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¿Qué es y cómo está regulada la financiación sostenible?

La financiación sostenible es un instrumento de financiación relacionado con el medioambiente, energías verdes y con proyectos sociales o de crecimiento inclusivo. Esta alcanzó en España la cifra de 60.134 millones de euros en 2022, según datos del Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO).

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Las finanzas sostenibles están ya marcando el rumbo empresarial y social. Además, lo van a seguir haciendo durante los próximos años a un ritmo muy acelerado. Es un cambio de cultura que el mundo financiero y no financiero está impulsando con productos que satisfacen las necesidades de unos inversores y un público cada vez más concienciado. En definitiva, se trata de un cambio de paradigma; una apuesta decidida por proyectos que apoyan la transición hacia un futuro más sostenible.

Pero, ¿qué es la financiación sostenible? Al ser un concepto relativamente nuevo no siempre está claro para todos. Se entiende por financiación sostenible la capacidad de una organización para captar recursos para sus actividades, en base a unos criterios no solo financieros sino también ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Para Gustavo Yepes-López, director de Iniciativas para el desarrollo sostenible de la facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, estamos ante un cambio crucial. “Tradicionalmente, la toma de decisiones se llevaba a cabo con perspectiva financiera y ahora se incluyen otros aspectos ambientales y sociales, que son importantes para que podamos contribuir en un desarrollo sostenible”.

Los estándares que regulan la financiación sostenible

Ese tipo de financiación obliga a las instituciones y empresas a cumplir unos estándares sostenibles, es decir, podrá ser concedido a organizaciones, públicas o privadas, que atesoren principios y desempeños sólidos en materia ambiental y social; para empresas que quieran realizar una transición sostenible. Las empresas que reciben este tipo de financiación obtienen condiciones favorables y hacen visible así su compromiso con la sociedad.

La financiación puede llegar en forma de préstamos o de bonos. Pero, ¿qué proyectos pueden recibir financiación sostenible? Proyectos verdes cuyo fin sea promover energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, entre otros en la parte medioambiental. “Pueden ser proyectos grandes y pequeños: desde empresas que busquen cambiar la instalación eléctrica por placas de energía solar hasta grandes proyectos”, explica Beatriz Fernández Olit, profesora de la Universidad de Alcalá y colaboradora de la organización Economistas sin Fronteras.

Financiación sostenible para proyectos sociales

Otras financiaciones pueden también tener requisitos sociales, explica Fernández Olit. Entre ellas, el respeto escrupuloso a los derechos humanos en la construcción de infraestructuras, por poner un ejemplo. Este es un punto en el que la gran banca es muy activa, con BBVA a la cabeza desde que se adhiriera a los principios de Ecuador en 2004. El banco se convirtió así en la primera entidad financiera española que los firmó. En definitiva, la financiación sostenible y sus criterios están muy ligados hoy en día a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

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¿Quién vigila la financiación sostenible?

Para la parte de financiación bancaria se encuentra la LMA, en sus siglas en inglés. La Loan Market Association establece los criterios que deben cumplir los préstamos sostenibles y vinculados a la sostenibilidad.

En el caso de los bonos, una de las entidades que vigila que se cumpla una serie de criterios es la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, en sus siglas en inglés), que promueve una guía y una serie de principios para los bonos verdes. También ofrece guías para la emisión de bonos sociales y bonos asociados a la sostenibilidad.

Los principios de ICMA se resumen en estos campos o requisitos que tanto las organizaciones emisoras como los inversionistas deben cumplir:

  1. Uso de los fondos de los bonos. Exponer el proyecto en el que se van a utilizar los fondos.
  2. Proceso de evaluación y selección de proyectos. El emisor debe informar de cuáles son los objetivos de sostenibilidad ambiental del proyecto.
  3. Gestión de los fondos. En todo momento se debe informar del uso de fondos.
  4. Informes. Los emisores deben emitir un informe anual que debería incluir una lista de los proyectos a los que se han asignado los fondos del bono, así como una breve descripción de los proyectos y las cantidades asignadas, y su impacto esperado.

