7.000 millones de toneladas de residuos: ¿Qué hacen los países del mundo con sus plásticos?

Cuando Alexander Parkes inventó la parkesina, no tenía ni idea de las repercusiones de lo que acababa de hacer. Era 1850, y aquella extraña sustancia sintética, transparente, dura y flexible, no parecía tener salida comercial. Sin embargo, dos décadas más tarde, John Wesley Hyatt cogería la patente de la parkesina y la convertiría en el elemento central de su nueva empresa, la Celluloid Manufacturing Company. Había nacido la producción industrial de plástico y, aunque su mercado era todavía pequeño –se usaba, sobre todo, para peines y bolas de billar–, ya nada volvería a ser igual.

El plástico iría popularizándose poco a poco, y no fue hasta finales del siglo XX cuando lo conquistó todo. En 1950 se producían dos millones de toneladas de diferentes versiones de este material a nivel mundial. En 2021, fueron 390 millones de toneladas. Si el crecimiento exponencial continúa, se estima que en 2050 se producirán 1.480 millones de toneladas, según datos de la Plastic Soup Foundation. Pero el plástico no solo es un material versátil, útil y barato, también es muy difícil de reciclar, no se degrada y es una de las mayores fuentes de contaminación del planeta.

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), desde mitad del siglo XX unos 7.000 millones de toneladas de plásticos se han convertido en residuos, acumulados en vertederos o directamente arrojados sin control al entorno, donde interfieren con los ecosistemas. Por ejemplo, se estima que en la actualidad unos 13 millones de toneladas de plásticos acaban en el mar cada año. Una parte se acumula en las costas, pero otra acaba en el océano, donde se rompe en trozos cada vez más pequeños y pasa a formar parte de la cadena alimentaria.

Las leyes de residuos alrededor del mundo

Hace poco más de un año, los países de la ONU se pusieron de acuerdo para negociar el primer tratado internacional para frenar la contaminación por plásticos en todo el planeta. Este acuerdo, que no estará redactado antes de 2024, deberá abordar el ciclo completo de vida de este material, desde su producción a su eliminación, pasando por su uso. Algunos países pioneros ya cuentan con legislaciones integrales del plástico con ese mismo enfoque, pero la mayoría tienen normativas concretas, centradas en el reciclaje o en la recogida selectiva, que no son suficientes para abordar la gran magnitud del problema.

“El papel de la legislación en el camino hacia el residuo cero es clave porque se deben regularizar ciertas tendencias que actualmente impactan negativamente nuestra economía, el futuro de los recursos y la salud de las personas”, explica Rosa García, directora general de Rezero, una organización que impulsa ideas, normativas y proyectos innovadores para reducir la producción y el uso de plásticos. “Hay que poner fin a la impunidad de ciertas dinámicas empresariales que durante años han introducido y defendido una manera de producir y consumir que, por un lado, ha perjudicado a muchas personas de ahora y de generaciones futuras y, por otro, ha beneficiado a demasiadas pocas”.

“Es necesario avanzar en medidas al inicio de la cadena de producción”, añade Alberto Quesada, asesor regional de Contaminación Marina de MarViva, ONG latinoamericana y una de las organizaciones impulsoras de la legislación de los plásticos de un solo uso de Colombia. “Necesitamos cerrar la llave de la producción de plásticos problemáticos, no reciclables y tóxicos. Si la producción sigue creciendo un 10 % al año, no hay sistema capaz de gestionar los residuos, por eficiente que sea. El problema de la contaminación por plásticos solo se va a resolver reduciendo la producción”, explica.

Los plásticos son solo la parte más visible (y una de las más problemáticas) de uno de los grandes desafíos de las sociedades actuales: ¿qué hacemos con los residuos de nuestra forma de vida? Así son los enfoques legales de los diferentes países de habla hispana.

España: el camino legal que marca la UE

Desde el 10 de abril de 2022, España cuenta con una legislación integral de residuos dentro del marco señalado por la Unión Europea. La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, busca reducir la generación de residuos desde la producción de los materiales hasta su desechado, con especial atención a los objetos plásticos de un solo uso. Entre otras cosas, la norma establece que la comercialización de estos plásticos se deberá reducir un 50 % hasta 2026 y un 70 % hasta 2030. Además, prohíbe directamente la venta de objetos de un solo uso que no considera indispensables como platos y cubiertos, bastoncillos de algodón o pajitas. Esto ha hecho que un número creciente de empresas esté apostando por envases compostables, biodegradables o reutilizables, como los fabricados con bioplásticos, derivados de materias primas renovables (a partir de residuos agrícolas) y biodegradables.

