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Vivienda 01 sep 2017

Carlos Serrano: Se necesitan políticas de vivienda claras en favor de la Ciudad de México

Ante los nuevos cambios impulsados dentro de la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, aprobada por la Asamblea Legislativa capitalina el 1º. de agosto de 2017, Carlos Serrano Herrera, economista jefe de BBVA Bancomer, destaca en su artículo “Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México: preocupante política económica”, publicado en El Financiero,  la necesidad de aprobar lineamientos claros y objetivos que fomenten un crecimiento ordenado y eficiente que se traduzca en beneficios para los compradores de vivienda y los habitantes de la capital del país.

Carlos Serrano destaca que, en caso de no acotar y clarificar, se podría dar espacio a malinterpretaciones que pueden llevar a causar distorsiones económicas, pudiendo desencadenar un crecimiento desordenado de la Ciudad de México y tener repercusiones en los compradores de viviendas de menores montos.

El economista destaca, en primer lugar, el hecho de que la nueva Ley marque que cualquier construcción orientada a los trabajadores derechohabientes a los institutos públicos de vivienda, ya sea Infonavit o Fovissste, tendrá que ser por reglamento, de nueve pisos. Serrano destaca que “es deseable que la ciudad crezca de forma vertical, pero este proceso se debe dar mediante fuerzas de mercado y no por ordenamientos gubernamentales”, y pone como ejemplo la Ciudad de Nueva York, donde al igual que la Ciudad de México, la disponibilidad de tierra es limitada, pero creció de manera vertical, porque los incentivos estaban alineados para ello y no por alguna directriz gubernamental.

Es deseable que la ciudad crezca de forma vertical, pero este proceso se debe dar mediante fuerzas de mercado y no por ordenamientos gubernamentales”

En su colaboración quincenal, Serrano también se pregunta por qué nueve pisos, y no más o menos. Destaca que mientras más vivienda pueda tener una edificación en un terreno específico, mayores márgenes obtendrán los constructores y los consumidores pagarán menores precios unitarios, pero subraya que “la medida propuesta impone restricciones a la oferta, y eso siempre resulta en un aumento de precios a los consumidores y en ineficiencias en la asignación de recursos”.

El segundo punto a analizar radica en que la nueva ley restringe que un nuevo comprador pueda vender dentro de los primeros siete años posteriores a la adquisición, en un monto mayor al que la adquirió, actualizado por inflación. El economista jefe de BBVA Bancomer considera la política como regresiva, al impedirle a los trabajadores poder obtener plusvalías en las que, para la mayoría de los casos, es la inversión más importante de su vida.

En sus conclusiones destaca que aun cuando los nuevos cambios pudieran parecer bien intencionados, podrían afectar a los consumidores, y, principalmente, a los usuarios de menores recursos.

La colaboración completa para el periódico El Financiero se publicó el 1º. de septiembre de 2017 y puede consultarse en este Link.

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