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¿Por qué es tan complicado tener una renta básica universal en América Latina?

¿Por qué es tan complicado tener una renta básica universal en América Latina?

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propuso, en el peor momento de la crisis sanitaria, implementar una medida universal de ayuda económica a las familias en toda la región. Pero pasado un tiempo ya desde la propuesta, la renta básica universal para toda la región, antes y ahora, parece inviable ante las dificultades para su financiación.

Se le llama de distintas maneras. Renta básica universal, ingreso básico, ingreso mínimo vital o renta básica incondicional. Como quiera que se le conozca, esta prestación, enfocada a los hogares que carecen de los recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas, tiene por objetivo paliar el riesgo de pobreza y exclusión social. La herramienta de ayuda ha cobrado forma en distintas regiones del mundo: desde España hasta Australia. En ningún país de América Latina, sin embargo, ha podido llegar a buen puerto.

En 2020, el año que la COVID-19 hizo mella en nuestras vidas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) llamó a los países de la zona a plantearse un ingreso básico de manera temporal, como una solución para evitar que millones de personas cayeran en condición de pobreza o pobreza extrema. La propuesta consistía en repartir apoyos económicos equivalentes a una línea de pobreza: es decir, el costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas. Se calculó que equivaldría a unos 143 dólares de media en la región. La meta era llegar a 215 millones de personas (una tercera parte de la población de la región).

El obstáculo a superar

La ayuda hubiese implicado un gasto adicional del 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB) de haberse aplicado durante seis meses, según las estimaciones de Naciones Unidas. Hubiera evitado que la pobreza general pasara del 30,5% al 33% y la pobreza extrema del 11,4% al 13,1%. “El principal desafío [para su aplicación] sigue siendo su financiamiento”, comenta Claudia Robles, oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Un ingreso básico, dice la experta, demanda una receta con ingredientes difíciles de encontrar entre los países de la zona: una fiscalidad con capacidad de mayor recaudación, progresividad, capacidad redistributiva y donde la sostenibilidad financiera sea esencial.

Esta suma de factores hace que su implementación, por ahora, no sea viable. “Una renta que aumente la presión fiscal de los estados no tiene espacio ¿Cómo lo vas a financiar? ¿Con más impuestos? Ya hay muchos. ¿Cómo vas a pedir una renta universal si no se han cerrado otros temas como acabar con la informalidad o mejorar el empleo? ¿Cómo se puede financiar en países endeudados y que tienen mucho que resolver?”, estas son cuestiones sin resolver que Ignacio Bartesaghi, director de la oficina Internacional de la Universidad Católica de Uruguay (UCU) Business School, plantea ante la propuesta de la Cepal.

Además, la implantación de una renta universal, ¿podría desincentivar la búsqueda de empleo? Una pregunta a la que Bartesaghi no se atreve a responder con contundencia, sobre todo, porque comenta, “cada región es diferente”.

¿Por qué es tan complicado tener una renta básica universal en América Latina?

Medidas de urgencia

Pese a la ausencia de un ingreso básico, algunos países tienen en marcha, desde la década de los 90 del siglo XX, las llamadas transferencias monetarias de emergencia que han venido a paliar la mala situación económica de determinados grupos de población. Unas ayudas que para Bartesaghi, “sí son viables y válidas”.

Entre marzo de 2020 y octubre de 2021, se publicaron 468 medidas repartidas en 33 países de la región que habrían cubierto el 50,2% de la población regional, según indica la Cepal. Algunos ejemplos son el Ingreso Familiar de Emergencia de Argentina, el de Auxilio Emergencial de Brasil, el Ingreso Familiar de Emergencia de Chile y el Bono Proteger de Costa Rica. La duración de estas medidas ha sido heterogénea en cada país y, según apostilla el profesor de la UCU, “la discusión se basa en que no son de suficiente nivel para cubrir las necesidades básicas de la población”. Una razón que ha derivado en que la Cepal concrete que es clave que su implementación se lleve a cabo conforme a cada realidad nacional y que se priorice su llegada a poblaciones determinadas como a niñas, niños y adolescentes, ya que el organismo internacional estima que, durante la pandemia, el 51,3% de ellos estaba estado de pobreza.

“Estos mecanismos hay que bajarlos a tierra y a cada región. Sus efectos pueden paliar situaciones puntuales”, apunta Bartesaghi. Según estimaciones de la Cepal, sin estas medidas en 2020, la pobreza se habría incrementado en 3,5 puntos porcentuales adicionales, y la pobreza extrema, en 3,3 puntos porcentuales adicionales. Aun así, las transferencias de emergencia han caído en 2021: mientras que entre marzo y diciembre de 2020 se estimaron en 89.685 millones de dólares, en 2021 la cifra se ha reducido a la mitad (45.271 millones de dólares).

Despiece:

Primeros pasos en Brasil, Bolivia o México

En 2013, en el municipio de Maricá (Brasil), se puso en marcha una experiencia cercana a la renta básica universal, denominada renta básica de ciudadanía, que forma parte de un proyecto de economía solidaria. Se trata de una transferencia monetaria efectuada a través de una moneda social, con una cobertura progresiva, que solo puede usarse en esta ciudad. También en México y en Bolivia se han llevado a cabo experiencias piloto de prestaciones de cobertura universal destinadas a grupos de población concretos, como las pensiones no contributivas para personas mayores, tales como la renta dignidad, en el Estado Plurinacional de Bolivia, y la pensión universal de adultos mayores, en México.  Su puesta en marcha, según la Cepal, ha supuesto la mejora del bienestar de las personas.