Además de sus ventajas de reciclaje, los bioplásticos reducen la huella de carbono y los residuos no biodegradables, ahorran energía en su fabricación y no contienen aditivos. Según datos expuestos en marzo durante un seminario organizado por el Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS), la producción de bioplásticos se triplicará de aquí a 2027, pasando de 2,1 millones de toneladas en 2020 a más de 6 millones. El 72 % de los bioplásticos se producen en Asia y Europa, tal y como indica Statista.

“La ley de residuos también ha avanzado en ofrecer mejores facilidades para comprar a granel y utilizar los propios envases en la compra”, señala Rosa García. “Se establece por primera vez la exigencia de que los comercios de 400 metros cuadrados o más tengan un mínimo del 20 % de la superficie destinada a la oferta de productos sin embalaje primario. Esto incluye tanto la venta a granel como la oferta de productos con envases reutilizables. Es una medida relevante para ampliar las posibilidades de la clientela que quiere evitar comprar residuos”.

Entre las muchas regulaciones que incluye la ley española, destaca también que se pone el foco en la producción, obligando a los fabricantes de envases y de tabaco (por las colillas) a asumir por completo la gestión de sus productos al final de la cadena, una vez que se convierten en residuos. Este punto, que se incluye también en otras normativas similares, busca equilibrar las responsabilidades en la gestión de residuos, que hasta recaían por completo en los municipios y en los ciudadanos.

Perú: pionero en América Latina

Con la aprobación a finales de 2016 de su ley de gestión integral de residuos sólidos, Perú se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en legislar para la reducción de residuos a lo largo de todo su ciclo de vida. La normativa fue la primera en la región en poner el foco en la reducción de la producción de plásticos y en la valorización de los residuos para intentar avanzar hacia una economía más circular. Estas son sus grandes claves:

• Residuos como materia prima. La ley deja de catalogar los residuos como desperdicios para buscar transformarlos en materias útiles para otras industrias.
• Desarrollo de la industria del reciclaje. La normativa sienta las bases para la profesionalización del reciclaje para añadir valor a los residuos.
• Responsabilidades compartidas. La ley amplía la responsabilidad de los residuos a todos los actores implicados en su generación, desde los productores hasta los ciudadanos y las autoridades.

Colombia: una norma que marca el camino a seguir

Si Perú fue pionero, Colombia ha aprovechado la experiencia de los países de su entorno para redactar una de las leyes integrales de residuos más avanzadas de Latinoamérica, que puede servir de ejemplo para el resto de la región. Tras un largo debate, en julio de 2022 Colombia aprobó la ley por la cual se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones, más conocida como la ley de plásticos de un solo uso.

La norma colombiana también tiene un enfoque integral y busca consolidar un modelo de economía circular que apueste por la reducción y la reutilización de los materiales a lo largo de todo su ciclo de vida. La ley coloca a la industria como corresponsable en la gestión de residuos y cuenta también con un plan de reconversión productiva y adaptación laboral para que la transición no tenga efectos adversos en el país y, en especial, en los sectores más informales de su economía.

Entre los puntos más novedosos de la norma está el establecimiento de un calendario para la prohibición de objetos plásticos de un solo uso. Dentro de dos años no podrán producirse ni venderse, entre otras cosas, bolsas que no sen reutilizables, embalajes plásticos de periódicos, revistas o publicidad o mezcladores y pitillos (así llaman en Colombia a las pajitas) para bebidas. En ocho años también quedará prohibida la venta de platos y cubiertos plásticos de un solo uso, envoltorios plásticos para alimentos de consumo inmediato o adhesivos, etiquetas o cualquier distintivo que se fije a los vegetales.

