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Finanzas

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La cuenta de pago básica es un producto destinado a aquellas personas que residan legalmente en la Unión Europea, incluidas las que no tengan domicilio fijo,  y las que sean solicitantes de asilo y no tengan permiso de residencia, pero su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho. Para abrir esta cuenta es necesario no disponer de una cuenta similar en otra entidad en España.

Aunque, según datos oficiales, apenas una de cada cinco viviendas en España están en régimen de alquiler, las perspectivas son que su número crezca durante los próximos años por causas que van desde la llegada de nueva emigración hasta el cambio de mentalidad de las personas más jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Todo ello contribuirá, en principio, a que el número de arrendamiento de inmuebles crezca en nuestro país hasta situarse en los niveles del resto de grandes economías europeas.

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La educación financiera y las oportunidades de las nuevas tecnologías resultan fundamentales para conseguir una inclusión financiera efectiva, especialmente en aquellas zonas de más difícil acceso de América Latina. Pero los expertos advierten de que no existe la piedra filosofal. “El mundo de la inclusión financiera está lleno de fracasos por haber intentado exportar modelos que han funcionado a entornos diferentes”. Son palabras de Noelia Cámara, de BBVA Research, una de las entrevistadas en el segundo capítulo de Acentos, el podcast de BBVA de América Latina. Un espacio dedicado en esta ocasión a la bancarización y la inclusión financiera en toda la región.

Como señala el último informe Situación Banca de BBVA Research, el peso del comercio electrónico se ha incrementado hasta rozar el 20% del gasto de los consumidores y el 10% de la facturación de las empresas españolas en 2018. Por el contrario, el comercio minorista tradicional se redujo en más de un 4%. Según este estudio —realizado con datos de transacciones gestionadas por BBVA— esto demuestra la alta probabilidad de que los canales digitales sustituyan en muchos casos a los presenciales.

Una enseñanza de la crisis ha sido la importancia de que los estándares internacionales, como la regulación de Basilea, se apliquen de forma homogénea en diferentes países. Asimismo, decisiones relacionadas con el cumplimiento de estándares, como la equivalencia o el reconocimiento mutuo por el que los países declaran sus regulaciones alineadas, no deberían dejarse a la completa discreción de las autoridades nacionales. Los informes que ya realizan las autoridades internacionales podrían utilizarse para ello, de forma que los países adheridos a los estándares reciban la equivalencia o el reconocimiento mutuo.