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Finanzas personales 06 ago 2018

Qué son los impuestos de transmisiones patrimoniales (ITP)

Los impuestos de transmisiones patrimoniales (ITP) son tan controvertidos como de radiante actualidad, tras la decisión de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo sobre quién debe asumir el coste del pago de dicho tributo. Sobre todo, en lo concerniente a la constitución de hipotecas.

Polémicas al margen, se trata de un impuesto de carácter indirecto que grava la compraventa de viviendas, vehículos o ampliaciones de capital. La recaudación del mismo corre a cargo de la respectiva Comunidad Autónoma, por lo que los contribuyentes afectados se verán de mayor o menor manera afectados por la imposición de este tributo.

En el caso más común, este impuesto grava aquellas compraventas de viviendas o vehículos de segunda mano, en las que el comprador es el que está obligado al pago del impuesto. La cuota a pagar se delimita en función de un porcentaje sobre el precio real del bien adquirido.

La polémica generada desde algunos despachos de abogados, que se han especializado en los últimos tiempos en recursos contra los bancos por diversas circunstancias, radica en si dicho impuesto debería acometerse en partes iguales entre las entidades y los que contratan una hipoteca para la compra de una vivienda.

No obstante, el impuesto de transmisiones patrimoniales va más allá de ese tipo de operaciones de compraventa. Los aumentos o las disminuciones de capital social en algunas empresas o sociedades también se ven afectados por este tributo. La propia firma empresarial, o los socios en algunos casos, son los sujetos obligados al pago de este impuesto y la cuota tributaria se situaría en el 0,5% del capital en cualquier caso posible.

En la constitución y aumento de capital, será el importe del mismo más primas de emisión, en caso de que se trate de sociedades que limiten la responsabilidad de sus socios, o el valor neto de la aportación en los demás de los casos, así como en las aportaciones de los socios para reponer pérdidas.

En el caso de la escisión y fusión, la base será el capital del nuevo entre el creado o el aumento de capital de la sociedad absorbente, más las primas de emisión. En el caso de la disminución de capital y disolución, la base será el valor real de los bienes y los derechos entregados a los socios.

Según los expertos, si una operación tributa en este impuesto como operación societaria no podrá tributar, en caso alguno, como transmisión patrimonial onerosa, como la descrita antes.

Este tipo de impuesto se abona en los 30 días hábiles posteriores a la realización de la operación. El sujeto obligado al pago de dicho tributo debe hacerlo en la Delegación Pública de la Comunidad Autónoma que le corresponda, con la presentación del documento nacional de identidad (DNI) y la copia o el original de los documentos públicos o contratos acordados.

Casi en paralelo con el impuesto de la firma de una hipoteca para la adquisición de una vivienda, aparecen los denominados Actos Jurídicos Documentados (AJD), que se derivan de la escritura pública de una vivienda o actas notariales. El sujeto pasivo en estos casos vuelve a ser la persona adquiriente del bien del cual está dando fe.

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