Para unos es incompleta, para otros es revolucionaria… La nueva Ley de cambio climático es la primera de su “especie” en España, lo cual ya supone un gran avance y una garantía de que las cosas cambiarán en materia de sostenibilidad. Entre otras cosas, favorece la participación de las entidades financieras en proyectos sostenibles, dadas las obligaciones de publicar informes anuales sobre sus inversiones en proyectos orientados a combatir el cambio climático.

Aunque aún está pendiente de completar su trámite parlamentario y probablemente hasta mayo no esté perfilada definitivamente, la nueva legislación –un paso más para cumplir con los compromisos internacionales– ya tiene algunas señas de identidad muy marcadas. Estas son sus 10 claves más importantes.

1. Objetivos principales en línea con la Unión Europea

• Las emisiones de gases de efecto invernadero que produce la actividad económica en España deberán reducirse en el año 2030 como mínimo en un 23 % respecto al 1990 y se tendrá que alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.
• En el año 2030 deberá conseguirse una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42 %, un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5 % con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.
• Antes de 2050, España deberá alcanzar la neutralidad climática y el sistema eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable.
• El Gobierno aprobará una Estrategia de Descarbonización a 2050 que establezca una senda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de incremento de las absorciones por los sumideros del conjunto de la economía española hasta 2050.
• El Gobierno impulsará acciones que favorezcan la digitalización de la economía que contribuyan a lograr los objetivos de descarbonización.

2. Las energías renovables y la eficiencia energética

El objetivo de la Ley es dotar a España de un sistema energético del siglo XXI: descarbonizado, descentralizado y digitalizado. También tener un sistema eléctrico basado en fuentes 100 % renovables para 2050.

• Introduce disposiciones sobre eficiencia energética, renovables y gestión de la demanda especialmente en el ámbito de la edificación y de la renovación de edificios.
• Elaboración de un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana con el objetivo de mejorar el parque edificado, independientemente de su titularidad.
• Además, se habilita a las administraciones públicas a establecer incentivos para la introducción de energías renovables en la rehabilitación, fomento del autoconsumo, especialmente se facilitará las instalaciones fotovoltaicas en las comunidades de vecinos y la calefacción y refrigeración cero emisiones.

3. Transición energética y combustibles

No se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se otorgarán nuevos permisos vinculados a recursos extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles, como es el caso del uranio. También se recoge el cese de la producción de carbón nacional.

La aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas. Además, se fomentan los gases renovables.

4. Una nueva movilidad

Esta Ley busca alcanzar en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.

• Para ello, adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km.
• Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán planes de movilidad urbana sostenible, no más tarde de 2023.
• Impulso de la instalación de puntos de recarga eléctrica. Así, la ley introduce obligaciones de instalación de estas infraestructuras en las estaciones de servicio de todo el país, así como en edificios de nueva construcción, en intervenciones en edificios existentes y en edificios privados no residenciales con aparcamientos de más de 20 plazas.

5. Políticas de adaptación a los efectos del cambio climático

El articulado incorpora, por primera vez en una ley, la necesidad de activar políticas de adaptación a los efectos del cambio climático, con los que ya convivimos. Se aborda con un tratamiento sectorial, identificando áreas. Sin un capital natural bien protegido y conservado nunca alcanzaremos la neutralidad climática.

• Reconocimiento, por primera vez en un texto normativo en España el papel del carbono azul.
• Recoge la necesidad de incentivar la participación de los propietarios y gestores públicos y privados, especialmente los del sector agrario y forestal en el aumento de la capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono. Para ello, junto con su identificación, evaluación y seguimiento se fomentarán sus beneficios y el apoyo a la bioeconomía como motor de desarrollo de las zonas rurales.

6. Un marco de transición justa

Esta legislación establece que se publicará una Estrategia de Transición Justa cada cinco años. Es el instrumento de ámbito estatal dirigido a la optimización de las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero.

7. Recursos en el ámbito nacional para la lucha contra el cambio climático y la transición energética

El porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado que deberá contribuir a los objetivos establecidos en materia de cambio climático y a la transición energética será el equivalente porcentaje equivalente al acordado en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea. Se revisará en 2025, al alza.

Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático y transición energética, y se podrá destinar hasta el 30 % de los ingresos totales a medidas con incidencia social para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. Se fijarán cada año a través de los Presupuestos Generales del Estado.

8. Nuevas obligaciones de información para el sector financiero

La Ley establece un marco para facilitar la equidad en la transición a una economía descarbonizada, ofreciendo herramientas de aprendizaje y transparencia obligatorias que ayuden a percibir y evaluar riesgos y oportunidades y mejorar las decisiones de inversión (Título VII).

• Recoge las obligaciones de información que debe emprender el sector financiero y las grandes empresas.
• Establece que las entidades financieras publicarán objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023.
• Introduce un nuevo tipo de obligación de información al sector energético.
• Señala que el sector eléctrico deberá presentar una estrategia de descarbonización.

9. Educación ambiental e Innovación

Además, la Ley promueve la inclusión de la educación ambiental en los currículos y apuesta por la capacitación en los empleos del futuro, los vinculados a una economía baja en carbono que ya estamos construyendo.

• I+D+i: Se establece que el Gobierno promoverá una financiación adecuada de las prioridades en materia de investigación, desarrollo e innovación de cambio climático y transición energética que se incluyan en las sucesivas Estrategias Españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación.

10. Gobernanza y participación pública

Por último, sigue el ejemplo de los países de nuestro entorno en cuanto a la creación de un marco de gobernanza que refuerce nuestro sistema. Destaca la creación de un comité de expertos de cambio climático y transición energética, de carácter independiente.

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha especificado que los objetivos se revisarán en 2023. Esto quiere decir que podrían ser mucho más ambiciosos dentro de dos años.

Puedes consultar aquí el texto de la ley aprobado en el Congreso y que actualmente se está tramitando en el Senado.