Cerrar panel

Cerrar panel

Cerrar panel

Cerrar panel

Economía

Economía

La reforma energética fue diseñada principalmente para impulsar la inversión privada, tanto en la industria del petróleo y gas como en el sector eléctrico. Por ello, se prevé que la industria petroquímica se beneficiará indirectamente de los cambios en las leyes y los procesos productivos, señala el análisis de Situación Regional Sectorial, elaborado por el área de Estudios Económicos de BBVA Bancomer.

BBVA Research presentó ayer las previsiones de crecimiento para España, que se mantienen en un 2,7% en el bienio 2016-2017. Sin embargo, las comunidades autónomas presentan ritmos de crecimiento diferentes. Las regiones insulares y las del Mediterráneo se están beneficiando de un buen comportamiento del turismo, que redunda en la creación de empleo. Con estas previsiones, 12 regiones recuperarán en 2017 el nivel de PIB de antes de la crisis, pero únicamente Baleares logrará superar el nivel de empleo de 2007.

BBVA Research mantiene la previsión de crecimiento para España en un 2,7% para el bienio 2016-2017, así lo indica en su último informe Situación España presentado hoy por Jorge Sicilia, economista jefe del Grupo BBVA, y Rafael Doménech, economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research. El servicio de estudios de BBVA señala que “en el 2T16 la economía podría ligar cuatro trimestres consecutivos con un crecimiento del PIB alrededor del 0,8% (3,2% en tasa anualizada), lo que aportaría un sesgo positivo a las previsiones para 2016”. Al mismo tiempo se espera que el crecimiento de la economía española pueda crear alrededor de 1.000.000 de puestos de trabajo en dos años. Sin embargo, algunos de los soportes pierden fuerza y otros riesgos que se vislumbraban ponen un sesgo a la baja sobre el crecimiento del 2017.

El pasado 13 de enero entró en vigor la Directiva de Servicios de Pago (PSD2 en inglés) que conlleva cambios fundamentales en la industria de pagos y tiene foco en promover la competencia, la innovación y la seguridad. Se inició entonces una andadura de dos años hasta su transposición a las legislaciones nacionales en 2018, cuando se dará acceso a los proveedores de servicios de pago terceros (TPP) a las cuentas de los clientes.