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Balance 12 may 2016

¿Por qué la estabilidad del sistema financiero es tan importante para la economía?

Una potencial resolución de un banco puede tener efectos muy negativos para las economías en las que opera. Durante esta última crisis financiera, las autoridades han tenido que inyectar fondos para evitar la caída de algunas entidades. Aprendida la lección, están poniendo los medios para evitar que, en el futuro, sea el contribuyente el que asuma el coste de una posible insolvencia bancaria. El resultado es que, en adelante, los accionistas e inversores de un banco en riesgo de insolvencia serán los que asuman parte del rescate. Y la clave de quién paga primero está en el balance de un banco. Por ello, resultará atractivo invertir y depositar los ahorros en bancos cuyos balances sean fuertes, es decir, capaces de asumir las mayores pérdidas inesperadas.

¿Por qué no es aconsejable “dejar caer” a un banco en riesgo de insolvencia?

Dada la particular composición del balance de un banco, no es aconsejable desentenderse de un banco que entra en un proceso de insolvencia.

Una empresa insolvente o en riesgo de resolución es aquella que no tiene fondos suficientes para pagar sus obligaciones o que tiene más deudas (pasivos) que activos. Esta situación puede venir originada por causas muy diferentes, desde una crisis financiera, hasta malas prácticas realizadas por la propia entidad.

Independientemente de cuáles sean las causas que han provocado esta situación, el hecho de que se trate de un banco, lleva aparejado unos riesgos que sobrepasan a la entidad en sí misma.

– Por el lado del activo, cae la concesión de préstamos, ya que el banco en cuestión no tiene fondos suficientes para concederlos.

– Asimismo, se puede dar una situación de pánico bancario que lleve a una salida masiva de depósitos generada por miedo de los clientes a la pérdida de su dinero.

Si estamos hablando de un banco de gran tamaño, que además desempeña un papel relevante en la economía bien sea de un país, región o a nivel global (lo que se conoce como entidad sistémica), el riesgo se multiplica ya que, por un lado, puede llevar a una paralización de la actividad económica (al reducirse significativamente la concesión de préstamos) y, al mismo tiempo, generar un “efecto contagio” que lleve a una fuga continua de capitales que podría desembocar en procesos de insolvencia adicionales. Ambos impactos, si se producen de forma simultánea, pueden tener efectos devastadores en la economía de un país.

Para lograr paliar en lo posible el colapso de la economía y evitar, entre otras cosas, que los depositantes (que al fin y al cabo son acreedores de los bancos) asumieran pérdidas como sucede cuando resolución una entidad, las autoridades públicas han optado por “rescatar” entidades financieras con problemas, para que puedan continuar con su actividad y evitar así un colapso de la economía. Estos rescates han tenido diferentes formatos, desde inyecciones de capital a esquemas de protección de activos o emisiones de deuda avaladas por autoridades públicas. El denominador común a todos ellos es que los fondos utilizados para rescatar estas entidades fueron de origen público, es decir, supusieron un coste para el contribuyente a través del pago de sus impuestos. Pero no olvidemos que, en gran medida, esto se hizo para evitar que los depositantes (también contribuyentes) tuvieran que asumir parte de las pérdidas. Algo que, con las nuevas regulaciones, es más difícil que vuelva a ocurrir.

¿Quiénes pagarán los rescates?  

La complicada situación generada por la crisis y los elevados fondos públicos invertidos en rescates financieros han dado lugar a un amplio consenso internacional acerca de la necesidad de que cada entidad asuma en mayor medida el coste que puedan tener situaciones problemáticas.

Con este objetivo, la UE ha creado el llamado Mecanismo Único de Resolución (MUR) que busca garantizar la resolución ordenada de los bancos en proceso de insolvencia con un coste mínimo para los contribuyentes y la economía real. Un elemento clave de este nuevo marco de resolución es que los acreedores de una entidad bancaria, y no los contribuyentes, son los que tienen que asumir los costes de recapitalización en caso de resolución.

Así pues, en caso de insolvencia bancaria los primeros en perder serán los accionistas y los titulares de bonos híbridos (aquellos que son mezcla de capital y deuda, como por ejemplo los CoCos). Posteriormente serán los acreedores (por ejemplo, titulares de deuda emitida por el banco), que tendrán que renunciar a cobrar toda o parte de su deuda (lo habitualmente conocido como quita). Si el agujero no se cubre, serán finalmente los ahorradores los que se quedarán sin parte de su dinero en función del importe acumulado en depósitos. Hasta la fecha, el fondo de garantía de depósitos español asegura los depósitos hasta un máximo de 100.000 euros aunque la Comisión Europea está en proceso de crear un sistema de garantía de depósitos europeo. Ambos fondos están financiados por aportaciones de los propios bancos.

Asimismo, las autoridades financieras están optando por endurecer tanto la supervisión como los requisitos regulatorios exigidos al sector con la intención de contar con bancos más resistentes y estables, a la vez que se protege el interés público.

Por ello, se han tomado medidas para fortalecer los balances bancarios con el objetivo de que tengan mayor capacidad para asumir las pérdidas inesperadas y puedan sobrevivir y evitar el contagio con otras entidades. En este sentido, se ha incrementado la cantidad y calidad del capital requerido a las instituciones y se han impuesto requisitos de liquidez que moderen la vulnerabilidad de las mismas ante posibles “shocks”. Además, se establecerán unos requisitos mínimos de pasivos bail-inables, es decir aquellos con capacidad para asumir pérdidas  que las entidades bancarias españolas y europeas deberán cumplir a partir de 2016 (es lo que se conoce como MREL).

El gran inconveniente de todas estas medidas es que estos requisitos representan un aumento del coste para las instituciones lo que tendrá un impacto negativo en sus niveles de rentabilidad y, al mismo tiempo, puede reducir los niveles de concesión de crédito y, en definitiva, afectar a la economía real.

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