El aumento de la desigualdad, la crisis económica, los efectos de la transformación tecnológica y digital, y de la globalización sobre el empleo y las rentas del trabajo han ido generando un interés creciente entre los países más avanzados y un debate sobre la implantación de una renta básica universal, ahora encima de la mesa.

La teoría sobre la renta básica universal -dirigida a todos los ciudadanos por lo que desaparecerían otro tipo de prestaciones o ayudas públicas- tiene una serie de ventajas pero también unos costes muy elevados, lo que implica un dilema entre la generosidad y aumento de la presión fiscal.

La pregunta es: ¿cuánto costaría realmente la renta básica universal? El importe agregado de la renta básica universal (tomando como base el año 2010 y la propuesta de los economistas de Red Renta Básica, Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens, de una asignación de 7.471 euros al año por adulto y 1.492 euros por menor de edad para 43,7 millones de personas como beneficiarias) supone unas transferencias brutas de 280.092 millones de euros, equivalentes al 25,7% del PIB de 2010.

Por lo tanto, en este escenario que se plantea, si todo el esfuerzo de este aumento de gasto público recayera sobre IRPF, habría que recaudar cuatro veces más como mínimo, según los defensores de la propuesta. Es decir, que si se llevara a cabo esta medida, al final un ciudadano pasaría a tributar un tipo único casi del 49% frente al tipo medio del 18% de 2010. A cambio, todos los ciudadanos obtendrían la renta básica universal, por lo que unos ganarían con la propuesta (aquellos que recibieran más de lo que pagan), mientras otros perderían (aquellos que contribuyeran con impuestos más elevados por encima de lo que recibieran como renta básica).

Los defensores de la renta básica universal argumentan que esta medida es una respuesta adecuada a los problemas crecientes de escasez de empleo y desigualdad, y a la disminución de la participación de las rentas salariales en el PIB. Al mismo tiempo consideran que tendría una gestión sencilla donde se eliminarían los trámites administrativos y aminorarían los costes, se evitarían los fraudes y el estigma social a sus perceptores.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta los costes y distorsiones que genera una presión fiscal más alta sobre la oferta y demanda de trabajo, la inversión y el crecimiento económico, y sobre los incentivos a eludir impuestos. En concreto, con los cálculos anteriores, la presión fiscal agregada neta tendría que aumentar como mínimo en 17,4 puntos porcentuales del PIB. Teniendo en cuenta que los ingresos públicos representaron en 2016 casi el 38% del PIB, la presión fiscal se incrementaría por encima del 55%.

Las áreas de mejora del Estado del bienestar

Rafael Doménech, responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research considera que antes de dar este paso a la hora de establecer una renta básica universal, es necesario tomar otra serie de medidas con las que aumentar la eficiencia y mejorar el funcionamiento del Estado de bienestar con evaluación, buenas políticas y la transformación tecnológica y digital. “En países como España, el Estado de bienestar todavía tiene muchos márgenes de mejora gradual en políticas de igualdad de oportunidades, empleo, formación, complementos salariales…, con el consiguiente aumento de la renta per cápita, el empleo y la equidad”, ha afirmado.

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