Un estudio en 10 países, España incluido, cataloga a los consumidores como mayormente pragmáticos a la hora de proporcionar sus datos: de acuerdo, pero a cambio de beneficios, incluso una recompensa económica directa. Además, el informe sitúa a los españoles entre los ciudadanos que más confían en su gobierno para que salvaguarde los datos personales dispersos por la nube.
En España predomina una actitud pragmática hacia la privacidad de los datos: a los españoles no les importa compartir información con una empresa, si con ello se obtiene algún beneficio, como un mejor servicio o un descuento. En esto coincide con Estados Unidos, Argentina o Canadá, pero España es el país en el que esta disposición es más alta: un 59% de los consumidores se ven como pragmáticos, según un reciente estudio impulsado en 10 países por la Global Alliance of Data-Driven Marketing Associations (GDMA) y realizado en España por ICEMD, el Instituto de Economía Digital de ESIC.
Joost van Nispen, fundador y presidente de ICEMD, explica que el informe tiene su origen en la curiosidad por saber lo que piensa el consumidor sobre el papel de sus datos ("se habla mucho en su nombre, pero nunca se le pregunta en serio"), y la primera sorpresa es que su postura es similar, proceda de donde proceda: "Pese a las diferencias culturales y de nivel económico, lo que piensa el consumidor de cualquier parte coincide bastante".
Dentro de los de mentalidad abierta, a los pragmáticos (un 51% global), explica Van Nispen, se suman los usuarios despreocupados (un 26%), una categoría que engloba, sobre todo, a los ‘millennials’: "Tienen una visión muy diferente, de total libertad, sobre la privacidad, están acostumbrados a compartir temas muy personales en redes sociales". En franca minoría quedan los fundamentalistas o conservadores (23%): "Estos se sienten profundamente incómodos al compartir datos. Son aquellos que prefieren pagar por una cuenta de email antes que darle sus datos a Gmail, por ejemplo".
A la hora de pagar por ciertos servicios, precisamente, hay una curiosa división: más consumidores acceden a proporcionar sus señas de identidad para recibir servicios gratuitos como el correo electrónico, la mensajería instantánea o el acceso a redes sociales. Sin embargo, si se trata de plataformas de ‘streaming’ como Spotify o Netflix, no les importa pagar por ellos sin dar sus datos. "Se ve un cambio. Ahora hay contenidos de alto valor como esas plataformas por los que la gente acepta pagar", cuenta Van Nispen: "Sin embargo, están acostumbrados a tener gratis el email o Whatsapp y no es un problema que los datos que dan a esas empresas sean casi de dominio público, siempre que haya transparencia total (el pecado reciente de Facebook fue mentir) y un control absoluto para poder cambiar de opinión en cada momento. La clave es la confianza y la complicidad con la empresa".
Y los gobiernos, ¿dónde quedan en este asunto? Curiosamente, España es el país en el que un mayor porcentaje de encuestados cree que el principal responsable de la salvaguarda de los datos es el Estado (un 24%, frente al 15% global). "Aquí nos quejamos mucho de los gobiernos, pero sigue existiendo la idea de que los grandes problemas del país los tiene que solucionar el Gobierno", resume Joost van Nispen: "Y la legislación, en general, creo que responde bien a esa preocupación. Lo hemos visto con la nueva GDPR comunitaria, que se basa en transparencia, consentimiento y control".
El pragmatismo respecto a los datos propios implica perseguir beneficios, en forma de una mejora de los servicios, descuentos, puntos en programas de fidelización... o incluso dinero contante y sonante. Casi la mitad de los 11.000 entrevistados se sienten más inclinados a compartir sus datos si hay una recompensa económica directa, algo que ya se está haciendo —y sin engaños—, según cuenta Van Nispen: "Acabo de volver de un viaje a Inglaterra y he descubierto una plataforma, People.io, basada en que te pagan por cada dato que proporcionas, aunque en cada momento puedas determinar qué hacer con ellos".