda ha puesto en marcha el Suministro Inmediato de Información (SII), un proyecto que tras dos años de preparativos arrancó el pasado julio. Con esta plataforma, Hacienda obliga a la mayor parte de las empresas a remitir en un máximo de ocho días todas las facturas remitidas y recibidas.
Más información, más poder, ahora también sobre las empresas tentadas de mirar hacia otro lado cuando hay que pagar impuestos. Por ejemplo, con el SII es mucho más fácil detectar prácticas fraudulentas, como el 'software' de doble uso, es decir, programas informáticos cuya razón de ser es la ocultación de ventas.
Pero hay más. “Una vez que hemos empezado a contar con esta infraestructura nos hemos dado cuenta de que podemos hacer más cosas con ella”, explicó Borja Tomé, “como determinar las participaciones accionariales en las compañías”. En circunstancias normales, esto no es un gran avance, pero sí resulta muy útil para desenmascarar a presuntos insolventes que tienen un entramado de sociedades pantalla donde ocultan sus activos. “Ahora es mucho más fácil explicarse el florecimiento súbito de determinadas fortunas y quiénes son sus auténticos dueños. Es una analítica de comprobación cruzada ('cross-checking') sencilla, que da buenos resultados”.
Según explicó el subdirector general, el siguiente paso de Hacienda en el uso de los datos es el uso de analítica avanzada que permita ir automatizando decisiones que hoy toman los inspectores. Las máquinas desbrozarían entonces aún más el terreno de esos funcionarios públicos, detectando patrones fuera de lo común. Así, y gracias en gran parte al uso analítico de los datos, no solo se evita que, como dijo Tomé, “los que sí pagan impuestos acaban pagando más porque alguien no lo hace. Además, el uso de los datos hace que seamos una de las agencias tributarias de Europa que menos cuesta a sus contribuyentes”.