¿Qué es el Pacto de Toledo?
Se denomina Pacto de Toledo a la comisión parlamentaria que se creó en 1995 con el apoyo de todos los partidos políticos con el objetivo de discutir, analizar y proponer medidas encaminadas a asegurar la sostenibilidad del sistema pensiones español. Está formada por representantes de distintos partidos y, con su creación, se logró sacar el sistema de pensiones de la confrontación política y adoptar medidas por consenso. El Pacto de Toledo se vuelve a reunir en 2016 para abordar de nuevo la reforma del sistema, en una situación de déficit de la Seguridad Social debido a la caída de las cotizaciones.
La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo publicó un documento en 1995 en el que describe la evolución del sistema español de pensiones y sus retos futuros, y establece una serie de 15 recomendaciones, entre las que destacan:
- Las 15 recomendaciones del Pacto de Toledo fueron la base para el acuerdo entre el Gobierno y los principales sindicatos en 1996 y que dio lugar a la Ley de 1997 de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social. Aquella ley aumentó de ocho a 15 el número de años aplicados al cálculo de la base reguladora de la pensión, la revalorización de las pensiones según la evolución prevista del IPC y la creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
- La separación y clarificación de las fuentes de financiación, de manera que las pensiones contributivas se financian con las cotizaciones del trabajador y la empresa a la Seguridad Social, y las no contributivas (principalmente sanidad y servicios sociales) a través de los Presupuestos Generales del Estado.
- La creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como hucha de las pensiones, que se constituyó en 2000.
- El establecimiento de la edad de jubilación a los 65 años, con la recomendación de facilitar la prolongación voluntaria de la vida laboral.
- El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización automática de las mismas en función de la evolución del índice de precios al consumo (IPC) “y a través de fórmulas de contenido similar”.
- El desarrollo del sistemas complementarios de ahorro y protección social, tanto individuales como colectivos.
2003, nuevo informe y 22 recomendaciones
En abril de 2001, Gobierno, patronal y sindicatos llegaron a un nuevo acuerdo en materia de pensiones que se plasmó en una nueva ley que incentiva la jubilación más allá de los 65 años y permite la jubilación anticipada a partir de los 61.
El Pacto de Toledo limitó su vigencia a cinco años, con lo que debía proceder a su revisión en el año 2000. En 2003, la comisión parlamentaria publicó un nuevo informe con 22 nuevas recomendaciones, que sirvieron de base para un nuevo acuerdo entre Gobierno y agentes sociales y una nueva ley, de 2007, que modifica el cómputo de los días efectivos de cotización para el cálculo de la pensión, el aumento de la edad límite para la jubilación parcial hasta los 61, y la racionalización de los criterios para acceder a las pensiones de incapacidad.
Las reformas de 2011 y 2013
Con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones, muy afectado por la crisis económica y el descenso de las cotizaciones, en 2011 y 2013 se aprobaron dos nuevas leyes.
La de 2011 aprueba un retraso progresivo de la edad de jubilación, que pasa de estar situada en los 65 años a los 67 años, con carácter general; aumenta progresivamente de los 35 a los 37 años el periodo de cotización del trabajador para poder percibir una pensión del 100%, y la pensión pasa de estar calculada sobre los 15 últimos años de salario a estar calculada sobre un periodo de 25 años, en un proceso transitorio que va 2013 a 2022.
En 2013 se introduce el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que por primera vez desvincula el crecimiento de las pensiones del Índice de Precios al Consumo (IPC), y el factor de sostenibilidad, que entrará en vigor en 2019 y liga la cuantía de la pensión a la esperanza de vida en cada momento.
El Pacto de Toledo se reúne de nuevo
A pesar de las reformas, la Seguridad Social ha entrado en déficit y se estima que el Fondo de Reserva se agotará el año que viene. Por ello, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ha comenzado de nuevo a trabajar para proponer una nueva reforma del sistema de pensiones.
A corto plazo, sobre la mesa hay una propuesta para buscar una vía de financiación extraordinaria para hacer frente al déficit del sistema. Hay tres posibilidades: crear un impuesto específico para financiar la Seguridad Social, dedicar una partida de los impuestos ya existentes, y pagar con impuestos y no con cotizaciones la pensión de viudedad y orfandad.
A medio plazo, el debate reside en cómo construir un sistema sostenible y que pague pensiones suficientes, en un contexto de envejecimiento de la población, jubilados más longevos y tasas de natalidad en muy bajas.