Las listas de morosos (ASNEF, RAI...): qué son y cómo salir de ellas

La deuda suele catalogarse como el enemigo natural de un estado financiero sano y, sin embargo, también es un elemento necesario para adquirir determinados bienes y conseguir algunos objetivos económicos. Y es que endeudarse (pedir un crédito o acceder a financiación) no es intrínsecamente malo, siempre y cuando después se puedan cumplir con las obligaciones adquiridas.

Los impagos son siempre un problema, independientemente de su origen. No cumplir con los plazos de la hipoteca, con los pagos de la tarjeta de crédito o dejar de abonar una factura, son actos que pueden tener consecuencias negativas para nuestra salud financiera, sobre todo si la empresa o entidad decide inscribirnos en uno de los temidos registros de morosos.

La utilidad de los registros de morosos como herramienta disuasoria para los impagos está clara, pero siempre pueden existir dudas acerca de la legitimidad del cobrador para solicitar la inclusión de una persona en uno de ellos. ¿Y si en realidad se trata de un malentendido o una disputa sobre el pago de una determinada factura que no es correcta (algo habitual, por ejemplo, en los servicios de telecomunicaciones del hogar)? Debido a que hay multitud de supuestos, la ley exige que se cumplan unas determinadas condiciones, recogidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), en consonancia con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD), que regulan los sistemas de información crediticia y el tratamiento de datos personales.

Además de una serie de requisitos, el proceso de inscripción en uno de estos ficheros también debe seguir un procedimiento con una serie de tiempos de espera. Del mismo modo, el titular del fichero está obligado a comunicar al interesado su inclusión en un plazo de 30 días.

Este plazo sirve también para la persona afectada pueda modificar sus datos, bien porque la deuda no existe, porque la cuantía es diferente o cualquier otro supuesto. Para ello hay que dirigir una solicitud al acreedor o al responsable del fichero común, aportando un principio de prueba que ampare la petición. Hay que tener en cuenta que desde el registro siempre comprobarán los datos con quien les ha facilitado los datos (el acreedor), que a su vez tiene diez días para responder. En caso de no recibir contestación, se debería proceder a la rectificación o cancelación cautelar de esos datos.

Pese a la obligación legal de informar sobre la inclusión en el fichero, puede ocurrir que una persona desconozca si está o no incluido por un cambio de domicilio, o cualquier otra circunstancia. Por eso mismo, cualquier ciudadano tiene derecho a acceder a sus datos. El plazo para contestar es de un mes, y pasado ese tiempo, lo más recomendable es acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Pautas para prevenir incidencias y descubiertos imprevistos

Con frecuencia, el origen de un impago no responde a una falta de solvencia, sino a un descuido puntual o a una descompensación de fechas entre el cobro de la nómina y el cargo de los recibos domiciliados. Para evitar que estos desfases deriven en reclamaciones, las aplicaciones de banca móvil, como la 'app' de BBVA en sus apartados de salud financiera, permiten anticiparse a estas situaciones:

• Seguimiento de cobros y recibos previstos: Monitorear los gastos fijos recurrentes que llegarán en los próximos días ayuda a comprobar de antemano si la cuenta mantendrá saldo suficiente para cubrirlos.

• Avisos tempranos de saldo: Contar con notificaciones automáticas en el teléfono móvil si la cuenta desciende de cierta cantidad evita entrar en números rojos ante un cargo inesperado.

• Ajustes rápidos de liquidez: Ante una falta de fondos temporal, recurrir a traspasos inmediatos desde apartados de ahorro o posponer compras con tarjeta permite atender las obligaciones a tiempo sin generar recargos.

¿Cómo salir de un fichero de morosos?

Existen varios supuestos por los que se puede salir de un fichero de morosos o lo que es lo mismo, cancelar nuestros datos. El primero es cuando no concurren los requisitos legales anteriormente explicados o cuando se han superado el plazo máximo legal de cinco años de permanencia en estos ficheros. El segundo y más común, es saldando la deuda.

Como es el acreedor el que inscribe al deudor en el registro, también es este el que debe solicitar su salida una vez acredita el pago de la deuda. De todas formas, la cancelación de los datos también se puede pedir directamente al responsable del fichero, para lo que habrá que enviar la documentación que acredite la inexistencia de deuda junto con una fotocopia del DNI. Por su parte, el responsable dispone de diez días para comunicar la efectiva cancelación de los datos. En caso de que no se produzca ninguna comunicación o de que esta no sea satisfactoria, siempre existe la posibilidad de acudir a la AEPD y formular una reclamación formal.

De todas formas, siempre es recomendable comprobar si efectivamente se ha producido la cancelación de los datos, ya que algunos ficheros guardan los datos de los clientes a ‘saldo cero’ o con el estatus de ‘pagado’. Esto indica que la persona estuvo en su momento incluida en el fichero como insolvente pero que ya ha cumplido con su deuda. Sin embargo, esta práctica es ilegal. Una vez se ha saldado la deuda, los datos deben eliminarse del fichero, que no puede mantener información adversa de una persona que no es morosa.

Vías para regularizar la situación en caso de dificultades financieras

Si ya se figura en un fichero o resulta complicado asumir las cuotas mensuales, el paso más recomendable es contactar con la entidad bancaria antes de que la deuda siga aumentando. Canales como la cita previa con un gestor desde la banca digital facilitan exponer el problema para valorar medidas de adaptación —como alargar los plazos de amortización, acordar una reestructuración de pagos o consolidar compromisos pendientes—. Una vez saldado el importe acordado, la entidad tramita la baja en los registros correspondientes para restablecer el historial crediticio en los plazos fijados por ley.

En España operan diversas empresas dedicadas a la gestión de ficheros de morosos, una actividad que en muchos casos compaginan con la de ofrecer información societaria a empresas. Las más conocidas son la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF-Equifax), el Registro de Aceptaciones Impagadas o RAI, que depende del Centro de Cooperación Interbancaria, y Experian Bureau de Crédito (Badexcug).