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Qué es la declaración de la renta y por qué hay que hacerla

La declaración de la renta o IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) es un tributo que tienen que pagar todos los ciudadanos a la Agencia Tributaria, en relación con los ingresos que hayan obtenido durante un año. Es la principal fuente de ingresos de Hacienda junto con el IVA. Sin embargo, no todo el mundo está obligado a hacerla, depende de las rentas que se hayan obtenido a lo largo del año.

El IRPF es un impuesto que deben pagar las personas físicas residentes en España por todos los beneficios o rentas que obtengan a lo largo del año fiscal. Es decir, se entiende por renta los ingresos netos obtenidos, una vez restados a los ingresos los gastos que sean deducibles. Estos ingresos pueden ser por cuenta ajena o por cuenta propia, y también procedentes de plusvalías, por cobrar prestaciones públicas como una pensión, por rentas de capital, etc.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas grava estos ingresos a través de la aplicación de un porcentaje determinado sobre la renta. Cuando se hace referencia a ‘personas físicas’, se entienden que son “humanas”. Por el contrario, las ‘personas jurídicas’ son las sociedades mercantiles como una empresa, y pagan sus propios tributos a través del Impuesto sobre Sociedades.

La Agencia Tributaria también aplica impuestos a las inversiones, consideradas rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales, incluyendo estas últimas premios como la lotería, concursos, reembolso de fondos de inversión, etc.

¿Quién está obligado a declarar en España?

Toda persona física, de nacionalidad española o no, que haya residido en España más de 183 días durante el año natural, o que tenga en el país el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta, está obligada a declarar. Sin embargo, existen algunas excepciones. Según la web de la Agencia Tributaria, las personas físicas estarán exentas de declarar si:

  1. Perciben exclusivamente rendimientos del trabajo personales, iguales o inferiores a 22.000 euros anuales:
  • Siempre que procedan de un solo pagador.
  • Cuando existan varios pagadores, siempre que la suma del segundo y posteriores por orden de cuantía  no superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros
  • Cuando los únicos rendimientos de trabajo consistan en prestaciones pasivas (pensiones de la Seguridad Social y de clases pasivas, prestaciones de planes de pensiones, seguros colectivos, mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial, planes de previsión asegurados y prestaciones de seguros de dependencia), siempre que la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial reglamentariamente establecido (a solicitud del contribuyente mediante presentación del modelo 146).

Así, el límite anual radica en los 12.643 euros, salvo para los contribuyentes fallecidos con anterioridad al día posterior a la finalización de la campaña anterior, que se mantiene en el límite de 12.000 euros, en los siguientes supuestos:

  • Cuando los rendimientos del trabajo procedan de más de un pagador y la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes por orden de cuantía superen la cantidad de 1.500 euros anuales.
  • Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas.
  • Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener.
  • Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.
  1. Rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.
  2. Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de letras del tesoro y subvenciones para adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con límite conjunto de 1.000 euros anuales.

Además, aquellos trabajadores que no obtengan rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, o ganancias patrimoniales que conjuntamente no superen los 1.000 euros ni quienes hayan tenido, exclusivamente, pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros, estarán obligados en ningún caso a realizar la declaración. Sin embargo, aunque no se llegue al mínimo es aconsejable consultar el borrador de la renta, ya que los contribuyentes tienen el derecho a aplicar diferentes deducciones o reducciones y a recibir, si corresponde, una devolución.

Por otro lado, todos los autónomos que realizan una actividad económica están obligados por ley a presentar a declarar, lleguen o no a los mínimos establecidos o aunque tengan pérdidas.

¿Qué pasa si se está obligado y no se hace la declaración?

Según la normativa tributaria vigente, las infracciones tributarias se clasifican en tres: leves, graves y muy graves. Las más comunes serían: eludir el pago de impuestos, obtener devoluciones indebidas, omitir ingresos tributarios, disfrutar de beneficios fiscales indebidos, o no presentar la declaración de la renta. Para determinar qué tipo de falta ha realizado el contribuyente, la ley tiene en cuenta si la persona ha ocultado datos o si ha utilizado medios de forma fraudulenta.

Asimismo, existen diferentes sanciones en función de la infracción cometida como puede ser no presentar la declaración en plazo sin perjuicio económico para Hacienda en cuyo caso la infracción podría conllevar una multa de 200 euros, o si no se paga la deuda derivada de la autoliquidación presentada, que dependerá de si finalmente se paga la deuda voluntariamente o previo requerimiento de la Administración tributaria:

Si se ha presentado la declaración y ésta sale a pagar al contribuyente, pero no lo hace, Hacienda irá imponiendo una serie de recargos según el tiempo que se tarde en realizar el pago:

  • Pago antes de tres meses – el recargo será del 5% de la cantidad a ingresar.
  • Pago entre 3 y 6 meses – el recargo será del  10% de la cantidad a ingresar.
  • Pago entre 6 y 12 meses – el recargo será del 15% de la cantidad a ingresar.
  • Pago más de 12 meses – el recargo será del 20% de la cantidad a ingresar, más los correspondientes intereses de demora.

Si la Administración Tributaria es quien detecta que el contribuyente no ha pagado y no tiene intención de hacerlo, aplicará sanciones que pueden ir desde el 50% al 150% de la cantidad a pagar, más los intereses de demora en función de la gravedad de la infracción. Por tanto, si se ingresa la deuda fuera de plazo pero sin requerimiento previo, en principio, no se imponen sanciones si no recargos por declaración extemporánea.

Por otra parte, existen otro tipo de infracciones como pueden ser incumplir obligaciones de contabilidad, tener contabilidades ‘B’ de la misma actividad y al mismo ejercicio; y falsear los libros de contabilidad, los libros registros (autónomos) o los importes, u ocultado operaciones y contabilizando cuentas incorrectas, siendo estas acciones sancionables en función de su calificación de leves, graves o muy graves por la Administración tributaria con altos importes.

Las anteriores sanciones las impone Hacienda cuando detecta irregularidades tanto en la declaración de la renta de una persona como en otras obligaciones tributarias con el objetivo de además de regularizar la situación tributaria del obligado tributario sancionar las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que realice el citado obligado tributario.

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