Desde 2018, la Comisión Europea ha liderado un ambicioso plan de Finanzas Sostenibles, “una hoja de ruta para potenciar el papel de las finanzas en la consecución de una economía que funcione correctamente y permita también alcanzar los objetivos ambientales y sociales”, tal y como reconocía el propio organismo en su web. En su análisis, la institución europea recalcó que es necesario reducir un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero y una inversión de 180.000 millones de euros adicionales para alcanzar los objetivos europeos establecidos para 2030.

Desde Europa se ha recogido el testigo de ICMA. En 2019 se presentó una nueva taxonomía para clasificar y potenciar las actividades que son consideradas como sostenibles. Un comité de expertos en finanzas sostenibles (conocido como TEG, por sus siglas en inglés) se ha encargado de analizar las mejores prácticas. “A diferencia de otros organismos, la Comisión Europea ha establecido que estos criterios sean de obligado cumplimiento desde 2022”, explica Fernández Olit.

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La regulación financiera no se queda atrás

En julio de 2021, la Comisión Europea publicó su estrategia renovada de finanzas sostenibles, definiendo nuevas acciones para fomentar la inversión privada en proyectos y actividades sostenibles, de cara a apoyar las diferentes acciones establecidas en el Pacto Verde Europeo y a gestionar e integrar los riesgos climáticos y medioambientales en el sistema financiero.

La regulación financiera no se ha quedado atrás frente a estas tendencias, y está avanzando a pasos agigantados en este novedoso campo. Desde un punto de vista global, la Red para Enverdecer el Sistema Financiero (NGFS, por su siglas en inglés: Network for Greening the Financial System) es un foro mundial de bancos centrales y supervisores que está trabajando en publicar guías para los bancos centrales, en estudiar si los activos verdes y el resto tienen diferente riesgo y en diseñar escenarios futuros climáticos. Por su parte, el Comité de Basilea está analizando si los riesgos climáticos pueden ser abordados por el marco prudencial bancario, incluyendo la regulación, la supervisión y la divulgación de información al mercado.

En paralelo, Europa está tomando pasos mucho más concretos. En términos de divulgación al mercado (pilar 3, según la terminología de Basilea) la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) publicó una propuesta que incorpora el ratio de activos verdes, que es la proporción del balance que se considera sostenible.

En cuanto al proceso supervisor (pilar 2), la EBA publicó las directrices y estándares sobre la posible inclusión en el examen supervisor anual (SREP, en sus siglas en inglés) de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, y en 2022 el Banco Central Europeo realizó su primer test de estrés verde.

¿Es la financiación sostenible algo nuevo?

Para encontrar el inicio de la financiación sostenible debemos trasladarnos a la década de 1970, sugiere el profesor Yepes-López. “En esos años nos empezamos a dar cuenta que el crecimiento económico y productivo constante no es posible y que conllevaba una serie de problemas ambientales. Empezamos a pensar en que otro modelo era posible. Gerentes, accionistas y gobernantes empiezan a hablar sobre sostenibilidad y desarrollo sostenible aplicada a la producción y a las finanzas”, explica. “Los cambios sociales que se viven en los años 60 y 70, como las protestas contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, dan pie a que personas particulares se organicen y no quieran que su dinero se canalice a actividades que estén relacionados con la contaminación o el daño al medioambiente. Es la semilla para la futura creación de entidades bancarias éticas”, señala Fernández Olit.

La primera Conferencia Científica de las Naciones Unidas -también conocida como la Primera Cumbre para la Tierra- que se celebró en Estocolmo (Suecia) en 1972; la creación del marco de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (principios IFC, por sus siglas en inglés) para reducir el riesgo y el impacto negativo de la actividad empresarial en el medioambiente; los citados Principios de Ecuador de 2004 o las convenciones contra el cambio climático todos han sido acontecimientos importantes para llegar hasta hoy.

