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Opinión 21 julio 2021

La regulación bancaria pos-COVID-19

Tras un año marcado por la pandemia los reguladores deben hacer frente a la salida de la crisis manteniendo los equilibrios, vigilando la velocidad de retirada de las medidas excepcionales y manteniendo un marco de competencia razonable entre países. Esta salida debe ser una oportunidad para replantear la nueva normalidad, apuntalando la recuperación y sentando las bases de una regulación más eficiente.

La reciente crisis ha supuesto una prueba de fuego para la regulación bancaria mundial, pues en sus manos estaba el facilitar que los bancos pudieran apoyar a sus economías en un momento crucial. Y los reguladores y supervisores han dado la talla, haciendo uso de la flexibilidad disponible en el marco y relajando otros requisitos para permitir que las entidades se centraran en atender a sus clientes. Pero aún queda mucho por hacer.

Los reguladores deben ser cautelosos en la salida del “modo crisis”, velando por mantener varios equilibrios. En primer lugar, es importante vigilar la velocidad de retirada de las medidas excepcionales, evitando por un lado precipitarse y por otro mantener demasiado tiempo medidas que impidan un funcionamiento normal de los mecanismos de control de riesgos. En particular, en un momento en que la mora aún no ha aflorado, gracias a las medidas de apoyo (como las moratorias o los periodos de carencia) los bancos tienen un papel que jugar en la identificación de empresas viables y no viables y en ayudar adicionalmente a sus clientes, y una carga regulatoria excesiva (en términos de provisiones u operativa) podría dificultar este papel.

En segundo lugar, los reguladores deben alcanzar un equilibrio entre mantener un marco de competencia razonable entre países, lo que pasa por aplicar un tratamiento común, y tener en cuenta al mismo tiempo las particularidades de cada uno (resultado de diferencias en la situación económica, en las medidas implementadas y en el ritmo de salida). Por ejemplo, no se pueden aplicar los mismos ratios para evaluar un país donde las empresas tengan un tamaño mayor y otro donde predominen las pymes, o una economía basada en la industria con otra con más peso del turismo. Una salida de la crisis a diferente velocidad en los países podría generar problemas de competencia.

Al mismo tiempo, la salida de esta crisis es una oportunidad para replantearnos la nueva normalidad. Hay un creciente consenso en que la regulación es demasiado compleja y prescriptiva, y escasamente flexible ante shocks inesperados como el Covid. Es urgente corregir el carácter procíclico de la regulación, lo que pasa por un mayor peso de los requerimientos macroprudenciales y menor de los colchones estructurales. Más en general, la crisis financiera iniciada en 2007-2008 produjo un endurecimiento de la regulación que quizás ha ido demasiado lejos. Es un buen momento para plantearnos cuál es el nivel óptimo de los requisitos de capital. Más allá de la regulación, su aplicación concreta depende del marco de supervisión, donde el margen de maniobra de las autoridades es muy amplio. Conviven hoy un marco regulatorio tremendamente detallado con una supervisión que impone requisitos muy exigentes pero de trazo grueso, que muchas veces tienen un impacto mucho mayor. Y todo ello en un mundo crecientemente fragmentado, donde los bancos globales deben competir con reglas muy distintas en diferentes geografías, y muchas veces en desventaja frente a las entidades locales. En estas condiciones, los estándares internacionales posiblemente deberían ser menos ambiciosos y detallados, centrándose en aspectos que afectan al marco de competencia global.

En Europa estas tendencias presentan ciertas particularidades. Por ejemplo, Europa está en plena incorporación a su normativa de la última parte del estándar internacional de capital conocido como Basilea III, cuyo primer borrador se espera para este otoño. Es vital que se tengan en cuenta las especificidades europeas (como el menor tamaño de sus empresas, que lleva a incluir un factor de apoyo para pymes que facilite su financiación), y al mismo tiempo se debe evitar que una presión regulatoria excesiva impida a los bancos apoyar a sus economías, sin desviarse de manera indebida de los estándares globales acordados. Otra particularidad es el marco de resolución europeo que ahora se está reformando, para lo que se emitirá regulación hacia final de año. Este cambio puede ser de gran calado, en particular sobre el proyecto de Unión Bancaria, cuya culminación con un Fondo de Garantía de Depósitos común está aún pendiente.

Hasta ahora la regulación financiera ha estado librando la guerra anterior (la que siguió a la crisis de Lehman Brothers), pero ahora debe enfocarse en prepararse para la guerra que viene. La digitalización de la actividad financiera tiene implicaciones muy profundas que ya estamos observando: pagos sin efectivo y sin contacto, operaciones bancarias por el móvil, nuevos operadores procedentes del mundo digital (incluyendo los gigantes de internet), innovaciones tecnológicas que traspasan fronteras (como la computación en la nube o los criptoactivos), infraestructuras descentralizadas y disruptivas como blockchain… Al mismo tiempo, el foco en la sostenibilidad está transformando radicalmente la forma de operar de los bancos y sus clientes. La banca, al igual que otros sectores, está embarcada en un proceso acelerado de interiorización de los nuevos estándares medioambientales, sociales y de gobierno corporativo.

Ahora debemos centrarnos en apuntalar la recuperación y sentar las bases de una regulación más eficiente, que permita compatibilizar los objetivos tradicionales de estabilidad financiera y eficiencia con los nuevos de sostenibilidad. Es un reto formidable y apasionante, que requiere la colaboración y un diálogo permanente entre las autoridades, el sector privado y el conjunto de la sociedad.

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