“Es una ley que genera una política nacional de sustitución de plásticos y un plan de reconversión de la producción. Es una ley amplia que tiene un proceso de implementación de más de 10 años”, explica Alberto Quesada. “Conlleva cambios retadores para una economía altamente informal en la que muchos negocios dependen de los plásticos de un solo uso. Pero creo que de aquí a dos años el país mostrará indicadores positivos de reducción de plásticos y será visto como un caso de éxito a nivel regional, un ejemplo para los demás países”.

Venezuela: una ley avanzada sin desarrollo completo

El estado venezolano fue también uno de los primeros en América Latina en reformar su legislación de residuos y convertir multitud de normativas diferentes en una ley de gestión integral de la basura, aprobada en 2010. El objetivo de esta norma es servir de marco para las regulaciones de la gestión de los residuos con el fin de reducir su generación y garantizar que su recolección, aprovechamiento y disposición final se hacen de forma segura, tanto sanitaria como ambientalmente.

Sin embargo, la inestabilidad legislativa y la profunda crisis económica en la que se ha sumido el país en los últimos años ha ralentizado el desarrollo y la implementación de la ley. De acuerdo con el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, el 80 % de la basura que se genera en el país todavía se acumula en vertederos a cielo abierto y más del 40 % de la población no tiene acceso a un servicio de recolección de residuos.

Uruguay: un enfoque integral con vistas a la circularidad

Uruguay es también uno de los países latinoamericanos que ha aprobado recientemente una nueva norma para los residuos. Su ley para la Gestión Integral de Residuos, efectiva desde 2019, pretende reducir los impactos negativos de la generación, el manejo y todas las etapas de gestión de los residuos y reconoce las posibilidades de generar valor y empleo de calidad a través de la gestión adecuada de la basura.

Entre otras cosas, la normativa uruguaya establece un sistema de impuestos para artículos plásticos de un solo uso que no son imprescindibles, como varios tipos de envases, las bandejas y cajas desechables, el film plástico, los vasos, platos y cubiertos y demás utensilios de mesa descartables o las bolsas plásticas de un solo uso para transportar y contener bienes.

México y Argentina: dos gigantes sin una norma integral

“México tiene una legislación muy centrada en la parte final del ciclo de vida del plástico, de hecho tiene un reciclaje de PET muy bueno, pero no tiene una legislación integral. Tampoco Argentina”, explica Alberto Quesada. Y es que la mayor parte de países de América Latina, al igual que sucede en todo el planeta, no tienen normativas que abarquen todos los desafíos y frentes abiertos para reducir la generación de residuos y minimizar la contaminación por plásticos.

En México, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos es la que regula todo lo relacionado con los residuos. Esta normativa deja la puerta abierta a la reducción de la venta de plásticos de un solo uso, pero son los estados mexicanos los que deben concretar las normativas. Algunos, como Veracruz, Baja California Sur o Querétaro han dado pasos en ese sentido, aunque siempre centrados en objetos concretos (como las pajitas o las bolsas de un solo uso).

Argentina está en una situación similar. En el país conviven varias leyes de presupuestos mínimos para la protección ambiental que regulan, entre otras cosas, la gestión de los residuos domiciliarios, la gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios o la reducción de los policlorobifenilos o PCB, sustancias de gran estabilidad térmica biológica y química, pero con importantes riesgos para la salud y el medioambiente.

“En general, para reducir los residuos hacen falta políticas que no se centren tanto en el reciclaje, sino en la prevención”, recalca la directora general de Rezero. “No podemos conceder que en pleno siglo XXI se fabriquen objetos sin que exista la garantía de que estos disponen de la logística y la tecnología necesarias para que se puedan reutilizar y reciclar”.

Las políticas de prevención deben desarrollarse a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde su fabricación (como normativas que fomenten los diseños ecológicos o los productos pensados para ser reutilizados) hasta su tratamiento como residuo (como normas para garantizar el aprovechamiento de los recursos) pasando por su distribución y su venta (minimizando excedentes, garantizando la reparación o reduciendo el uso de embalajes).

“En este camino, el papel de la legislación es fundamental”, concluye desde MarViva Alberto Quesada. “Los estados modernos tienen una doble función en la protección ambiental. Por un lado, deben abstenerse ellos mismos de generar daños ambientales. Por otro lado, deben garantizar el buen ordenamiento del territorio de forma que se respete el medioambiente”.