Marta Cuesta, coordinadora del Máster en Sostenibilidad y RSC IP del grupo de investigación FINRES de la UNED, destaca que el momento actual de descarbonización de la economía y conciencia sostenible es el más apropiado para que estos instrumentos y soluciones crezcan. “Ahora mismo hay un mercado muy grande de inversores que necesitan colocar su dinero de una forma más verde de lo que hacían antes. Y al mismo tiempo, hay muchas entidades bancarias que van a tener que demostrar en sus informes anuales y cuentas de resultados cuánta parte del crédito ha ido a proyectos que favorecen la descarbonización de la economía”, señala la profesora.

El año 2020 se recordará como el año de la pandemia del COVID-19 pero también supuso un despertar de las políticas sociales y económicas en color verde. En España, por ejemplo, la financiación sostenible creció en 2020 un 45% respecto a 2019 hasta alcanzar los 33.026 millones de euros, según datos del citado informe Financiación Sostenible en España en 2020 realizado por el Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO). De acuerdo con sus cálculos, uno de cada ocho euros emitidos en España en la primera mitad de 2021 fue para proyectos sostenibles; mientras que la emisión de bonos sostenibles creció un 70% en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2020, hasta alcanzar los 15.103 millones de euros.

Además, la Comisión Europea dio en 2020 un paso muy importante al aprobar el plan de Recuperación Económica (Next Generation EU) para el periodo 2021-2027. Este plan apuesta por las energías verdes como motor del cambio y destina un total de 750.000 millones de euros a la digitalización y descarbonización de las actividades económicas en el continente. Incluye, también, una fuerte apuesta por la lucha contra el cambio climático con un 30% del total presupuestado.

Pero llegar hasta allí no fue fácil. Desde entonces, la financiación verde no ha parado de subir. Ahora son posibles proyectos sostenibles financiados por entidades tradicionales y con inversores tradicionales. “Se han dado muchos pasos hasta alcanzar este tipo de instrumentos de inversión. Y sobre todo se ha trabajado en estándares para evitar el 'greenwashing' (promover de forma engañosa la imagen verde de una empresa)”, explica Cuesta.

BBVA y la financiación sostenible

En 2022, BBVA elevó hasta 300.000 millones de euros su objetivo de financiación sostenible. La entidad se ha convertido en los últimos años en un referente bancario a nivel mundial en préstamos sostenibles. Ha duplicado su objetivo inicial hasta los 300.000 millones de euros en financiación sostenible en el periodo 2018-2025.

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Asimismo, BBVA ha avanzado en su objetivo de apoyar a sus clientes corporativos en sus estrategias de financiación sostenible a través de un innovador marco de producto transaccional sostenible pionero en la industria.

El 1 de marzo de 2021 Global Finance otorgó a BBVA el premio mejor banco de inversión del mundo en financiación sostenible. Recientemente la misma publicación ha reconocido a la entidad como el mejor banco del mundo en el apoyo a la sociedad, un reconocimiento a escala mundial a su esfuerzo constante por ofrecer a sus clientes un amplio abanico de productos y soluciones de banca de inversión y acompañarlos en la transición hacia un futuro más sostenible.

Además, en 2021, BBVA se convirtió en uno de los 43 miembros fundadores de la alianza bancaria de cero emisiones netas (Net-Zero Banking Alliance: NZBA, por sus siglas en inglés). Los bancos de esta alianza se comprometen a que todas sus carteras de crédito y de inversión sean neutras en emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050.

BBVA lleva años comprometido con alinear su actividad conforme a los objetivos marcados en el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y ayudar a sus clientes en este cambio de paradigma. En 2019, incorporó la sostenibilidad como una de sus seis prioridades estratégicas, poniendo el foco en la lucha contra el cambio climático y el crecimiento inclusivo y en 2022 se ha convertido en el banco europeo más sostenible por cuarto año consecutivo, según Dow Jones Sustainability Index.